ENTRE EL PEAJE PROYECTADO, EL RECLAMO VECINAL Y UN AMPARO JUDICIAL . La Ruta 3 abre un nuevo frente de conflicto en Azul

La discusión por el futuro de la Ruta Nacional N° 3 volvió a instalarse con fuerza en Azul. Lo que durante años estuvo centrado en el deterioro de la calzada, la falta de mantenimiento y la necesidad de concretar obras para mejorar uno de los principales corredores viales del país, hoy incorpora un nuevo elemento que profundizó la preocupación de vecinos, instituciones y autoridades locales: la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la instalación de una estación de peaje entre Azul y Cacharí, en el marco del nuevo sistema de concesiones viales.

La confirmación del emplazamiento no sólo reactivó un debate que permanecía latente desde hacía meses. También logró algo poco frecuente: reunir detrás de un mismo reclamo a sectores con miradas políticas e institucionales muy diferentes. Vecinos autoconvocados, representantes de Estrellas Amarillas, concejales de distintos bloques, autoridades de Cacharí y el propio Municipio comenzaron a impulsar acciones para intentar modificar una decisión que consideran perjudicial para el Partido.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, sostienen que la nueva concesión permitirá recuperar la infraestructura vial mediante inversión privada, garantizando obras de mantenimiento, rehabilitación y conservación que hoy resultan indispensables para mejorar las condiciones de transitabilidad de la Ruta 3. Esa diferencia de enfoques explica buena parte del conflicto que hoy atraviesa al distrito.

La polémica dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad cuando la Dirección Nacional de Vialidad respondió al Concejo Deliberante de Azul el pedido de informes impulsado por el cuerpo legislativo local.

En esa comunicación oficial, el organismo recordó que el proyecto integra la denominada Red Federal de Concesiones y que fue sometido previamente a las audiencias públicas correspondientes. Asimismo, explicó que el nuevo esquema contempla concesiones sin subsidios estatales ni canon, por lo que la empresa adjudicataria recuperará las inversiones exclusivamente mediante el cobro de peaje.

El contrato establece una primera etapa de obras de puesta en valor que deberán ejecutarse durante el primer año. A esas intervenciones se suman las denominadas obras obligatorias, previstas en los pliegos licitatorios, entre ellas la construcción de una pasarela peatonal sobre la Ruta 3 a la altura del kilómetro 297,8. El plan también contempla la rehabilitación integral de calzadas y banquinas mediante la colocación de miles de toneladas de concreto asfáltico durante los primeros cinco años de concesión.

Las estaciones previstas

Uno de los puntos que mayor repercusión generó en Azul fue la confirmación de las futuras estaciones de peaje. Además de la cabina ya existente en Cañuelas, el proyecto incorpora nuevos puestos en Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

En el caso del partido de Azul, la estación identificada como "Azul" fue proyectada a la altura del kilómetro 290 de la Ruta 3; es decir, entre la ciudad cabecera y la localidad de Cacharí. Precisamente esa ubicación constituye el principal eje del rechazo que comenzó a expresarse públicamente durante las últimas semanas.

La documentación remitida por Vialidad también confirma que el proceso administrativo ya dio un paso decisivo. Mediante una resolución del Ministerio de Economía de la Nación fue adjudicada la concesión correspondiente al Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, del cual forma parte el tramo de la Ruta 3 que atraviesa el Partido de Azul.

Con ese antecedente, el conflicto dejó de ser una hipótesis para transformarse en una preocupación concreta. A partir de allí comenzaron a multiplicarse las acciones institucionales y ciudadanas destinadas a solicitar la revisión del proyecto y, especialmente, del lugar elegido para emplazar la futura estación de peaje.

La confirmación de la ubicación del futuro peaje aceleró una respuesta que, en pocos días, logró reunir a actores de distintos ámbitos detrás de un mismo reclamo.

EL TIEMPO entrevistó al delegado municipal Raúl Fernández y a la concejal Gisela Arbiza. Ambos mencionaron que, en Cacharí, la convocatoria impulsada desde la delegación reunió a vecinos, integrantes del grupo Autoconvocados por la Autovía Ya, de Estrellas Amarillas, concejales de distintos bloques políticos y referentes institucionales que coincidieron en rechazar la instalación de la cabina entre la localidad y la ciudad de Azul.

Más allá de las diferencias partidarias, el planteo fue unánime: consideran que el emplazamiento elegido obligará a miles de personas a pagar peaje para trasladarse dentro del mismo partido por razones laborales, educativas, sanitarias o comerciales.

"Pensamos inicialmente en hacer una volanteada para concientizar a la gente, para que supieran lo que estaba pasando. De ahí nació la posibilidad de realizar un reclamo sobre la Ruta 3. La idea era que toda la comunidad conociera el proyecto y pudiera decidir qué hacer. Nos dio mucha satisfacción encontrarnos con tantos vecinos acompañando", explicó Fernández.

La concejal Gisela Arbiza coincidió en que el principal cuestionamiento no pasa únicamente por el costo económico que implicará el peaje, sino por el impacto territorial que tendrá para el distrito. "Que nos quiebren el Partido significa perjudicar a quienes todos los días viajan de Azul a Cacharí para trabajar. Tenemos muchísima preocupación por los docentes. En la Escuela Media, por ejemplo, la directora vive en Azul; también ocurre en la Escuela Especial y en otras instituciones educativas donde los profesores viajan diariamente en un mismo vehículo. Todos ellos van a verse afectados", sostuvo.

Los impulsores del reclamo advierten que el problema excede el traslado de trabajadores. Consideran que la medida terminará afectando la integración cotidiana entre las localidades del Partido y encarecerá actividades que hoy forman parte de la vida habitual de cientos de familias.

A esa preocupación se suma otra demanda histórica: el convencimiento de que el cobro del peaje no debería implementarse mientras persistan las deficiencias estructurales que desde hace años presenta la Ruta 3.

Para quienes participaron del encuentro, el deterioro de la calzada, la falta de mantenimiento y los problemas de seguridad vial continúan siendo la principal deuda pendiente del Estado nacional.

El reclamo busca llegar a Nación

Como resultado de esa convocatoria comenzó una campaña de recolección de firmas destinada a respaldar formalmente el pedido de revisión del proyecto.

"Se acordó invitar a todas las instituciones, a Estrellas Amarillas, a los Autoconvocados por la Autovía, a representantes políticos y a los concejales mediante una convocatoria realizada desde el Concejo Deliberante. Algunos acompañaron el reclamo, como el concejal Agustín Puyou de UCR, el concejal Gastón De Dominicis del GEN, todo el bloque de Fuerza Patria y la senadora Inés Laurini. Los demás concejales no asistieron. También juntamos firmas entre los transportistas y los vecinos que pasaban por el lugar. La Policía de la provincia colaboró garantizando la seguridad durante la actividad", detalló Arbiza.

La documentación será elevada a la Dirección Nacional de Vialidad, con copia a la Secretaría de Transporte y al Ministerio de Economía de la Nación, con el objetivo de que las autoridades reconsideren la ubicación prevista antes de que avance la construcción de la estación.

El delegado Fernández destacó la importante respuesta obtenida durante la primera jornada y manifestó que esperan reunir una importante cantidad de adhesiones: "La convocatoria fue maravillosa. Sabemos que vamos a contar con el apoyo de mucha gente porque esto afecta a todos. Nos quiebran el Partido, se encarece todo y también se perjudica la conectividad que se logró con el transporte interurbano, porque inevitablemente aumentará el valor del boleto. Esperamos que nos escuchen y, si finalmente deciden avanzar con el peaje, al menos que lo trasladen al kilómetro 230 y que exista un Pase Verde para los vecinos de la localidad".

Los referentes locales también señalaron que comenzaron a establecer contactos con municipios vecinos que podrían verse alcanzados por el mismo esquema de concesión. Según explicaron, ya mantuvieron conversaciones con autoridades de Las Flores y Olavarría para coordinar acciones conjuntas en caso de que resulte necesario fortalecer el reclamo ante los organismos nacionales.

Aunque la discusión por el peaje cobró fuerza durante las últimas semanas, el conflicto por la Ruta 3 no comenzó con el anuncio de la nueva concesión. Meses antes, en septiembre de 2025, el Municipio de Azul decidió recurrir a la Justicia Federal mediante una acción de amparo presentada por el intendente Nelson Sombra contra la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Corredores Viales S.A., reclamando el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre el tramo de la ruta que atraviesa el distrito.

La presentación sostiene que existe una omisión por parte de los organismos responsables que derivó en un progresivo abandono de la infraestructura vial, comprometiendo la seguridad de quienes transitan diariamente por ese corredor.

Mucho más que una cabina de peaje

A medida que el debate fue creciendo, el eje de la discusión comenzó a ampliarse. El cuestionamiento ya no se limita únicamente al cobro de una tarifa, sino que pone en debate el modo en que se planifican las obras públicas y el impacto que determinadas decisiones pueden tener sobre comunidades del interior bonaerense.

Para los vecinos de Cacharí, el principal problema radica en que la cabina quedaría ubicada dentro del propio Partido de Azul, obligando a pagar peaje para realizar viajes cotidianos entre localidades que mantienen una fuerte integración educativa, sanitaria, laboral y comercial.

"Lo que tienen que entender las autoridades es que la comunidad está en desacuerdo con que nos quiebren el Partido. Dejan aislados a Cacharí, Parish y Miramonte", afirmó Fernández.

El delegado agregó que el proyecto tampoco contempla otras necesidades históricas de la localidad. "Se habla de un costo cercano a los 4.200 pesos cada cien kilómetros, pero al mismo tiempo seguimos siendo la única localidad sobre la Ruta 3 que no tiene una rotonda de acceso. Todos los accidentes graves ocurren justamente en la entrada al pueblo y hasta la iluminación de ese sector debió hacerse con fondos municipales. El impacto de la obra pública anunciada para nuestra comunidad es muy reducido", cuestionó.

Fernández también advirtió sobre otro aspecto que, según explicó, no fue contemplado durante la planificación del proyecto. "En invierno tenemos una zona de intensa neblina sobre el acceso a Cacharí. Trabajamos junto a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía dentro de un comité de crisis para responder a emergencias climáticas y siniestros viales. Todo eso también debería ser tenido en cuenta cuando se proyectan obras sobre este corredor".

Arbiza, por su parte, puso el foco en las consecuencias que la medida podría generar sobre los servicios esenciales: "Las instituciones más perjudicadas serán el Hospital Municipal y los Bomberos Voluntarios. Toda la población de Cacharí se atiende en el hospital local y, cuando hay una derivación de urgencia, los pacientes son trasladados al Hospital Pintos. Sin embargo, en las condiciones de la concesión ni siquiera se exige que el peaje cuente con un servicio sanitario propio. Eso significa que seguiremos afrontando toda esa demanda con recursos municipales y sobre instituciones que ya están atravesando una situación muy compleja".

Más allá de las distintas miradas sobre el sistema de concesiones, existe un punto en el que prácticamente todos los sectores que participan del reclamo coinciden: la necesidad de que cualquier transformación de la Ruta 3 contemple las particularidades del Partido de Azul y las necesidades de quienes la utilizan diariamente.

Un debate que trasciende el distrito

Mientras tanto, la campaña de recolección de firmas continúa sumando adhesiones y el reclamo comenzó a trascender los límites del Partido de Azul, con contactos establecidos con municipios vecinos que también analizan el impacto que tendrá la nueva concesión vial.

En paralelo, el amparo impulsado por el Municipio sigue su curso en la Justicia Federal, manteniendo vigente otro de los ejes del debate: la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de mantenimiento y seguridad antes de incorporar nuevas obligaciones económicas para quienes transitan por la Ruta 3.

Las próximas semanas serán determinantes. La presentación de las firmas ante los organismos nacionales, las gestiones políticas que puedan impulsarse y la evolución de la causa judicial marcarán el futuro de un conflicto que ya logró algo poco frecuente en la vida pública local: reunir detrás de un mismo objetivo a vecinos, instituciones, organizaciones civiles y representantes de distintos espacios políticos.

Más allá del lugar donde finalmente se instale -o no- una cabina de peaje, la discusión de fondo continúa siendo la misma: qué modelo de desarrollo vial necesita la región y de qué manera pueden compatibilizarse las obras de infraestructura con las necesidades cotidianas de las comunidades que conviven, todos los días, con la Ruta 3.