ENFOQUE . Silencio, mentiras y amenazas: el verdadero motivo del oficialismo para no votar su propio Presupuesto

Por Agustín Puyou (*)

El tratamiento del Presupuesto Municipal 2026 dejó al descubierto una situación institucional de extrema gravedad, que va más allá de la discusión técnica o de diferencias políticas.

Lo ocurrido en el Concejo Deliberante fue la demostración concreta de cómo un gobierno puede confundir deliberadamente a la comunidad.

El oficialismo evitó dar una discusión técnicamente consistente del presupuesto y recurrió a la mentira y la amenaza, sosteniendo falsamente que el presupuesto aprobado recorta servicios públicos esenciales, cuando en realidad la readecuación exigida y aprobada por la oposición no reduce ni elimina ninguna partida destinada a servicios municipales, ni afecta el funcionamiento de áreas sensibles como Salud, Educación o Políticas Sociales.

Pretender instalar lo contrario no sólo falta a la verdad, sino que constituye un intento de amedrentar a la comunidad utilizando la continuidad de los servicios públicos como herramienta de presión política.

No podemos permitir que el Intendente Municipal y los concejales de su bloque amenacen públicamente a nuestra comunidad con el recorte de servicios públicos que nunca estuvieron en discusión, utilizando el miedo como herramienta de presión.

Esa conducta no sólo falta a la verdad, sino que configura una práctica grave e irresponsable, incompatible con cualquier noción de gobierno democrático.

Amenazar a los vecinos con la continuidad de servicios esenciales constituye un acto que debe ser repudiado porque degrada la vida institucional, distorsiona deliberadamente el debate público y pretende sustituir la discusión democrática por la intimidación.

La discusión que hoy continúa abierta en la opinión pública no surgió por capricho ni por oportunismo. Fue el resultado de una intervención institucional concreta del Concejo Deliberante, que actuó frente a un proyecto de presupuesto que presentaba inconsistencias graves e irresponsables en la estimación de recursos y que, como consecuencia directa de ello, habilitaba niveles de gasto que no se encontraban debidamente respaldados.

Este punto es central y debe quedar absolutamente claro, porque de lo contrario se corre el riesgo de aceptar un relato distorsionado que intenta presentar como "obstrucción" lo que en realidad fue un ejercicio responsable del Concejo Deliberante.

El proyecto original enviado por el Departamento Ejecutivo incorporaba al Cálculo de Recursos un monto de 6.000 millones de pesos, identificado como "otras transferencias provinciales (deuda del Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires)".

Ese número fue presentado como ingreso cierto, aun cuando no existía respaldo normativo específico, no había convenios firmados, no se acompañaron actos administrativos y no se exhibieron cronogramas de pago ni comunicaciones oficiales de ningún organismo provincial o nacional que permitieran sostener, con un mínimo grado de seriedad técnica, que esos fondos iban a ingresar efectivamente durante el Ejercicio 2026.

La conducta irresponsable del Departamento Ejecutivo, al autorizar y proyectar niveles de gasto corriente sin contar con la certeza de los recursos que debían financiarlos, comprometía seriamente la sustentabilidad financiera del Municipio y la continuidad de los servicios públicos esenciales.

De haberse aprobado el presupuesto en los términos en que fue originalmente enviado, se hubiera puesto en riesgo el propio sistema de Salud Pública, al habilitar erogaciones estructurales sostenidas sobre ingresos ficticios.

Pero el problema no termina allí. Antes de ser 6.000 millones, esa supuesta deuda fue presentada públicamente como 11.200 millones de pesos. Y ese número fue sostenido por el propio secretario de Gobierno, Ignacio Pallia. Un número tan desproporcionado como inexplicable, que nunca fue acompañado por un solo informe técnico.

Después, sin explicaciones, sin rectificaciones públicas y sin asumir responsabilidades, esa cifra se "corrigió" a la baja y se transformó en 6.000 millones.

La pregunta es inevitable: ¿dónde están los informes que expliquen cómo se pasó de 11.200 a 6.000 millones?, ¿qué criterio técnico se utilizó para esa reducción?, ¿quién decidió que el primer número era incorrecto y que el segundo sí era razonable?

La respuesta es tan simple como preocupante: nunca lo explicaron. Y aun así, tampoco los 6.000 millones fueron justificados.

Durante dos sesiones extraordinarias, el bloque oficialista protagonizó un hecho inédito y vergonzoso: no defendió su propio presupuesto.

No hubo una sola intervención destinada a explicar el cálculo de recursos. No hubo una exposición técnica. No hubo defensa del proyecto. No hubo nada.

Ni siquiera quien había sido presidente del bloque oficialista y hoy secretario de Gobierno, Xavier Cabrera, pudo sostener con argumentos el presupuesto que ellos mismos habían elaborado.

Ese silencio no fue casual. Fue una decisión política, porque defender el presupuesto implicaba explicar técnicamente la ordenanza más importante que trata el Concejo Deliberante, explicar partidas presupuestarias inconsistentes y asumir las responsabilidades que durante dos años no asumieron: las de legislar.

Cuando se agotaron los argumentos o, mejor dicho, cuando quedó claro que nunca existieron- apareció la amenaza.

El Intendente decidió enviar una nota al Concejo cargada de dramatismo, insinuando que, de no aprobarse el Presupuesto tal como había sido enviado, se verían afectados servicios esenciales como la Salud o las Políticas Sociales.

Esa afirmación es falsa, y debe decirse con todas las letras.

Nadie recortó servicios. Nadie quitó recursos reales. Nadie impidió gastar dinero existente.

Lo único que hizo el Concejo Deliberante fue impedir que se autorice gasto corriente sostenido sobre ingresos inexistentes.

La explicación es clara y accesible para cualquier vecino: si esos recursos efectivamente existen, si la Provincia los transfiere y si el dinero ingresa a las arcas municipales, el Ejecutivo puede y debe utilizarlos.

El Presupuesto no prohíbe recibir fondos. Lo que prohíbe es gastar lo que no se tiene. Eso no es obstrucción, es responsabilidad.

Pero hay un dato político que explica con absoluta claridad por qué el oficialismo decidió no votar el Presupuesto de nuestra Ciudad. Y no tiene que ver con los 6.000 millones. Tiene que ver con los sueldos de los funcionarios políticos.

El proyecto original del Intendente preveía un aumento del 30 % en los módulos salariales de los funcionarios políticos y, al mismo tiempo, lo facultaba a otorgar bonificaciones discrecionales por función de hasta otro 30 %.

En los hechos, esto habilitaba aumentos de hasta el 60 % para la planta política. Un esquema que implicaba un costo estimado no menor a 800.000.000 millones de pesos, pudiendo alcanzar cifras aún mayores.

Para dimensionarlo con claridad: el Intendente Sombra pretendía destinar al aumento de salarios y bonificaciones de sus funcionarios políticos un monto equivalente a entre 531.561 y 797.342 mil dólares, según el rango de incrementos previstos en el proyecto original.

Una cifra que, en términos concretos, equivale a la construcción de la infraestructura completa de un Jardín Maternal de no menos de 400 metros cuadrados, incluyendo no sólo la obra civil, sino también su equipamiento integral y la puesta en funcionamiento del establecimiento.

Esa sola comparación permite dimensionar con claridad las prioridades del intendente Sombra.

Cuando el Concejo Deliberante cerró definitivamente la puerta a ese esquema, el conflicto quedó expuesto.

Durante el cuarto intermedio de la primera sesión convocada para tratar el presupuesto, el bloque oficialista recibió -por indicación directa del Intendente- la orden de aprobar el Presupuesto con las modificaciones propuestas por la oposición.

Esa orden existió. Fue dada.

Incluso, el propio Presidente del bloque oficialista mantuvo una reunión durante ese cuarto intermedio, frente a todos los concejales de la oposición, en la que manifestó de manera expresa su voluntad de acompañar el Presupuesto con dichas modificaciones.

Si alguien cree que esto no es así, el Intendente debe desmentirlo públicamente.

Sin embargo, en la segunda sesión esa postura cambió de manera abrupta. ¿Qué había cambiado? Que nuevamente el Concejo Deliberante había avanzado en limitar el otorgamiento de bonificaciones discrecionales de hasta el 30 % para los funcionarios políticos, impidiendo que se consolide un aumento que podía superar el 60 %.

Fue ahí cuando el bloque oficialista decidió no acompañar el presupuesto.

La conclusión es tan clara como incómoda: no votaron el Presupuesto de nuestra ciudad porque no se les permitió aumentarse el sueldo a los funcionarios políticos.

Esto explica también el silencio técnico, las amenazas posteriores y el intento de instalar un relato de victimización.

Cuando no se pueden defender los números, se recurre al miedo. Cuando no se pueden justificar privilegios, se acusa a quienes los señalan.

El Concejo Deliberante no obstaculizó la gestión. Hizo exactamente lo que debía hacer: evitar que Azul tenga un presupuesto ficticio, impedir que se autoricen gastos sin respaldo y marcar un límite claro a los privilegios de la política, al aumento del 60% del sueldo de los funcionarios del Intendente Sombra. El oficialismo eligió no votar el Presupuesto de nuestra ciudad.

Esa decisión no fue técnica, fue política. Y los azuleños tenemos derecho a conocer la verdad.

(*) Actual concejal por la Unión Cívica Radical