SISTEMA PENAL JUVENIL . Trabajadores del Centro "Leopoldo Lugones" rechazaron una nueva normativa provincial

Trabajadores del Centro Socioeducativo "Leopoldo Lugones" de Azul enviaron a la Redacción de EL TIEMPO un comunicado mediante el cual advierten que el Decreto 182/2025 agrava la situación estructural del sistema y alertan sobre las consecuencias de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en un contexto colapsado.

El mencionado texto comienza diciendo que "el sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis estructural que, lejos de encontrar una vía de solución, se profundiza con la reciente implementación del Decreto 182/2025. La nueva normativa, en vez de fortalecer la intervención socioeducativa con adolescentes en conflicto con la ley penal, institucionaliza condiciones laborales precarias, desoye la experiencia del personal especializado y consolida un esquema burocrático alejado de la realidad cotidiana en los centros de alojamiento".

Asimismo se destaca que el decreto, que establece un nuevo Reglamento de Personal del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNYA), introduce modificaciones en el régimen horario de los Centros cerrados. Sin embargo, "fue elaborado sin consulta previa con los trabajadores que sostienen día a día estos espacios. Apenas cuatro gremios avalaron la normativa, sin convocar ni informar formalmente a quienes desarrollan su labor dentro de los dispositivos socioeducativos".

Uno de los aspectos más criticados es el nuevo esquema de turnos: jornadas de 12 horas por 36 de descanso. Según se expresa: "Esta modalidad impacta negativamente en los trabajadores -limitando su acceso a horas extras o a un segundo empleo- y también en los jóvenes alojados. La rotación diaria de personal en dos turnos interfiere en la construcción de vínculos, interrumpe la continuidad de los procesos de acompañamiento y provoca pérdida de información sensible en horarios clave". De acuerdo con experiencias recogidas por los propios trabajadores, "esta dinámica ha derivado en motines, fugas e incidentes dentro de los centros".

Un trabajo que está "mal remunerado"

A todo lo anteriormente mencionado se suma una crítica profunda a las condiciones salariales. "El trabajo de los asistentes socioeducativos -figura central en el acompañamiento de los adolescentes- está mal remunerado. En marzo de 2025, el INDEC estableció que una familia tipo necesitó $1.100.267 para no caer bajo la línea de pobreza. Sin embargo, los sueldos del personal del sistema penal juvenil están muy por debajo de esa cifra, obligando a muchos a recurrir a pluriempleo o al agotamiento de las horas extras para cubrir sus necesidades básicas", se manifiesta en el comunicado.

Los trabajadores denuncian que el problema de fondo "es la falta de un estatuto específico que reconozca las particularidades de su función". "Aunque la Ley 13.298, que derogó el viejo régimen de patronato, establece circuitos diferenciados con metodologías y responsabilidades propias, las normas administrativas aplicadas siguen siendo genéricas y responden a la Ley 10.430, que no contempla las especificidades del trabajo socioeducativo en contextos de encierro", refieren también.

En ese sentido se apunta que "esto genera consecuencias graves: se han registrado desafectaciones y sanciones disciplinarias amparadas en artículos generales que no contemplan el contexto de trabajo en centros cerrados. Además, los cargos jerárquicos suelen asignarse por criterios políticos o administrativos, desestimando la experiencia y el compromiso de quienes se desempeñan desde hace años en el sistema".

"Retroceso en derechos adquiridos"

Otra crítica significativa se vincula al régimen de horas extras. El decreto establece un monto fijo por hora adicional que contradice lo estipulado por la propia Ley 10.430, que establece que deben calcularse proporcionalmente al salario bruto, con recargos del 50% o 100% según corresponda. "Esta modificación implica un retroceso en derechos laborales adquiridos y desconoce la naturaleza penosa, exigente y especializada del trabajo en contextos de encierro", se subraya.

Los trabajadores sostienen que su labor no puede compararse con la del personal penitenciario. "El rol del operador socioeducativo exige formación constante, estabilidad emocional y una profunda vocación para sostener procesos con adolescentes que, en muchos casos, ya han atravesado múltiples fracasos institucionales. Para muchos jóvenes, el asistente de minoridad es la única figura de referencia estable", manifiestan.

Por eso, advierten que las condiciones laborales no sólo afectan al personal, sino también al proceso socioeducativo en su conjunto: "La precarización impide construir vínculos sostenidos, deteriora la calidad de la intervención y pone en riesgo el objetivo central de una medida judicial: promover procesos restaurativos y de reinserción social".

Baja de la edad de inimputabilidad: "Sería inhumano"

De igual manera, en el documento se alude a otra de las preocupaciones de los trabajadores, que es la vinculada con la reducción de la relación numérica entre trabajadores y jóvenes. "El nuevo reglamento establece un piso muy por debajo de lo que históricamente se consideró adecuado en función de la dinámica institucional. Esta disminución de personal contradice las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, que insisten en la necesidad de contar con suficiente personal capacitado para garantizar entornos seguros y acompañamientos efectivos", se afirma en el texto.

En este contexto, los trabajadores del sistema penal juvenil consideran inadmisible "avanzar en la baja de la edad de inimputabilidad -de 16 a 14 años- como se debate actualmente a nivel nacional. En un sistema colapsado, introducir a más adolescentes sería simplemente inhumano".

"Bajar la edad de imputabilidad en un sistema hoy colapsado sólo garantiza más precarización laboral, hacinamiento y delincuencia", remarcan. Este escenario se pone de manifiesto en numerosos centros de la provincia de Buenos Aires, donde se repite el cuadro de sobrepoblación, falta de recursos y carencias estructurales.

Todas estas problemáticas fueron discutidas el pasado 6 de junio en la ciudad de Azul, en un encuentro entre trabajadores del centro local y representantes del Sindicato STANDAYM y del Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora.

Frente a este panorama, los trabajadores reunidos elaboraron un petitorio en el que reivindican:

- La urgente creación de un estatuto específico para el personal del sistema penal juvenil.

- La restitución de derechos salariales, incluyendo el pago legal y proporcional de las horas extras.

- La participación activa de los trabajadores en toda instancia de reforma o reglamentación del sistema.

- La formación continua, obligatoria y remunerada del personal.

- El fin de las designaciones discrecionales y la implementación de concursos transparentes para cargos jerárquicos.

- La revisión del régimen horario, priorizando tanto el bienestar de los trabajadores como el derecho de los jóvenes a recibir una intervención continua y de calidad.

"El Estado tiene la obligación de garantizar no sólo los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley, sino también de quienes trabajan para su acompañamiento. No hay posibilidad de una justicia restaurativa ni de una verdadera política socioeducativa si se siguen precarizando las condiciones de quienes sostienen con su cuerpo, presencia y compromiso los espacios más complejos del sistema", concluye el comunicado enviado por trabajadores del Centro Socioeducativo Leopoldo Lugones, firmantes del documento.