19 de abril de 2026

YA HABÍA SIDO CONDENADO EN ABRIL DE 2020

YA HABÍA SIDO CONDENADO EN ABRIL DE 2020 . El exintendente José Inza afronta otro juicio: esta vez, por delitos ambientales

Desde este martes comenzará a ser juzgado por la contaminación generada en el predio "EcoAzul", durante su gestión al frente del Ejecutivo comunal entre los años 2011 y 2015. También, por lo ocurrido ante el no recogimiento de los residuos patogénicos en el Hospital Pintos y en una unidad sanitaria. Junto con el otrora mandatario comunal, en ese debate que se inicia pasado mañana en el Tribunal 2 figuran imputados dos de quienes integraron su equipo de Gobierno: Héctor Bolpe y Federico "Pieri" Saldaño.

Vinculado con lo que fue su gestión como intendente del Partido de Azul entre 2011 y 2015 y del mismo modo que sucediera años atrás, dentro de dos días José Manuel Inza afrontará un nuevo proceso judicial en su contra.

Ese debate al que el médico cardiólogo de 73 años de edad será sometido desde este martes próximo tendrá como escenario la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 con asiento en el Palacio de Justicia local. Y junto con el otrora mandatario comunal van a ser juzgados dos exintegrantes de su gestión: el abogado Héctor Ricardo Bolpe (71) y Víctor Federico "Pieri" Saldaño (68).

Después de que el 19 de junio de 2018 fuera formulada por parte de Laura Margaretic -misma fiscal que representará a la Acusación en el debate- la requisitoria de elevación a juicio de dos causas penales, Inza, Bolpe y Saldaño llegarán imputados a este proceso por la probable comisión de delitos de tipo ambiental.

Esos ilícitos, respectivamente, están definidos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y por una infracción a la Ley 24.051, norma esta última del Código Penal que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los considerados "residuos peligrosos", tales como lo son todos aquellos que pueden dañar a los seres vivos o contaminar el medio ambiente.

Mientras que Inza está acusado en esas dos causas que serán tratadas en este juicio oral de un "concurso real" de delitos; en uno de esos expedientes figura también procesado Bolpe y en el otro, Saldaño.

En una de esas investigaciones penales continúa imputado también un hombre llamado Gonzalo Mariano Añaños (50), el titular de una empresa de transportes que tenía a su cargo la recolección de residuos patogénicos en el Hospital Pintos y en las unidades sanitarias de Azul.

Oriundo de Lomas de Zamora, al momento de formulada la requisitoria de elevación a juicio del mencionado expediente se domiciliaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero en diciembre del año pasado a ese hombre le fue concedida una suspensión de juicio a prueba, a través de una resolución que en aquel entonces firmara Carlos Pocorena, el juez Correccional de la vecina ciudad de Tandil.


Residuos patogénicos que, durante alrededor de un mes, a fines del año 2015 se acumularon en el Hospital Pintos. El no recogimiento de esos desechos en tiempo y forma afectó al medio ambiente y a la salud de quienes trabajaban y asistían a ese centro asistencial municipal de Salud. EL TIEMPO/ARCHIVO

Otros jueces

La integración del Tribunal que juzgará a Inza y a dos de quienes fueron funcionarios de su gestión no será la titular del TOC 2.

De esa manera, en este debate intervendrán el ya mencionado magistrado Carlos Pocorena, la también jueza Correccional -pero de Olavarría- Cecilia Desiata y Martín Viceconte, el juez azuleño que actualmente es el único miembro titular del Tribunal Oral en lo Criminal que tiene su asiento en Tandil.

Precisamente, la conformación del Tribunal 2 para intervenir en el debate fue una de las cuestiones por las cuales este juicio, que en un principio tenía fecha prevista de realización para el año anterior, tuvo que reprogramarse para 2026, quedando finalmente definido su comienzo para pasado mañana martes. Y están previstas al menos dos audiencias más, también de recepción de la prueba testimonial, para los próximos días 27 y 28 de abril, según lo informado a EL TIEMPO por voceros del TOC 2.

Otros aspectos vinculados con el desarrollo de este proceso indican que al ex-Intendente volverá a patrocinarlo Elda Donatelli.

La abogada olavarriense ya se había desempeñado como Defensora Particular de Inza en el juicio abreviado que el médico firmara y cuya resolución de primera instancia se conociera en abril de 2020. Un proceso donde fuera sentenciado, también por cuestiones atinentes a su gestión al frente del Ejecutivo comunal local, a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un año por la comisión de cuatro hechos que quedaron definidos por "reiterados" delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En tanto, al abogado Héctor Bolpe lo representará en ese debate que se inicia pasado mañana su colega María Fernanda Giménez; mientras que Julio Vélez hará lo propio con el músico, exprofesor de Educación Física y también docente, hasta que se jubilara, Federico "Pieri" Saldaño.

Dos delitos de tipo ambiental

Considerando lo que se refiere en la requisitoria de elevación a juicio de los ya referidos dos expedientes, la fiscal Laura Margaretic tratará de demostrar en el debate, con relación a una de esas causas, que durante la gestión como intendente del Partido de Azul -entre los ya mencionados años 2011 y 2015- José Inza y Héctor Bolpe, siendo el abogado imputado secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, "incumplieron respectivamente y dentro de su órbita de competencia con los deberes a su cargo".

Concretamente, al vulnerar normas vinculadas con la denominada "gestión ambiental sustentable" en el predio de disposición final de residuos "EcoAzul", las cuales están contempladas tanto en leyes nacionales como a nivel provincial.

De esa manera, "pese a conocer positivamente el estado de emergencia ambiental imperante" en ese predio -situado en las afueras de la ciudad- y "a las sucesivas intimaciones que en tal sentido recibieron, no sólo por la Autoridad de aplicación (el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible-OPDS) sino también por distintos actores sociales comprometidos con la temática, omitieron adoptar las medidas útiles y necesarias para sanear el pasivo ambiental imperante en el predio de mención, agravando el estado de situación".

Aquella situación se convirtió, a criterio de la Acusación, en el factor desencadenante de "la contaminación del suelo, del manto freático y de las aguas subterráneas del lugar, con el grave riesgo que esto supone para el ecosistema, los recursos naturales, la salud humana y, en definitiva, de la salud pública de la comunidad toda".

En tanto, en el marco de la otra causa que será tratada también en este juicio oral, Inza y Saldaño son considerados responsables a título penal -al menos desde la imputación- de la acumulación de residuos patogénicos que se generaron en el Hospital Pintos y en una de las unidades sanitarias de la ciudad, ante el no recogimiento de los mismos por parte de la empresa que tenía a su cargo desarrollar esa tarea.

En ese contexto, al ex-Intendente se le reprocha penalmente -"en el marco de la responsabilidad primaria que le cabía para una adecuada gestión de los residuos patogénicos en el ejercicio de sus funciones"- haber provocado "la acumulación" de esos desechos, generados tanto en el centro asistencial municipal situado en Amado Diab y Maipú como en la Unidad Sanitaria número 6. El actual Centro de Atención Primaria de la Salud que dependía, al momento de ocurrida aquella situación, de la Dirección de Atención Primaria de la Secretaría de Salud de la comuna.

Dicha acumulación de residuos patogénicos, se menciona también desde la Acusación, se produjo en ambos efectores "por falta de retiro" de los mismos, a fines de 2015. Concretamente, "durante al menos un mes y hasta el día 4 de diciembre" en el caso del Pintos; y el 17 de diciembre de aquel año mencionado en la Unidad Sanitaria situada en el Barrio del Carmen, sobre la calle Rauch.

Esa cantidad de acumulación de residuos en el hospital y en la Unidad Sanitaria "causó la contaminación del medio ambiente de ambos sitios, con riesgo para la salud de las personas que se encontraban y transitaban por las inmediaciones" de los sectores de la ciudad donde ambos centros asistenciales están respectivamente ubicados.

La responsabilidad penal reprochada a Inza y que será tratada en el debate se relaciona -se menciona también en la requisitoria de elevación a juicio- a que en su rol de jefe comunal y del manejo de la administración municipal, "pese a los múltiples y reiterados avisos y reclamos recibidos, dejó de cumplir en tiempo y forma con el pago del servicio de recolección de los residuos patogénicos del Hospital Pintos y de la Unidad Sanitaria número 6". Un servicio que el propio Intendente en aquella época contratara "para el período julio-diciembre de 2015". Y que tenía como responsable de llevar a cabo dicha tarea a la empresa a cargo de Añaños, el hombre al que le fuera concedido una suspensión de juicio a prueba -en el marco de esta misma Investigación Penal Preparatoria- en diciembre pasado.

En ese referido contexto, con el no recogimiento en tiempo y forma de los residuos patogénicos se le imputa también responsabilidad penal por lo ocurrido a Federico "Pieri" Saldaño.

En su caso, considerando que para la época en que aquella situación fue detectada era Secretario de Gobierno y que -en carácter de tal- estaba a cargo de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Azul.

"Incurrió en la misma conducta" endilgada a José Inza, se indica también en la requisitoria de elevación a juicio de ese sumario. Un expediente a través del cual se sostiene que Saldaño dejó de gestionar "en tiempo y forma el pago del servicio de recolección de los residuos patogénicos del Hospital Pintos y de la Unidad Sanitaria número 6".

El dato

Una entrevista a Ruben Rodríguez publicada por EL TIEMPO el 13 de noviembre de 2015 se convirtió en el punto de partida de la investigación penal a través de la cual se daba cuenta del calamitoso estado en materia ambiental que presentaba el predio de disposición final de residuos "EcoAzul". En aquella nota Rodríguez, en su carácter de secretario General del SOEMPA, denunciaba las extremas y precarias condiciones en que estaban los empleados municipales que trabajaban en ese lugar. Y ponía especial énfasis en que, por el estado del "EcoAzul", tal situación era extremadamente peligrosa para la salud de la población toda, ante la contaminación generada por "el inadecuado" manejo de los residuos que allí eran vertidos. Los desechos estaban "a cielo abierto" y provocaban constantes focos ígneos, ante la falta de un plan para el adecuado tratamiento de los mismos.


Una imagen de agosto de 2014, cuando Héctor Bolpe, José Inza y Federico Saldaño, los imputados en el juicio que comienza este martes próximo, recorrieron el predio "EcoAzul". En la foto aparece también el arquitecto Julio Toscano. PRENSA MUNICIPAL/ARCHIVO

A modo de "reparación del daño ocasionado", un millón de pesos
Ya interviniendo en una de las causas penales que desde pasado mañana martes se convertirá en materia del juicio al exintendente José Inza y a dos de quienes fueron sus funcionarios, el pasado 4 de diciembre Carlos Pocorena -el juez que integrará el Tribunal 2 para el debate y conduce el Juzgado Correccional con asiento en Tandil- le otorgó a uno de los imputados la llamada "suspensión de juicio a prueba".

Dando lugar a un pedido que formulara su Defensa Particular -solicitud que avalara la fiscal Laura Margaretic- dicha extinción condicionada de la acción penal le fue concedida a Gonzalo Mariano Añaños.

La imputación que pesa todavía sobre él, en el expediente iniciado por el no recogimiento a fines de 2015 de los residuos patogénicos en el Hospital Pintos y en la Unidad Sanitaria número 6, señala que también tenía "responsabilidad" en la concreción de aquellas tareas para "una adecuada gestión" de los desechos.
En su caso, como el titular de la firma "TRI-ECO SA", la encargada de desarrollar dicha labor considerando lo acordado por esa empresa y la comuna cuando el titular del Ejecutivo era Inza.

Pero el no retiro de los residuos patogénicos, que se produjo durante alrededor de un mes en diciembre de 2015, provocó "la contaminación del medio ambiente" en el Pintos y en la referida unidad sanitaria, se afirmaba desde la Acusación en la requisitoria de elevación a juicio de esta causa. Y al aludirse al rol que tuvo Añaños en aquello que pasó era sostenido que "habría dejado de cumplir en tiempo y forma con la recolección" de esos desechos. Una función para la cual "la empresa bajo su administración había sido contratada" desde la gestión de José Manuel Inza.

Volviendo a la resolución que se tradujo en la suspensión del juicio a prueba para el titular de la firma "TRI-ECO SA", dicho plazo para Gonzalo Mariano Añaños es de tres años.
A modo de pautas de conducta, a ese imputado le fueron dictadas diferentes obligaciones que debe cumplir para que lo decidido a principios de diciembre pasado por el juez Pocorena no sea revocado.

Las mismas consisten en que ese hombre deberá dictarle a personal del Hospital Pintos "cursos de capacitación en clasificación, manejo con seguridad y contingencias en la gestión de residuos patogénicos". También, Añaños tiene que "fijar residencia, de la que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin autorización judicial"; "no cometer nuevos delitos"; "someterse mensualmente al control del Patronato de Liberados de la jurisdicción que corresponda a su domicilio" durante estos tres años en que dura la suspensión del juicio a prueba y pagar 200.000 pesos de multa.
Pero lo más sustancial de lo pactado para que le fuera concedida al responsable de la firma "TRI-ECO SA" la suspensión del juicio a prueba surgió de un ofrecimiento que hiciera para concretar dicho acuerdo.

En ese contexto, el empresario se comprometió a pagar un millón de pesos "en concepto de reparación del daño ocasionado" y a aportar insumos para "el adecuado acopio transitorio de los residuos patogénicos". Concretamente, la entrega de mil bolsas para depositar esos desechos y de mil precintos plásticos para el cierre de las mismas.

El ofrecimiento de reparación del daño que hiciera Añaños había sido considerado por la fiscal Margaretic como "razonable". Y la actual titular de la UFI 9 pidió también que esa plata se destinara a la Asociación Cooperadora del Hospital Pintos o a la Unidad Sanitaria número 6, del mismo modo que las bolsas y los precintos "para el adecuado acopio transitorio de los residuos patogénicos" que se descartan en ambos centros asistenciales.

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