AHORA DESDE LA ALZADA PROVINCIAL . Nuevo revés judicial para los imputados por estafas a la CEAL y a comerciantes

Mientras los cuatro imputados por estafas a la CEAL y a comerciantes con pagos truchos de facturas del servicio de energía eléctrica continúan privados de la libertad y está próxima a ser formulada la requisitoria de elevación a juicio de esa causa, un reciente fallo del Tribunal de Casación Penal provincial ratifica lo investigado hasta el momento.

Lo resuelto desde la Sala III de la Alzada con asiento en La Plata también confirma el accionar delictivo que se les continúa atribuyendo a la totalidad de los acusados: el matrimonio de empleados de la Cooperativa conformado por Matías Horacio Rosas y María Laura Calandra y los comerciantes Neefer Eduardo González y Mario Miguel Garavelli.

De acuerdo con lo informado a EL TIEMPO, el martes pasado se conoció lo decidido: una sentencia en respuesta a una serie de recursos que formularan las respectivas defensas particulares de los cuatro encausados. Y a través de lo concluido por los jueces de la Alzada bonaerense Víctor Horacio Violini y Daniel Carral, absolutamente nada de lo pretendido para los imputados por sus abogados tuvo acogida favorable.

Planteos desestimados

Si bien las quejas presentadas por las defensas particulares de los acusados fueron admitidas en Casación, la totalidad de esos recursos interpuestos a favor de los investigados después terminaron siendo rechazados.

En ese contexto, quedó confirmada la denegatoria de la excarcelación de tipo "extraordinaria" que la abogada María Fernanda Giménez pretendía para su representada María Laura Calandra luego de lo que fuera su detención el 1 de octubre pasado. Una solicitud que en un principio rechazara Federico Barberena -el titular del Juzgado de Garantías 2 que entiende en esta causa penal- y que luego tampoco avalaran los miembros de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental: Damián Cini, Carlos Pagliere (h) y Agustín Echevarría.

Al mismo tiempo, lo decidido este martes que pasó en Casación implicó que fuera desestimado el pedido de los abogados de Neefer Eduardo González -Luciano Zorrilla, Germán Diego Balaz y Manuel Cayuela- para que el dueño de la heladería situada en una de las esquinas de Avenida Mitre y España pudiera gozar de arresto domiciliario por los problemas de salud que padece. Una situación que, del mismo modo que actualmente sucede con Rosas y Garavelli, continúa teniendo a ese hombre preso en la Unidad 7 de Azul luego de lo que fuera su detención en el marco de esta causa, medida cautelar concretada también -al igual que ocurriera con el matrimonio imputado- el 1 de octubre del año anterior.

A su vez, tampoco prosperó el pedido formulado por el abogado Luciano Di Pietro para que su defendido Mario Miguel Garavelli -el dueño de la agencia de loterías y quinielas- pudiera gozar de una morigeración de prisión. En su caso, bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En esta nueva instancia de revisión del expediente judicial que instruye la fiscal Paula Serrano desde la UFI 6, lo concluido en Casación implicó que no fueran avalados los pedidos para que quedaran sin efecto las prisiones preventivas vigentes para los cuatro imputados, cautelares ordenadas también en un principio por el Juez de la causa y confirmadas en enero de este año desde la Cámara Penal departamental.

Más aspectos de lo resuelto

Como otro aspecto relevante de lo concluido, los jueces de la Sala III del Tribunal de Casación Penal provincial avalaron también el encuadre legal otorgado a los hechos que continúan siendo materia de esta Investigación Penal Preparatoria, los cuales están definidos por un concurso de delitos.

La acusación más grave para los cuatro imputados continúa teniendo sindicados a todos ellos como probables autores de asociación ilícita, a través de lo que en su momento fuera considerada una "banda delictiva" que lideraba Matías Horacio Rosas. El mismo varón que, en su carácter de máximo responsable del área de Facturación en la CEAL, es señalado como el "jefe" de esta organización criminal y quien diseñó la estrategia para concretar las estafas en perjuicio de la propia Cooperativa y de varios propietarios de negocios en Azul.

Hasta el momento continúa dándose por demostrado -algo que también fue reafirmado desde la Casación- que Rosas era el encargado de confeccionar tickets truchos y notas de crédito apócrifas, con la finalidad de fraguar pagos de facturas del servicio de energía eléctrica. Y que en ese contexto, tanto él como su esposa Calandra y los dos comerciantes también imputados -los supuestos "recaudadores"- se quedaron con plata de la CEAL, al captar a propietarios de negocios para que les dieran a ellos sumas de dinero por supuestos pagos de consumos de energía eléctrica que en realidad nunca se concretaban.

Tal accionar delictivo -estimado en más de 160.000.000 de pesos que en beneficio propio habrían recaudado por estas estafas los encausados- se tradujo en un perjuicio económico para las arcas de la entidad cuya sede central está en las calles Yrigoyen y Alvear. Y obligó después a que los comerciantes damnificados, a quienes les hacían creer que podían cancelar esos consumos de servicios brindados por la CEAL en los locales que poseen a precios inferiores a los establecidos, tuvieran que pagar las deudas que registraban al ser captados para las concreciones de aquellas maniobras, que datan como ocurridas desde julio de 2024 hasta enero del año pasado.

Lo concluido el martes que pasó en la Sala III de Casación respalda plenamente las pruebas incorporadas a la tramitación de esta causa. Entre ellas y especialmente, la vinculada con los chats hallados en el teléfono celular de Matías Horacio Rosas: conversaciones con su esposa Calandra donde puede apreciarse la manera en que fueron tomando forma estas estafas.

Si bien habían sido objetadas desde las defensas de los imputados, lo que continúa siendo una de las evidencias fundamentales en esta causa fue respaldado como prueba válida en el reciente fallo de la Alzada provincial.

Los informes presentados por la CEAL ante la Justicia, surgidos de una auditoría que dejó en evidencia el accionar delictivo y a principios del año pasado se tradujo en el inicio de esta causa penal, también fueron considerados en Casación pruebas que complican las situaciones de los cuatro acusados, al igual que las versiones de testigos que fueron convocados para declarar en el expediente judicial. En su mayoría, empleados de la propia Cooperativa.

Desde la Alzada se confirmó también la imposibilidad de que los cuatro acusados transiten en libertad ese proceso penal que los involucra.

Esa conclusión se basa, en el caso de Calandra, en que entorpeció la investigación al borrar de su teléfono las conversaciones que mantenía por WhatsApp con su esposo mientras estas estafas se concretaban. Y tanto para ella como para los varones imputados, una vez más -del mismo modo que ya lo hicieran el Juez de la causa y los integrantes de la Cámara Penal departamental- se afirmó que el concurso de delitos que les atribuyen a todos ellos, la forma en que se cometían estas maniobras de defraudación y el perjuicio ocasionado tanto a la CEAL como a varios comerciantes constituían circunstancias que hacían adecuado que sigan presos. Concretamente, ante la presunción de que en libertad podrían evadirse u obstruir de alguna otra forma el proceso que los tiene como imputados, teniendo en cuenta que las penas que reciban en ese futuro juicio al que tienen que ser sometidos -de resultar condenados- serán de prisión a cumplir y no de ejecución condicional.

El dato

Lo dispuesto hace cinco días en la Alzada provincial ratificaba también la decisión de que María Laura Calandra siga en la cárcel de mujeres de Azul. Pero, tal lo que EL TIEMPO ya publicara, en el caso de la exempleada en el área de Recursos Humanos de la CEAL el Juez de la causa resolvió el pasado 13 de mayo que continúe presa bajo arresto domiciliario, con la finalidad de volver a convivir con sus dos hijos más chicos -ambos menores de edad- y teniendo en cuenta que el padre de esos nenes sigue en una unidad penitenciaria.