EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL. Por primera vez se incautaron criptoactivos de origen delictivo en una investigación penal por defraudación informática

De acuerdo con lo que voceros oficiales indicaron, esa investigación penal se había iniciado luego de la denuncia que el damnificado por lo ocurrido radicara en julio de 2023 en Tandil, una de las once ciudades que forman parte de la jurisdicción del Departamento Judicial Azul.

En esa presentación se indicaba que autores ignorados, "mediante técnicas de manipulación informática", lograron apoderarse de las credenciales personales de acceso al Home Banking del denunciante, a quien luego lo habían despojado de la totalidad del dinero existente en sus cuentas bancarias: una suma cercana a 1.800.000 pesos.

El accionar ilícito implicó posteriormente que esos fondos sustraídos se transfirieran a distintas billeteras virtuales que se encontraban bajo el control de la organización que cometió esta defraudación de tipo informática.

Según pudo determinarse, los ciberdelincuentes utilizaron ese dinero para adquirir criptomonedas -tokens USDT-, con la clara intención de ocultar el verdadero origen que tenían dichos fondos que le habían sido apropiados de manera ilegal al damnificado.

"Luego de una ardua tarea de investigación por parte de la Fiscalía y del instructor Contador Roberto Terrile, mediante la utilización de herramientas de rastreo de criptoativos (exploradores de la blockchain) se realizó una precisa trazabilidad de los tokens adquiridos por la organización delictiva, logrando identificar a las distintas wallets (centralizadas y de autocustodia) con la que operaba la misma", se explicó con relación al pulso de esta Investigación Penal Preparatoria.

Contando con ese dato, el Fiscal a cargo de esa causa solicitó el "congelamiento" de los activos virtuales que se encontraban en una de las billeteras virtuales, la cual estaba a nombre de uno de los integrantes de la organización delictiva investigada.

Ese pedido fue avalado por un juez de Garantías que desde Tandil entiende en esta causa, lo que luego derivó en que esas criptomonedas -adquiridas por los investigados con el dinero que habían obtenido producto de la referida defraudación informática- se traspasara a una denominada "wallet de autocustodia" controlada, de manera conjunta, por personal de la Procuración del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y desde la Fiscalía con asiento en el Palacio de Justicia de Azul donde continúa instruyéndose este sumario penal.

De esa manera, los activos virtuales después fueron transferidos a una billetera de la víctima, contando para ello también con lo que resolviera el magistrado que entiende en la tramitación de este expediente judicial que se iniciara por esta defraudación de tipo informática.