ENFOQUE . El mundo no funciona como me lo enseñaron

Por Alina Sotes (*)

Si hace apenas un par de años le hubiera dicho a mi profesor de Derecho Internacional Contemporáneo que Donald Trump, una noche de enero, capturaría en su propio país al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, probablemente me habría respondido que no comprendía -ni de cerca- las reglas que ordenan el sistema internacional.

Y qué paradójico resulta que el nombre de la materia incluya la palabra "contemporáneo", cuando hoy los principios del derecho internacional parecen incapaces de explicar el presente. En teoría, nos regimos por ellos; y, como en cualquier sistema normativo, quien incumple las reglas debería enfrentar consecuencias. Pero la realidad demuestra otra cosa.

La captura de Maduro constituye una violación al derecho internacional si se consideran al menos tres principios fundamentales: la prohibición de la injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro; el respeto a la integridad territorial y a la independencia política de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza como mecanismo para resolver controversias.

No me malinterpreten: Maduro es, probablemente, una de las figuras más cuestionadas de la política actual si se tienen en cuenta la sistemática violación de derechos humanos, los procesos electorales fraudulentos y los múltiples escándalos de corrupción que lo rodean.

Sin embargo, nada de eso justifica los hechos ocurridos el pasado 3 de enero.

¿Estaré pecando de idealista? ¿Cuántas veces la experiencia nos obliga a admitir que el mundo no funciona como lo describen los libros? Aun así, me cuesta aceptar que un presidente obsesionado con el reconocimiento internacional pueda desplazarse con total impunidad, "a gusto y a piacere", por el escenario global.

Muchos académicos evocaron el Corolario Roosevelt de 1904 a la Doctrina Monroe que habilitaba a Estados Unidos a actuar como una suerte de "policía internacional" interviniendo en los asuntos internos de los países de América Latina.

En esa misma década surgía también la Enmienda Platt, incorporada en 1901 a la Constitución cubana, que otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en la isla e incluso de establecer bases militares, como la de Guantánamo, que perdura hasta el día de hoy. Después de eso siguieron décadas marcadas por el neocolonialismo, la explotación, dos guerras mundiales, una guerra fría y una sucesión interminable e increíblemente sangrienta de conflictos armados.

Uno quiere creer que todo aquello quedó atrás; que el mundo avanza, aunque sea lentamente, hacia un orden más democrático, plural, multilateral y pacífico. De paso, cabe preguntarse -con genuina curiosidad- dónde quedó la ONU en todo este escenario. Sin embargo, los hechos se encargan, una vez más, de desmentir esa expectativa.

En ese marco debe leerse la obsesión de Donald Trump por ser distinguido con el Premio Nobel de la Paz, una ambición que encontró en Venezuela una oportunidad estratégica. Y ojo que no se trata de una interpretación personal: el propio Trump lo expresó con crudeza en la carta que envió el pasado 19 de enero al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Allí afirmó: "Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz -aunque siempre será predominante-, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América".

Resulta inevitable contrastar esa aspiración con la historia del galardón, que supo reconocer a figuras como Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja; Martin Luther King Jr. por su lucha no violenta por los derechos civiles; la Madre Teresa por su labor humanitaria; Adolfo Pérez Esquivel por su defensa de los derechos humanos o Nelson Mandela por poner fin al apartheid y sentar las bases de una Sudáfrica democrática.

Sin dudas, se trataba de otro siglo, atravesado por valores y consensos distintos, en el que se premiaba una idea de paz asociada a la justicia, la no violencia y la ampliación de derechos.

Hoy, en cambio, el Nobel ya no funciona sólo como reconocimiento, sino como síntoma: un reflejo del clima político de época, donde el ganador encarna no un ideal universal, sino la visión dominante del orden internacional en un momento determinado.

No es casual que Venezuela haya sido el blanco elegido para esta estrategia. Se trata, paradójicamente, de un país atravesado por una de las mayores reservas de petróleo del mundo, lo que reabre inevitablemente el interrogante sobre el peso real del factor energético en esta operación.

A esto se suma la propia declaración del presidente, quien afirmó que Estados Unidos permanecería en Venezuela hasta que la transición fuera "segura y apropiada". Una formulación que, en los hechos, aproxima peligrosamente al país a la condición de un protectorado estadounidense. Conviene, entonces, asumir una mirada madura y despojada de voluntarismo: que Estados Unidos tome el control político y económico de Venezuela no implica, ni automática ni necesariamente, el retorno de la democracia, el Estado de derecho o el respeto pleno a las instituciones.

Este escenario expone una pregunta de fondo que atraviesa al sistema internacional contemporáneo: ¿pueden los fines considerados moralmente legítimos justificar la erosión del derecho internacional?

La lógica que parece imponerse es abiertamente instrumental, cercana a una lectura maquiavélica del orden global, donde el fin no sólo justifica los medios, sino que los redefine.

El resultado es un sistema frágil y profundamente asimétrico, en que el derecho deja de aplicarse precisamente en los casos que más lo ponen a prueba y se transforma en una herramienta funcional al poder. Las acciones unilaterales, lejos de ser excepcionales, están reconfigurando silenciosamente las reglas del juego.

La pregunta ya no es si el derecho internacional necesita actualizarse para dar cuenta de lo contemporáneo, sino qué principios lo están sustituyendo: la primacía de la fuerza sobre la norma, la jerarquización del poder por encima de la legalidad y la consolidación de un orden donde la capacidad de imponer decisiones vale más que cualquier consenso jurídico, un darwinismo social aplicado a las relaciones entre Estados.

Disculpen lectores, intentaré aggiornarme a los tiempos que corren para la próxima columna, cuando Trump decida anexar Groenlandia y el debate internacional vuelva a girar, con total seriedad, en torno a si se trata de una acción "necesaria", "proporcional" o simplemente "inevitable".

El mundo no funciona como me lo enseñaron porque ya ni siquiera intenta disimularlo. Las reglas siguen ahí, pero se aplican de manera selectiva; los principios se invocan cuando convienen y se descartan cuando incomodan.

(*) Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales