APERTURA DE ARCHIVOS DE LA IGLESIA EN LA DICTADURA: UN APORTE A LA RECONCILIACIÓN

 

El protocolo para poder consultar los archivos de la Iglesia de la última dictadura militar está listo, y resta que el reglamento llegue aprobado del Vaticano para ponerlo a disposición, previa petición, sólo de víctimas y familiares directos de los detenidos desaparecidos.

La desclasificación de los documentos eclesiásticos de los años de plomo (1976-1983) fue dispuesta por el papa Francisco, tras la promesa que el pontífice argentino le hizo a organizaciones de derechos humanos que por décadas reclamaron su apertura.

La Iglesia, acusada de complicidad y de haberle dado la espalda a la mayoría de los crímenes de la dictadura, intenta de este modo poder contribuir a sanar heridas, prestar un servicio a la verdad y hacer un aporte a la reconciliación de los argentinos, pero sin olvidar un pasado oscuro y doloroso.

Pero el gesto de la Iglesia de abrir sus archivos de la dictadura tiene otra lectura en organizaciones de derechos humanos, que objetan que se trata de una apertura restringida, no pública y limitada a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares.

“Es un paso importante aunque sea solo simbólico”, evaluó Victoria Donda, la diputada nacional hija de desaparecidos y nacida en la ESMA, el centro clandestino de detención donde le fue arrebatada a su madre.

Monseñor Carlos Malfa, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, justificó el procedimiento, al asegurar que se hizo esta opción, y no una apertura más amplia al acceso a los archivos, porque “se trata de material sensible”.

Las organizaciones que luchan por la memoria, la verdad y la justicia también consideraron “tardío” que la desclasificación de los archivos de la Iglesia llegue 40 años después.

“Demasiado tarde monseñor, somos todos grandes, los militares se mueren pero nosotros también”, le dijo Angela “Lita” Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, a Giuseppe Laterza, un oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano.

En abril de 2015, Boitano viajó a Roma para participar de la audiencia general del miércoles con el Papa y, por gestión del entonces embajador ante la Santa Sede Eduardo Valdés, se reunió con funcionarios vaticanos para reclamarles que aceleren los tiempos de recopilación, “disinfestazione” y digitalización del material eclesiástico.

La tardanza también radicó -según fuentes eclesiásticas- en el robo de material “reservado” perpetrado hace varios años de los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina. Hecho delictivo que le costó el puesto a una empleada de la sede episcopal del barrio porteño de Retiro y que hasta hoy no fue esclarecido judicialmente.

“Lo importante es que lo hacemos”, supo responder el cardenal Mario Poli al ser consultado sobre por qué se esperó 40 años para desclasificar y digitalizar los documentos de esos años en poder de la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y la Secretaría de Estado del Vaticano.

El Episcopado comenzó en 2005 el trabajo de ordenamiento y digitalización de la documentación en su poder y el proceso se profundizó en 2012, por impulso de Bergoglio y los requerimientos judiciales.

Más allá de las lecturas del gesto, en unos días, no más, víctimas y familiares del terrorismo de Estado podrán acceder a unos 3.000 casos en documentos como telegramas, cartas y notas informales. La mayoría de documentos son pedidos de ayuda de familiares de víctimas de la dictadura, las respuestas a esas peticiones, las gestiones de la propia Iglesia ante el ministerio del Interior u otros organismos, y también ocasionales agradecimientos por las intervenciones.

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