EN RESPUESTA A UN HABEAS CORPUS. Ordenan que el acusado de abusar de una menor cumpla arresto domiciliario

Lo decidido fue en respuesta a un habeas corpus que había sido presentado desde la Defensa Particular del acusado, ejercida por abogados del estudio "Tancredi & Asociados".

Dicha acción fue interpuesta hoy miércoles, mismo día en que horas más tarde terminó resolviéndose de manera favorable a lo pretendido por la Defensa del presunto abusador desde la Alzada con asiento en el tercer piso del Palacio de Justicia de Azul. El máximo Tribunal departamental que actualmente preside el juez Damián Cini e integran también los camaristas Carlos Pagliere (h) y Agustín Echevarría.

"De manera inmediata"

Dicho recurso fue resuelto de forma unánime por los miembros de la Alzada. Y con el voto en primer término del juez Echevarría, ese camarista escribió en el interlocutorio: "Propongo hacer lugar al recurso de Habeas Corpus incoado, revocar la decisión adoptada y remitir las actuaciones al Juzgado de origen, a fin de que se haga efectiva de manera inmediata la morigeración de la prisión preventiva bajo las condiciones dispuestas por esta Alzada con fecha 13/03/2026".

Lo mencionado por el actual Vocal de la Cámara se relaciona con una resolución del Juez de Garantías que intervino en esta causa, la cual data del pasado 15 de abril y ahora quedó sin efecto.

Al respecto, desde la Defensa del acusado se sostenía en el habeas corpus que, a pesar de otorgar la Cámara Penal aquel 13 de marzo pasado esta morigeración de prisión, el magistrado Federico Barberena -interviniendo en este sumario desde Garantías 1- había decidido suspender la concesión de dicho beneficio al presunto abusador a través de lo resuelto hace una semana.

Al prosperar el habeas corpus, eso implicó que terminara siendo revocado lo decidido por el magistrado que de manera subrogante está a cargo de Garantías 1. Y también fue ordenado que las actuaciones se remitieran a ese Juzgado, "a fin de que haga efectiva de manera inmediata la morigeración de la prisión preventiva en los términos que fuera ordenada por esta Alzada con fecha 13/03/2026".

En ese recurso que prosperó ante la Cámara Penal se sostenía que la no concesión de dicho beneficio para el presunto abusador se traducía en un "agravamiento ilegítimo de las condiciones" de su detención en el penal donde todavía permanece: la Unidad 38 del SPB, una de las cárceles que está en Sierra Chica.

Además, desde la Defensa Particular del imputado se objetaba que lo resuelto por el Juez de Garantías el pasado 15 de abril, al no hacer efectiva esta morigeración de prisión ordenada desde la Cámara Penal un mes antes, estuviera supeditado a que se requiriera del llamado "doble conforme", cuando -en realidad- se estaba neutralizando "una resolución vigente de un tribunal superior". Algo que, en consecuencia, vulneraba "normas constitucionales y tratados internacionales de Derechos Humanos".

"Confirmado el fallo que morigera la prisión preventiva o concedida esta por la Cámara departamental, contra dicha decisión se carece de recurso; pues tal no es prescripto por ley ni el acusador tiene derecho constitucional al mismo, de lo que bien puede colegirse que luego de la decisión de Cámara el decisorio es ejecutoriable dado que, conforme nuestra legislación, la morigeración no es impugnable ante instancias ulteriores", se refiere en lo resuelto este miércoles citando jurisprudencia al respecto.

"La decisión de Cámara que dispone o confirma la morigeración de una detención preventiva torna operativo el instituto, pues al carecerse de recurso establecido por ley las impugnaciones a dicha decisión devienen una dilación indebida del derecho atribuido al imputado por disposición jurisdiccional", se menciona también.

En otro tramo de lo dispuesto, el camarista Echevarría agregó: "El Fiscal no tiene legitimación activa para impugnar las atenuaciones o morigeraciones de la prisión preventiva a través del recurso de casación".

"Aguardar a que el Agente Fiscal anuncie el recurso de casación, luego lo interponga y finalmente la Cámara de Apelaciones lo desestime para dar ejecutoriedad a la medida confirmada o dispuesta por este órgano jurisdiccional" conllevaría "un exceso de rigor formal manifiesto" para casos "donde median cuestiones excepcionales que han justificado la aplicación de una medida cautelar menos lesiva".

En lo atinente a esta causa en particular, se hizo mención también desde la Alzada a que "se ha denegado el recurso de casación interpuesto por el Fiscal General, Dr. Marcelo Sobrino, contra la decisión de esta Cámara que dispuso la morigeración del encausado".

En el marco de esa investigación penal que lo involucra -llevada adelante por el fiscal Adrián Peiretti desde la UFI 13, ya concluida y elevada a juicio- el acusado de este caso de abuso sexual había sido detenido durante un procedimiento realizado por efectivos de la DDI Azul el 2 de diciembre de 2025, el cual tuvo como escenario un establecimiento rural de la zona donde trabajaba.

En aquel entonces había sido identificado como Miguel Ángel Miranda, actualmente de 61 años de edad.

Teniendo en cuenta lo dispuesto este miércoles desde la Cámara Penal departamental, ese hombre pasará ahora -a la espera del juicio al que será sometido- a cumplir prisión domiciliaria en un inmueble de Azul, controlado por monitoreo electrónico desde el Servicio Penitenciario Bonaerense a través de un dispositivo que deberá serle colocado, según lo explicado a EL TIEMPO desde su Defensa Particular.

La imputación se modificó

Aquel mismo 13 de marzo pasado en que los jueces de la Cámara Penal se pronunciaron a favor de otorgarle a Miguel Ángel Miranda esa morigeración de prisión que todavía no se ha cumplimentado -a través de un interlocutorio donde también su preventiva quedó ratificada-, otra resolución de la Alzada derivó en que fuera rechazado un pedido de sobreseimiento para ese hombre.

De esa manera, se confirmó la decisión de elevar a juicio la causa que lo continúa teniendo privado de la libertad como el probable autor de este caso de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

Pero la imputación para Miranda se modificó a lo largo de lo que había sido la tramitación de esta causa penal, redundando finalmente en la atribución a ese hombre de un delito de índole sexual menos grave a ese otro que -el ya referido 2 de diciembre pasado- derivara en su detención en un establecimiento rural.

Cuando se concretó la medida cautelar, a través de lo ordenado por el juez de Garantías Barberena el denunciado era considerado el probable autor del delito de "abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda y por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima".

De haber mantenido este sumario dicho encuadre legal, ese ilícito habría implicado que, de resultar condenado en ese futuro debate al que deberá ser sometido, al todavía encausado le fuera dictada una pena de prisión que va desde los ocho a los veinte años.

Pero sobre la base de diferentes planteos impulsados por su Defensa, actualmente la imputación que pesa sobre Miranda está definida por el delito de "abuso sexual simple agravado por ser cometido por quien estaba encargado de la guarda de la víctima".

Meses antes de que resultara detenido en diciembre pasado, ese hombre fue denunciado por familiares de la menor a la que le endilgan haber sometido sexualmente.

En el marco de las actuaciones penales llevadas adelante por el fiscal Peiretti, ese hecho de abuso que le atribuyen a título de autor al hombre que pasará a cumplir arresto domiciliario está situado como ocurrido entre "finales del año 2023 y principio de 2024" en el establecimiento rural -ubicado en jurisdicción del Partido de Azul- donde terminaría siendo apresado el 2 de diciembre del año anterior.

En esas circunstancias, un día que la menor había ido a ese campo y tenía ocho años de edad, desde la Acusación se sostiene que Miranda le efectuó tocamientos en diferentes partes de su cuerpo, valiéndose para eso de que la nena estaba bajo su "guarda".

Entre las pruebas incorporadas a lo que había sido la instrucción de esta causa penal figuró lo que la propia menor y presunta víctima relatara, en ocasión de que en sede judicial le fuera recibida una declaración por medio de la Cámara Gesell.