ENFOQUE . Violencia social: una problemática que emerge en las escuelas en acto y palabra

En la edición del viernes último, se informó en este diario -mediante la Agencia DIB- que la madre de un niño de apenas 7 años, alumno de la Escuela primaria Nº 31 de La Plata, denunció que su hijo fue hostigado desde mayo hasta los primeros días de octubre por estudiantes de la escuela secundaria Nº 89, de forma sistemática, tanto física como psicológicamente. Incluso, de acuerdo a lo expuesto por la mujer, el menor fue víctima de un intento de abuso.

De acuerdo al escrito presentado por la madre del chico atacado, el hostigamiento comenzó en la segunda semana de mayo. Los adolescentes, alumnos de tercero y cuarto año del secundario, le pegaban, lo hacían fumar, le sacaban dinero. En una oportunidad, lo empujaron con intención de abusar sexualmente de él, pero otros niños, de primaria y compañeros del menor ultrajado, lo impidieron.

Según relató la mujer al diario El Día, al principio, el nene ocultaba lo que pasaba al llegar con marcas a su casa, y decía que se había caído o golpeado solo. Con el correr de las semanas, contó lo que le hacían, y la mujer llegó a firmar unas 14 actas en la escuela. La respuesta de la institución fue cambiar de turno al niño, quien sigue teniendo contacto con los agresores.

Ante la gravedad de la situación, la mujer recurrió a los medios para visibilizar lo que ocurre con su hijo, ya que el bullying es una problemática que atraviesa la cotidianeidad de todas las instituciones educativas.

Además de este hecho puntual, la violencia social que se vive actualmente se ha manifestado a través de episodios graves acontecidos en ámbitos educativos. Es en la escuela donde emerge esta problemática no sólo en acto, sino desde la palabra. Un informe del equipo "Argentinos por la Educación" sostiene que el 50% de los alumnos de las escuelas primarias argentinas hablan de violencia doméstica en las instituciones, espacio que juega un rol clave en la detección y prevención de estas situaciones en los hogares y en los vínculos entre pares.

De acuerdo a los datos del trabajo publicado por los especialistas, la mitad de los alumnos del último año de primaria, el 53,3%, afirma que habla de temas de violencia y abuso con alguien de la escuela. Por otro lado, el 15% de los estudiantes dice no hablar con nadie sobre estos temas. Las provincias con mayor porcentaje de alumnos que reportan hablar de violencia en la escuela son Misiones, 60,1%; Formosa, 58,9%; Chaco, 57,7%; y Entre Ríos, 57,3%. En la provincia de Buenos Aires, el 51% de los chicos menciona la problemática en el aula.

Los datos surgen del informe "Situaciones de violencia en los hogares: detección y prevención desde las escuelas", del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mercedes Sidders (Fundación Abrazar y Centro de Estudios para el Desarrollo Humano-UdeSA), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento aborda el rol de las escuelas en la prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, a partir de las respuestas de directores y estudiantes del último año de primaria a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021.

A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal afirma que en el último año ha tenido que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes. Uno de cada cuatro (26%) directores de escuelas privadas informan que han tenido que intervenir en este tipo de situaciones.

En las escuelas de gestión privada, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%). De todos modos, el informe aclara que estas cifras no necesariamente indican mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión de las escuelas a reportar y actuar ante las situaciones detectadas.

A nivel nacional, el 44,2% de los alumnos dice que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, mientras que un 28,2% declara que le gustaría tener más información sobre esto. A su vez, el 45,4% afirma que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza.

El estudio subraya la necesidad de que el Estado garantice una red de apoyo más amplia que conecte a las familias con servicios que ayuden a mitigar los factores de riesgo (como comedores, centros de salud, programas sociales o subsidios habitacionales), para poder fortalecer el sistema de protección de los niños y adolescentes.

La violencia contra los miembros más vulnerables de nuestra sociedad - los niños, niñas y adolescentes - es más grave y frecuente de lo que pensamos. En primer lugar, la violencia tiene un impacto devastador conduciendo a una amplia gama de problemas de salud, tanto mental como física, y sociales.A pesar de que es un problema extendido, la mayoría de los casos de violencia en contra de niños y niñas queda sin ser detectada o reportada. La evidencia indica que solo una pequeña parte de los casos se informa debido a una cultura generalizada de silencio motivada por el miedo a represalias, el estigma social, la desconfianza en los sistemas de protección infantil y el limitado apoyo y herramientas disponibles que tienen a su alcance las personas que están obligadas a reportar, como los docentes.Desde el punto de vista legislativo, las escuelas son parte integral del sistema de protección. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, los países miembros deben adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los menores de cualquier forma de abuso. En el contexto nacional, la Ley 26.061 refuerza estos principios al reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos con protección especial, implicando una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y la sociedad civil. Adicionalmente, establece que las instituciones educativas, junto con las agencias de protección y el sistema judicial, tienen un papel crucial en este marco de protección integral. Las escuelas, en particular, están obligadas a reportar incidentes de violencia y tienen protocolos específicos en cada provincia para gestionar situaciones de presunción o vulneración de derechos. (Con informes Agencia DIB)