REFORMA PENAL JUVENIL . "Insistir con la baja de la edad de imputabilidad penal no es sólo un error: es una decisión conscientemente injusta"

El titular del Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría, Daniel Morbiducci, expresó su punto de vista con relación a la Reforma Penal Juvenil que se impulsa desde el Gobierno nacional y que, próximamente, será tratada en sesiones extraordinarias en el Congreso. El magistrado, a través de una carta abierta dirigida a los legisladores, afirmó que "en cada entrevista judicial vemos la tristeza honda en ojos de niños. Ojos que ya vieron demasiado. Vemos el desánimo de quienes han aprendido demasiado pronto que no pueden confiar en los adultos". Y, también, "vemos la desesperanza de quienes no esperan nada del futuro porque el presente ya les ha enseñado a no hacerlo".

El texto completo de la carta abierta es el siguiente:

"Señoras y señores legisladores nacionales:

Les escribo no sólo como ciudadano, sino como juez integrante del Cuerpo de Magistrados Suplentes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, actualmente a cargo del Juzgado 1 de Familia de Olavarría, con casi once años de desempeño en el fuero de familia, en una localidad atravesada por una profunda y persistente problemática social y familiar. No hablo desde la teoría ni desde la comodidad del diagnóstico abstracto. Hablo desde la experiencia cotidiana, desde los expedientes, desde las entrevistas, desde las miradas.

Cuando el Estado detecta tarde -o directamente no detecta- a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchas veces ya es demasiado tarde. Desde la Justicia de familia no siempre se logra reconstruir una niñez devastada, generalmente destruida por el círculo familiar más cercano. Aun con intervenciones intensas, interdisciplinarias y sostenidas, sanar completamente ese daño suele ser imposible.

El instituto de la adopción, que debería ser una oportunidad real para una vida distinta y digna, llega en la mayoría de los casos cuando el daño ya está hecho. Y acá hay una verdad incómoda que casi nadie se anima a decir: no existen, en términos reales y efectivos, postulantes a guarda con fines de adopción para niños o niñas a partir de los diez años, y la situación es aún más crítica tratándose de adolescentes. El sistema lo sabe. El Estado lo sabe. Y ustedes también deberían saberlo.

¿A qué están entonces condenados esos niños y adolescentes?

A la institucionalización prolongada en hogares convivenciales que, aun con el mejor trato posible, está demostrado que los desgasta, los rompe, los vacía. La institucionalización no repara: cronifica. No sana: administra la carencia.

Allí comienzan -o se profundizan- los daños en la salud mental: ideación suicida, depresiones profundas, estallidos de ira, conductas autodestructivas, desesperanza. No es retórica. Es lo que vemos. Es lo que escuchamos. Es lo que informan los equipos técnicos. Es lo que queda inscripto en los cuerpos y en las subjetividades de esos chicos.

Cuando llegan a la mayoría de edad, con la mínima y muchas veces meramente formal "preparación para la autonomía" que el Estado les brinda, se les abre la puerta del hogar. Y ahí quedan. En la más absoluta soledad. Sin red familiar, sin referentes afectivos, sin sostén material ni simbólico. El sistema los expulsa como quien se saca un problema de encima.

En el mayor porcentaje de los casos, las causas de la extrema vulneración en la que son hallados estos niños, niñas y adolescentes se vinculan de manera directa con consumos problemáticos de estupefacientes por parte de quienes debían cuidarlos. La droga atraviesa todas las clases sociales, pero en los sectores de mayor vulnerabilidad arrastra, rompe y destruye, sin redes de contención ni posibilidades reales de tratamiento sostenido.

No existe, a la fecha, una política de Estado seria, integral y sostenida que permita abordar de manera eficaz este flagelo en los contextos de mayor vulnerabilidad.

Porque esos mismos niños y adolescentes, atravesados por el abandono, el maltrato y la violencia, muchas veces terminan buscando en el consumo una forma de anestesiar heridas del alma que nunca fueron atendidas, hasta que esa anestesia termina destruyendo también sus cuerpos. ¿De ello también se los debe culpabilizar?

Y son esos mismos jóvenes -agotados, tristes, dañados- los que luego reaparecen en el discurso público como "peligrosos", "irrecuperables", "amenaza social". Como si no fueran el resultado directo de una cadena de omisiones estatales previas, prolongadas y conocidas.

En cada entrevista judicial vemos el cansancio en sus ojos.

La tristeza honda en ojos de niños.

Ojos que ya vieron demasiado.

Vemos el desánimo de quienes han aprendido demasiado pronto que no pueden confiar en los adultos.

Vemos la desesperanza de quienes no esperan nada del futuro porque el presente ya les ha enseñado a no hacerlo. Vemos el dolor por lo vivido, por lo que aún están viviendo y por un mañana que perciben tan oscuro como la oscuridad de quienes los violentaron, los maltrataron, los golpearon, los abusaron, los utilizaron como instrumentos para el delito o los empujaron a la explotación y la prostitución.

No es imaginación ni exageración retórica: es el relato fragmentado, a veces apenas insinuado, de infancias arrasadas que llegan tarde al sistema de protección, cuando gran parte del daño ya se ha vuelto estructural y persistente.

Frente a este cuadro, insistir con la baja de la edad de imputabilidad penal no es sólo un error: es una decisión conscientemente injusta. Es castigar a niños y adolescentes por aquello que el propio Estado no supo, no pudo o no quiso garantizarles a tiempo. Es ejercer violencia institucional con ropaje legislativo.

No se trata de ignorancia. La información existe. Los informes están. La evidencia comparada es contundente. Persistir aun así en una respuesta punitiva implica elegir deliberadamente el camino más fácil y más cruel: culpar a la infancia por el fracaso estructural del sistema de protección.

Cuando ustedes discuten bajar la edad de imputabilidad, no están debatiendo seguridad. Están decidiendo cuántos niños más serán definitivamente expulsados del campo de los derechos para ingresar, demasiado temprano, al circuito del castigo, la estigmatización y la exclusión permanente.

No habrá excusas posibles.

No podrán decir que no sabían.

No podrán alegar sorpresa frente a los resultados.

La historia institucional de este país es implacable con quienes legislan contra los más débiles. Cada voto, cada dictamen y cada discurso quedará registrado como parte de una política que eligió castigar antes que proteger, encarcelar antes que reparar, excluir antes que responsabilizarse.

Todavía están a tiempo de no repetir errores que otros países ya cometieron y pagaron caro. Todavía están a tiempo de honrar la Constitución Nacional y los compromisos internacionales que la Argentina asumió. Pero si avanzan en este camino, será necesario decirlo con todas las letras: no fracasó la infancia; fracasó el Estado y fracasó la política.

Porque ningún niño nace delincuente.

Pero muchos son convertidos en tales por la indiferencia estatal.

Y de eso, señoras y señores legisladores, sí habrá responsables", concluye la carta abierta, que lleva la firma:

Daniel Horacio Morbiducci. Juez. Cuerpo de Magistrados Suplentes. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. A cargo del Juzgado de Familia 1 de Olavarría.