POSTURA EN EL LEGISLATIVO

Cerealeras: “El proyecto de ordenanza presentado por Seoane es incompleto”

“La problemática generada por las cerealeras merece un estudio multidisciplinario que contemple  tanto la calidad de vida y pleno goce de la salud  de la comunidad  como así también el desarrollo productivo de estas industrias que permitan la generación de fuentes de trabajo”, expresó. “Si analizamos históricamente lo que pasó en Villa Piazza llegaremos a la conclusión que la situación que viven hoy los vecinos es de absoluta responsabilidad del estado”, consideró.
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“La problemática generada por las cerealeras merece un estudio multidisciplinario que contemple tanto la calidad de vida y pleno goce de la salud de la comunidad como así también el desarrollo productivo de estas industrias que permitan la generación de fuentes de trabajo”, expresó.

Lo expresó a este diario el concejal Juan Sáenz, presidente de la Comisión de Salud del mencionado cuerpo, al explicar los motivos que hicieron que la iniciativa tendiente a erradicar las cerealeras del ejido urbano del edil del justicialismo esté en estudio desde hace un año.  “De una idea buena no siempre surge un proyecto bueno”, aseguró. Explicó que hubo que reformularlo y que lo que plantea el mismo está estipulado por leyes provinciales.

El concejal Omar Seoane presentó un proyecto tendiente a resolver la problemática existente debido a que las cerealeras han quedado en medio del ejido urbano, particularmente en la zona de Villa Piazza.

Ahora, en agosto, se cumplió un año sin que la iniciativa haya obtenido tratamiento debido a que continúa en  la Comisión de Salud y por eso el edil justicialista salió públicamente a dar a conocer tal situación.

Por eso, el concejal Juan Sáenz, presidente de la citada comisión, habló con este diario y explicó los motivos que hicieron que el expediente aún no haya salido.

En primer lugar expresó que “la problemática generada por las cerealeras merece un estudio multidisciplinario que contemple  tanto la calidad de vida y el pleno goce de la salud  de la comunidad como así también el desarrollo productivo de estas industrias que permitan la generación de fuentes de trabajo”.

En este marco subrayó -haciendo referencia al proyecto presentado por Seoane- que “de una idea buena no siempre surge un proyecto bueno”.

Siguiendo este razonamiento, opinó que “el proyecto de ordenanza presentado por Seoane es incompleto porque sólo plantea prohibiciones y no aporta ninguna solución a la problemática de la relocalización de las cerealeras”.

Además consideró que la mayor parte de la normativa que plantea el proyecto ya está establecida por las leyes  12605, 11459 y 10699, o sea que “sólo hay que darle cumplimiento a la normativa provincial existente”.

“Es por esto que tuvo que ser reformulado por la comisión de Salud del Concejo”, subrayó el concejal del radicalismo.

“Es una actitud absolutamente irresponsable y demagógica decir que con este proyecto se está solucionando el problema de las cerealeras cuando en realidad en el proyecto no se plantea ninguna solución a la cuestión de fondo porque necesariamente esta debe ir de la mano de la generación de un parque cerealero, facilitándole a las empresas las condiciones para su reubicación”, enfatizó.

Ausencia del estado

Al analizar los motivos que hicieron que se llegara a esta situación, manifestó: “Si analizamos históricamente lo que pasó en Villa Piazza llegaremos a la conclusión de que la situación que viven hoy los vecinos es de absoluta responsabilidad del Estado”.

En tal sentido, puntualizó que “el Estado estuvo ausente y se permitió el desarrollo urbano en un sector donde ya estaban las cerealeras y la curtiembre”.

“Es decir, conceptualmente, no es que hubo un desarrollo industrial en una zona urbana sino que hubo un desarrollo urbano no planificado en una zona que en sus orígenes era de tipo industrial”, consignó.

De esta manera, remarcó que “nunca se debió permitir el desarrollo urbano en esa zona, si era de tipo industrial,  por las mismas razones que hoy se están planteando y que tienen que ver con el riesgo para la salud de los vecinos”.

Sáenz consideró entonces que “hoy con toda razón se reclama el retiro de las cerealeras pero es el propio estado el que debe aportar las soluciones y estas no bastan solamente con la prohibición. Si estuviera actualmente funcionando la curtiembre también se pediría la reubicación de la misma y la pregunta que uno se hace es cómo se permitió el desarrollo urbano rodeando una curtiembre”.

Es por eso que indicó que “el Estado debe hacerse cargo de sus errores y facilitar la reubicación de las empresas ya que la culpa no es de los vecinos ni tampoco de las empresas sino que es consecuencia de una urbanización anárquica y de un estado ausente”.

“No se enmienda con una prohibición”

Insistió de esta forma en que “un error no se enmienda simplemente con una prohibición, lo que podría generar cuantiosas demandas al propio Estado, sino con una programación correcta del desarrollo urbano y del desarrollo industrial”.

Lo que propone el proyecto de ordenanza presentado por Seoane en el primer artículo es la prohibición de la instalación de establecimientos dedicados a la actividad de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y conservación de granos, agroquímicos y/o fertilizante en el radio urbano de Azul y en los distritos de Cacharí y Chillar. Establece además que los establecimientos no podrán ubicarse a una distancia inferior a los 3500 metros de los núcleos urbanos.

El edil radical entendió que “la relocalización de estas industrias en un parque cerealero brindaría una respuesta a los vecinos y una estabilidad a las empresas, pero hasta tanto se cumpla con este objetivo es necesario acentuar los controles a fin de exigir un estricto cumplimiento de las leyes vigentes, no permitiendo ampliaciones de ningún tipo a las cerealeras existentes ni otorgando permisos de radicación a nuevas cerealeras en el ejido urbano”.

Concluyendo, Sáenz destacó que “el proyecto presentado hubo que reformularlo por completo en la Comisión de Salud y desde nuestro punto de vista la principal cuestión a legislar desde una ordenanza, más allá de hacer cumplir con la normativa provincial vigente, tiene que ver con facultar al Departamento Ejecutivo a gestionar  los  recursos económicos y financieros que sean necesarios y reorganizar los recursos  técnicos y humanos para promover la definitiva relocalización de las empresas cerealeras”.

“OTRO GROSERO ERROR DEL PROYECTO” –

De acuerdo a lo que especificó Sáenz en el diálogo que mantuvo con este diario “otro grosero error del proyecto presentado es que equipara la actividad de almacenamiento de granos y cereales con la de acopio de agroquímicos, no siendo estas actividades equiparables en términos de impacto ambiental y de las medidas de seguridad que se requieren para minimizar los riesgos de su manipulación”.

Informó al respecto que la Ley Nº 12.605/01 es de aplicación para todos los establecimientos dedicados exclusivamente a la actividad de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y conservación de granos y establece que los mismos deben adecuar sus instalaciones cumpliendo con determinadas medidas de seguridad.

Por otro lado, puntualizó que  los establecimientos dedicados a la actividad de almacenamiento de granos deben cumplir con una zonificación determinada conforme a las pautas establecidas por la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial, quedando terminantemente prohibida la instalación de nuevos establecimientos en las zonas urbanas y periurbanas.

En el caso de las empresas que realizan el almacenamiento y comercialización de agroquímicos están sujetos a las disposiciones de la Ley 10699 y sus normas reglamentarias y tanto el fabricante como el importador, el transportista, el vendedor y el productor agropecuario son responsables del correcto almacenamiento de los agroquímicos y para esto deben respetar también las medidas de seguridad establecidas en la Guía de Uso Responsable de Agroquímicos del Ministerio de Salud de la Nación. Además de esto, “se considera conveniente contar con el asesoramiento de ingenieros agrónomos o profesionales de seguridad e higiene”, dijo el presidente de la Comisión de Salud  del legislativo local.

 

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