¿Acuerdo político?

El 16 de diciembre de 2010 la Sala III del Tribunal de Casación Penal condenó a Omar René Varela a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas por ser autor responsable de 39 hechos de estafa y defraudación con accesorias legales y costas. El 11 de marzo de 2015, después de quedar firme dicha sentencia, Omar René Varela fue detenido.

Al día siguiente el entonces Intendente Municipal dictó el decreto 504 suspendiéndolo preventivamente sin goce de haberes y ordenando además que se tramite la exclusión de su tutela sindical. La decisión se basó en la ley 11.757.

El gremialista presentó un recurso contra esa decisión que fue desestimado por la  administración anterior.

Luego de haber asumido la nueva administración municipal, Varela presentó nuevamente un pedido para que se revea lo actuado y que le restablezcan los salarios caídos porque había sido suspendido y se le desconoció la doble tutela sindical.

La actual gestión anuló lo realizado por la gestión anterior, motivada en la ausencia total de algún procedimiento previo para su dictado, lo que surge prima facie evidente ilegalidad porque se violan elementales derechos y garantías constitucionales y normas expresas relativas al procedimiento administrativo y judicial necesario para dictar la medida.

Además los decretos atentan contra la Constitución que garantiza a los representantes legales el goce de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía.

Luego menciona que la cesantía resulta nula por haberse dictado sin sumario previo, en violación al derecho de defensa y la garantía del debido proceso.

En la resolución retrotrae sus efectos al momento previo del dictado de los decretos Nº 504 y 711, ambos del 2015. Por lo que deviene necesario proceder a liquidar las sumas dejadas de percibir. Además ordena la sustanciación de un sumario administrativo.

Para el Intendente Municipal la decisión fue analizada por el área Legal y Técnica y dictaminó que así corresponde. Que la resolución no pasa tanto por el criterio político sino por una cuestión de lo que corresponde en cuanto a lo legal.

Cuando fue consultado si Varela ya recibió lo adeudado, contestó que cree que sí, que ya estaría para cobrar. Agregando que sabe que hay una cuestión social pero que nosotros tenemos que hacer lo que corresponde. Hay que manejarse dentro de la ley.

Esta medida se sancionó durante una paritaria laboral, que luego de dictada a los pocos días se arribó a un acuerdo entre la Municipalidad y el Sindicato Municipal.

Los argumentos jurídicos para rebatir los fundamentos y la sanción del Decreto Nº 179 tienen motivos sólidos. Por ejemplo es una persona detenida con una sentencia firme, por lo tanto no puede ejercer la función sindical. Además fue suspendido preventivamente y sin goce de haberes y no fue cesanteado. Si esa fue la intención del anterior intendente, mandó a realizar todos los trámites legales para hacerlo.

Una persona suspendida, cuando cumpla la pena se le restituyen todos los derechos. En ese momento puede solicitar el goce de haberes con retroactividad, que es conveniente que lo decida la Justicia con las garantías constitucionales.

Por lo tanto la medida adoptada por el Intendente Municipal es administrativa con argumentos jurídicos controversiales.

Llama la atención que Varela presenta dos veces el mismo reclamo administrativo, con gobiernos distintos, y no acude a la justicia. Y el Intendente pide el asesoramiento al área legal y técnica y enseguida dicta el Decreto Nº 179 anulando dos decretos del Intendente anterior.

Eso hace pensar que existió una voluntad política favorable al reclamante, y después se trató de fundamentarla jurídicamente.

Por eso se escucha en la calle que existió un pacto entre el Sindicato y el Intendente. Que se contradice con las declaraciones del Intendente cuando expresó que la decisión no pasa tanto por el criterio político, sino por una cuestión de lo que corresponde en cuanto a lo legal.

El decreto Nº 179 fue dictado en un momento inoportuno, cuando estaban negociando un convenio colectivo de trabajo que se firmó a los pocos días. Había otros resortes administrativos y judiciales para demorar su dictado hasta que se firmara el convenio.

Eso hace pensar que podría haber un pacto, un acuerdo político donde la Intendencia buscó que el Sindicato algunas veces mire para el costado y no genere conflictos.

Lo concreto es que a una persona condenada a prisión por estafa a sus compañeros, sigue cobrando el sueldo con retroactividad estando cumpliendo la pena con prisión domiciliada. ¿Desde su casa cumplirá con las tareas gremiales?.

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