COLUMNISTAS. La Historia Argentina: un desafío en el aula

Escribe: Prof. María Liliana Christensen

Las palabras, siempre las palabras… Como dardos, como flechas, como balas.

Las palabras ocasionando daño una y otra vez…Confundiendo, desorientando, estafando. Engañando a una sociedad que, de tan lastimada y tan dolorida, ya no sabe qué pensar, qué creer. Desconcertados aún por estas declaraciones que se reproducen con la misma liviandad con que se expresan, muchos argentinos nos miramos con espanto, convencidos de haber escuchado mal, de haber leído mal, de haber entendido mal.

El perjuicio que la violencia política le ha hecho a esta sociedad es imposible de dimensionar. Las circunstancias históricas que nos trajeron hasta aquí son complejas y su análisis es arduo. Si revisamos la historia de los últimos 50 años encontraremos un sinfín de adversidades y múltiples señales de una escalada violenta, tanto real como simbólica, que verdaderamente abruma. La sucesión de gobiernos débiles y de cuestionada legitimidad, sumada a la irrupción de autoritarismos militares que avasallaron a la sociedad e impusieron su voluntad a través del miedo y la represión, es una constante cuando uno repasa el acontecer de las últimas décadas.

Finalizando la década del ’60, después del Cordobazo (mayo de 1969), el gobierno de facto del Gral. Juan Carlos Onganía entra en una profunda crisis caracterizada por una extraordinaria complejidad y por la aceleración de los conflictos sociales y políticos. Este proceso estuvo definido por la relación entre las líneas de acción del gobierno militar debilitado y los postulados de los viejos y nuevos actores sociales y políticos, que combinaron la radicalización del conflicto social y la negociación del retorno de Perón, con la legalidad constitucional.

En este contexto, con un gobierno autoritario ilegítimo y debilitado y una oposición que no se encauzaba naturalmente en las organizaciones políticas y sindicales tradicionales, apareció en el país un nuevo fenómeno: la violencia política. Los protagonistas de esa violencia fueron los grupos guerrilleros surgidos a fines de la década del ’60. Los principales fueron el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de filiación trotskista, y Montoneros, proveniente del nacionalismo católico luego devenido peronista. En 1970 Montoneros secuestró y asesinó al Gral. Aramburu, y se convirtió en un factor de presión sobre el gobierno.

En esos años, y mientras se negociaba el fin de la proscripción del peronismo y el retorno del Gral. Perón al país, la situación interna del peronismo estaba dominada por una profunda fragmentación. Se advierte allí una relativa pérdida de peso del sector sindical, un avance de los sectores ligados a la juventud y un papel creciente de las organizaciones armadas, las “formaciones especiales”. El conflicto más grave y más difícil de manejar fue el enfrentamiento entre el ala izquierda y el ala derecha del peronismo. La evidencia dramática de estos antagonismos fue la Masacre de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, día en que el Gral. Juan D.Perón retornaba a su país después de 18 años de exilio y una multitud se había dirigido al aeropuerto para recibirlo. Nunca se supo con exactitud el saldo de muertos y heridos, pero la fecha quedó consignada en la historia reciente como el símbolo de un enfrentamiento cargado de tensiones y violencia que no tardaría en ocasionar males mayores.

La ruptura abierta y definitiva entre Perón y la izquierda peronista tuvo lugar el 1 de mayo de 1974, en el acto del Día del Trabajador, durante el cual Perón pronunció un discurso muy duro en defensa de los sindicalistas e hizo referencias críticas a la Juventud Peronista, que se retiró masivamente de la Plaza de Mayo.

En este período la violencia siguió su incesante escalada. Los secuestros y asesinatos políticos se fueron convirtiendo progresivamente en un método habitual para resolver las diferencias internas dentro del peronismo. Los Montoneros eligieron sus víctimas entre sindicalistas, políticos y empresarios. En noviembre de 1973 hizo su aparición la Triple A –Alianza Anticomunista Argentina-, creada por el gobierno, que sumó también importantes víctimas. “Los asesinatos se multiplicaron y cobraron también víctimas en personas relativamente ajenas al combate pero que servían para demostrar el poder de cada organización” (Luis A. Romero, Breve Historia Contemporánea de la Argentina). La conflictividad canalizada a través de la violencia brutal llevó al país a un baño de sangre que tuvo su peor versión en el régimen militar que asoló a la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976.

El gobierno militar tuvo expresiones concretas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía nacional y ejercicio autoritario del poder. La represión ilegal fue uno de sus rasgos característicos. La represión, cuidadosamente planeada, organizada y dirigida desde las más altas cúpulas militares, fue al mismo tiempo clandestina. Sus destinatarios no fueron exclusivamente los integrantes de las organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras. La Junta Militar implantó la pena de muerte; sin embargo no la aplicó legalmente, sino al margen de la ley. Como consecuencia de esto surgió la figura jurídica del desaparecido. La desaparición forzada de personas generó además un clima de miedo, censura y terror y que sometió a toda la sociedad.

Este breve repaso por los acontecimientos que marcaron a sangre y fuego al país a partir de la violencia desatada en los ’70, forma parte de la historia que nos ha traído hasta aquí. Si para algo debe servir la historia es para comprender el presente. Por eso es un desafío en el aula en la actualidad, porque de una adecuada lectura y comprensión de la historia dependerá la interpretación que podamos hacer de los hechos del presente. Conocer el pasado para entender el presente debe ser la consigna.

No se puede reivindicar la violencia en ninguna de sus formas. La prudencia y la responsabilidad de los formadores aconseja recurrir a las fuentes, leer los documentos, entrevistar a los protagonistas, pero jamás exaltar la violencia cualquiera sea su origen. La violencia sólo engendra más violencia; no es posible aceptar que un personaje que conoce el valor de la palabra porque ha sido durante años Director de la Biblioteca Nacional se exprese de esta forma alentando viejos rencores y despertando fantasías de luchas armadas en las jóvenes generaciones. Tiene derecho a manifestarse, claro, como cualquier ciudadano. Los que hemos hecho de la historia nuestro material de trabajo cotidiano, tenemos el deber de repudiarlo.