LES FUE DICTADA LA PRISIÓN PREVENTIVA. Dos policías están acusados de integrar una banda dedicada a comercializar autos y motos robados

Señalados como miembros de una organización delictiva dedicada a adulterar y comercializar vehículos robados, las detenciones de dos policías de la Ciudad fueron convertidas en respectivas prisiones preventivas, según lo informado a EL TIEMPO por voceros judiciales.

Desde la Justicia Penal de Azul se investiga a una banda que involucra a ambos imputados, quienes por el momento continúan privados de sus libertades en la Unidad 38, la cárcel del SPB que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica.

A través de una causa que llevara adelante el fiscal Cristian Citterio desde la UFI 20 perteneciente al Departamento Judicial Azul, las cautelares para los efectivos de seguridad fueron ordenadas en una primera instancia este viernes por Juan José Suárez.

Interviniendo durante la pasada feria judicial en ese expediente, a través de lo resuelto el titular del Juzgado de Garantías 3 convirtió en prisión preventiva a la detención que venían sufriendo ambos policías, por considerarlos probables autores de los delitos de "divulgación de secreto oficial y asociación ilícita, en concurso real".

A través de lo decidido, los imputados -que tienen ambos de 32 años de edad- fueron identificados como Marcelo Maximiliano González y Cristian Martín Toledo.

El primero de los empleados de la Policía de la Ciudad figura con actual domicilio en Lomas de Zamora; mientras que Toledo está radicado en Merlo.

Considerando lo resuelto, el Juez garante avaló lo sostenido desde la Acusación para los acusados, señalados como quienes aportaban información confidencial obtenida de los sistemas informáticos exclusivos de la fuerza de seguridad a la que pertenecían para facilitar las maniobras concretadas por la numerosa banda que les atribuyen también haber conformado.

De acuerdo con la investigación, la organización criminal que involucra a los dos policías habría funcionado desde mayo de 2024 hasta finales de aquel año y la integraban unas 19 personas, dos de las cuales son mujeres.

Lo investigado por el Fiscal de esta causa

En esa época ya referida, los imputados "se encontraban organizados y coordinados integrando una banda o asociación ilícita destinada a conseguir motos robadas y autos, insertarle numeración falsa, cruzarlos, conseguir la documentación adulterada y venderlos como legales", se describe en esta causa penal por la que a los policías González y Toledo les dictaron las prisiones preventivas hace tres días.

El líder de la banda está identificado. También, otro hombre que estando en prisión "compraba y vendía vehículos adulterados", contando para ello con la colaboración de una de las dos mujeres acusadas, "quien administraba el dinero" obtenido de la comercialización de los vehículos y se encargaba de "obtener la documentación falsa de los rodados".

Otro de los varones imputados desarrollaba un aporte considerado "fundamental" en la banda: por intermedio de personal policial "conseguía las planas/informes de los rodados, a los fines de poder adulterar otros vehículos, haciéndolos mellizos y/o tener información fundamental para llevar adelante las acciones ilícitas, como así también conseguía todo tipo de documentación apócrifa necesaria para efectuar las operaciones", se describe en la causa.

La pesquisa desarrollada permitió identificar también a más personas -entre ellas, a otra mujer- como quienes después se encargaban de reacondicionar y comercializar los vehículos de procedencia ilícita.

Además, todos ellos participaban "en la elaboración de la documentación necesaria" para venderlos y aportaban sus cuentas bancarias y billeteras virtuales "para recibir los pagos de las operaciones", se consigna en el expediente.

En tanto, a González y Toledo -los agentes para quienes fueron ordenadas sus prisiones preventivas- se los señala como quienes, aprovechando que eran efectivos de la Policía de la Ciudad, habrían suministrado las denominadas "planas" e informes extraídos de bases de datos oficiales. Una información considerada clave para adulterar la identidad registral de los vehículos y posteriormente comercializarlos como legales.

Un gran caudal probatorio

Sobre la base de las evidencias incorporadas a esta causa por el Fiscal que la instruyera, el Juez de Garantías que dictó las prisiones preventivas para los dos policías destacó el análisis realizado a los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

Según la resolución, en esos móviles de los efectivos de seguridad se encontraron numerosas fotografías tomadas directamente de las pantallas de los sistemas informáticos de uso exclusivo de la Policía de la Ciudad, donde podían observarse consultas sobre dominios de vehículos, antecedentes, datos personales y registros oficiales.

Esas imágenes -se señala también en lo resuelto- eran enviadas mediante WhatsApp a personas ajenas a la fuerza, quienes previamente solicitaban determinada información y luego efectuaban transferencias de dinero como contraprestación por los datos obtenidos.

La resolución también menciona que, en el caso de González, la investigación permitió establecer que incluso solicitaba a uno de sus hijos que realizara consultas en el sistema policial cuando él no tenía consigo su teléfono laboral.

A ello se sumó documentación secuestrada en su domicilio con referencias a vehículos con pedidos de secuestro, además de registros remitidos por la propia Policía de la Ciudad que permitieron corroborar consultas efectuadas por ambos imputados en los sistemas oficiales.

Una eventual condena de cumplimiento efectivo en un futuro debate a los dos efectivos de seguridad se constituyó en un elemento para presumir "peligro de fuga" por parte de ambos. Una circunstancia que, en contraposición a ese vaticinio, hacía adecuado que continúen privados de sus libertades.

También, el Juez que les dictó las cautelares remarcó que la condición de funcionarios policiales de ambos imputados agrava la valoración de los hechos, ya que habrían utilizado información reservada obtenida en razón de sus funciones para favorecer una estructura criminal.

En ese sentido, el magistrado Suárez concluyó que la reiterada entrega de información confidencial demuestra por parte de ambos policías una integración estable dentro de esta organización delictiva, donde desde sus respectivos lugares que ocupaban evidenciaron una colaboración funcional para el desarrollo de las maniobras ilícitas investigadas.