REPERCUSIÓN LOCAL POR EL FALLO CONTRA CRISTINA KIRCHNER . "Existe una duda legítima sobre la objetividad, la justicia y la eficacia" del sistema jurídico del país

Concejales del peronismo azuleño presentaron un proyecto de Resolución en el que proponen acompañar "la legítima preocupación expresada por diferentes sectores de la ciudadanía argentina y de la comunidad internacional", en relación al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la expresidenta Cristina Kirchner.

En ese marco formulan, además, "nuestro compromiso en la búsqueda de todos los caminos que conduzcan a la paz social" y la "defensa de la democracia".

El proyecto lleva las firmas de los concejales Inés Laurini, Gabriela Lambusta, Xavier Cabrera, Gisela Arbiza y Gastón Blando -bloque Unión por la Patria- y de Nicolás Cartolano -bloque Peronismo para el Desarrollo-. Presentada ayer, la iniciativa será tratada el martes próximo, en la octava sesión ordinaria del legislativo local.

Se observó, en primer término, "la reacción internacional sobre el fallo de la Corte Suprema que deja firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner; la preocupación expresada por representantes de Centros de Estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales y políticas de nuestro país y el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional", que otorga "jerarquía constitucional a los Tratados suscriptos con las demás Naciones, las Organizaciones Internacionales y los Concordatos con la Santa Sede, que versan y otorgan protección a los Derechos Humanos".

En esa línea, se indicó que "el Artículo 366, inciso F del Código Procesal Penal Federal habilita la revisión de una sentencia firme en favor del condenado cuando se dicte una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual".

Se mencionó que "presidentes de la región como Claudia Sheinbaum de México, Luis Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia, Miguel Díaz Canel de Cuba, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, expresaron legítimas dudas respecto de la utilización del Poder Judicial en Argentina como herramienta para limitar la participación de líderes del campo nacional y popular en la próxima contienda electoral en el país".

"El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) realizaron un llamado a la comunidad internacional a seguir con especial atención 'la situación en la que se descubre, una vez más, una sospechosa conexión entre parte del Poder Judicial y parte de las corporaciones mediáticas que atacan la democracia y aniquilan la posibilidad de Justicia Social'", se destacó también.

En la Resolución, por otra parte, se remarcó que "el ex juez y jurista Baltasar Garzón también se pronunció en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia y lo comparó con la persecución política que sufrió Lula da Silva, quién fue condenado, proscripto y detenido por más de 500 días, lo que le impidió disputar las elecciones de 2018, que llevaron a Jair Bolsonaro a la presidencia".

Al respecto, se recordó que a Lula "la Justicia lo acusó de haber participado de la trama de corrupción de la causa conocida como Lava Jato. Cinco años después, el Tribunal Supremo Electoral, máximo órgano judicial, aceptó una petición de la defensa del mandatario y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sérgio Moro y los exfiscales. En el fallo emitido por el juez Antonio Dias Toffoli se catalogó la sentencia como un 'error histórico'".

En cuanto al caso de la expresidenta Cristina Kirchner, los concejales del peronismo azuleño expresaron que "el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue comunicado diferentes organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales y políticos y dirigentes de diversos espacios políticos han expresado su rechazo, preocupación y duda sobre la legitimidad del fallo, el debilitamiento del sistema democrático y la plena vigencia del Estado de Derecho".

En ese contexto, se subrayó que "existe una duda legítima sobre la objetividad, la justicia y la eficacia del sistema judicial en Argentina. El Índice de Confianza en la Justicia elaborado por la Escuela de Derecho Torcuato Di Tela y la asociación civil Fores reveló que sólo el 8% de los argentinos confía en la Justicia".

Del mismo modo, los concejales del justicialismo azuleño plantearon en su proyecto que "es imposible no mencionar que Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de un intento de magnicidio. El 26 de junio de 2024, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, comenzó el juicio contra Sabag Montiel como autor; Brenda Uliarte, como partícipe necesaria y Nicolás Carrizo, en la figura de partícipe secundario. El Ministerio Público Fiscal acusó a los tres de intervenir en la planificación y ejecución del 'delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en perjuicio de Cristina Fernández de Kirchner'".

"Un año después de la elevación a juicio por parte de Capuchetti -se recordó-, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 dio inicio al proceso. El primero en prestar declaración indagatoria ante el tribunal fue Sabag Montiel. 'Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muriera'. En 2025 comenzaría en paralelo un juicio contra la jueza Capuchetti por destrucción de pruebas claves entre ellas el celular de Montiel. La magistrada tiene un expediente abierto ante el Consejo de la Magistratura".

En el mismo sentido se puntualizó que "en aquella oportunidad, este concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Resolución N°4.725, manifestando el 'enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner'".

Retomando el reciente fallo de la Corte Suprema, los ediles autores del proyecto de Resolución indicaron que "la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ya ha expresado públicamente que recurrirá a instancias internacionales:

"La persecución contra CFK ya ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI), por tratarse de un caso emblemático de detención y criminalización selectiva.

"Ahora iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

"Las presentaciones estarán basadas en evidencias claras:

-Violación del principio de juez natural.

-Tribunales parciales.

-Inversión ilegítima de la carga probatoria.

-Medios de comunicación operando en coordinación con sectores judiciales.

-Vulneración sistemática del debido proceso.

-Uso del sistema penal como herramienta de neutralización política (lawfare)".

Por último, en la iniciativa se propone "expresar el acompañamiento a la legítima preocupación expresada por diferentes sectores de la ciudadanía argentina y de la comunidad internacional ante la convicción de estar asistiendo a la utilización del Poder Judicial para disciplinar y condicionar el sistema democrático a través de la proscripción de la dirigente más importante de la oposición".

Y, además, "expresar nuestro compromiso en la búsqueda de todos los caminos que conduzcan a la paz social, defensa de la Democracia y de las Instituciones, convocando a la ciudadanía toda a participar de este proceso".