EN TANDIL

Acusan a policías de cobrar coimas

Los imputados son dos efectivos de la Bonaerense. Un fiscal sostiene que le cobraban dinero a un empresario para que camiones con sobrepeso transitaran normalmente y evadiendo todo tipo de controles, después de que realizaban cargas en la cantera que es propiedad de ese hombre. Años atrás uno de los dos implicados en esta causa penal, un comisario oriundo de Las Flores, había sido jefe del Destacamento de Seguridad Vial que tiene sede en Azul.

Dos policías pertenecientes al Destacamento de Seguridad Vial de la Bonaerense que tiene en sede en Tandil fueron procesados recientemente por un fiscal de la ciudad serrana. El funcionario judicial Marcos Eguzquiza los acusa de coimear a camioneros para evitar controles de sobrepeso en las cargas que transportaban.

Héctor Omar Urruchúa, el titular de la subcomisaría Vial con sede en Tandil y que actualmente está de licencia, y Ramón Alejandro Flores son los efectivos de seguridad implicados en esta causa penal.

La Investigación Penal Preparatoria que lleva adelante el fiscal Eguzquiza se había iniciado de oficio. Incluye, entre otras pruebas reunidas hasta el momento, escuchas telefónicas de celulares que fueron intervenidos desde la Justicia y versiones de testigos que ubican a ambos efectivos de la Policía de la Provincia recibiendo dinero a cambio de evitar controles en cargas de camiones que la propia fuerza, en conjunto con inspectores de la comuna de la vecina ciudad, debían realizar.

En la causa penal se transcriben dichos de un testigo, que señala que los propios policías les advertían a los camioneros -vía mensajes de texto por teléfono celular- que no salieran con el exceso de carga porque se había montado un operativo de control.

“Hace frío, no salgan”, decía en clave ese mensaje de texto que los transportistas recibían.

Diez hechos

Hasta el momento son diez los episodios de estas características que el Fiscal a cargo de la causa tiene como acreditados.

Los hechos investigados por el funcionario judicial Eguzquiza se remontan al 27 de noviembre de 2012 y se extienden hasta el 22 de diciembre de 2016.

En ese contexto se menciona que Urruchúa -uno de los policías acusados, el mismo que años atrás estuvo a cargo del Destacamento de Seguridad Vial que tiene sede en Azul sobre la Ruta Nacional número 3 y que fuera ascendido a comisario en junio de 2016- estando a cargo del Destacamento de Policía Vial de la Provincia que está en Tandil citó a esa seccional a un empresario canteril y responsable del transporte de carga.

En esa reunión el efectivo de seguridad -se menciona en la causa- “abusando de sus cargos en forma indebida, injusta e impropia y desbordando los límites de su autoridad” le exigió al dueño de los camiones lo que vulgarmente se conoce como una coima, la cual el empresario debía hacer efectiva en forma periódica.

A cambio, los camiones iban a poder circular sin ser sometidos a controles de sobrepeso en sus cargas, “evitando los procedimientos policiales” y “sin ser molestados por el personal policial de la dependencia a su cargo”.

En esa reunión, según se ha demostrado también hasta el momento, el policía le exigió al empresario que le pagara el dinero por mes o “el equivalente en gasoil”.

En las actuaciones se menciona que la plata que el comisario a cargo del Destacamento de Seguridad de Tandil recibió nunca fue ingresada a la administración pública ni tampoco a la órbita de la Policía.

Esas sumas de dinero -se sostiene desde la Acusación- “fueron desviadas, destinadas o convertidas en provecho propio por el funcionario policial”.

El dato

De acuerdo con lo señalado al multimedios “El Eco” de Tandil por voceros allegados a la instrucción de la causa penal que por este caso se lleva adelante, ambos policías habían sido indagados días atrás en sede judicial y se negaron a declarar. En principio, están acusados de los delitos de “extracciones ilegales agravadas por conversión en provecho propio, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionario público, dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos todos ellos reiterados que concurren en forma real”. Además de la acusación fiscal, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia también ha iniciado sumarios administrativos para ambos policías involucrados en este caso.

 

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