ENFOQUE

Cierre de FANAZUL: Crisis y oportunidad constitucional

“Los trabajadores del Estado son empleados públicos, y tienen el derecho a la estabilidad propia en el empleo que les garantiza el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Sólo se los puede dejar cesantes por justa causa, acreditada en un sumario administrativo con pleno derecho de defensa”, afirmó el abogado Eduardo Víctor Lapenta en una columna de opinión que escribió para EL TIEMPO.FOTOS ARCHIVO/EL TIEMPO/NICOLÁS MURCIA


Por Eduardo Víctor Lapenta (*)
El cierre de la fábrica estatal creada en 1946 y, en especial, la cesantía de 219 trabajadores de FANAZUL, nos muestra la crisis constitucional que vivimos. La Constitución, entendida como un pacto de convivencia que tiene entre sus finalidades la limitación del poder de los gobernantes, la consagración de los derechos fundamentales, y la reducción de desigualdades sociales y económicas, no nos brinda suficiente eficacia cuando, como en este caso, se afecta gravemente la vida de los atropellados, y el interés común de nuestra comunidad.
La decisión de cierre, tomada en soledad por el Presidente sin intervención actual del Congreso (podríamos añadir docenas de casos iguales), demuestra hasta el hartazgo el desequilibrio entre poderes –hiperpresidencialismo–, que pone en crisis un principio republicano básico: la división del poder. Cada vez más Luis XIV (el estado soy yo), y menos Raúl Alfonsín.
El cierre de la fuente productiva, en una ciudad del interior, cuyo impacto relativo es muy grave por la reducida población, es otra muestra de que este hiperpresidencialismo destruye la organización federal, concentrando privilegios, prebendas y riquezas en la Capital. Además, reclama la obsecuencia de los gobernantes locales como canje a los fondos para subsistir.
La democracia no es sólo un modo de elegir autoridades sino una forma de gobierno que debe asegurar beneficios equilibrados para todos los habitantes. ¿Porque cumpliríamos una Constitución que nos deja en la pobreza, mientras otros acumulan incesantemente? La inversión y el gasto del estado –y su contracara de reducciones– deben, necesariamente, orientarse a reducir la desigualdad social y económica.
La mentira –el Jefe de Gabinete aseguró tres meses antes, que la fábrica no se iba a cerrar– y la manipulación mediática, como estrategias electorales, debilitan incluso el significado del voto, y vivimos con una democracia de ínfima calidad.
Pero me interesa aquí analizar la brutal ilegalidad del cese masivo del personal de FANAZUL.
La estabilidad en el empleo público
Los trabajadores del Estado son empleados públicos, y tienen el derecho a la estabilidad propia en el empleo que les garantiza el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Sólo se los puede dejar cesantes por justa causa, acreditada en un sumario administrativo con pleno derecho de defensa.
En el supuesto excepcional de que se suprima el órgano o la actividad –por ejemplo, una carrera de Instituto o Universidad–, el estado debe reubicar a los agentes, y si no pudiera hacerlo, abonarle remuneraciones durante dos años. Recaen allí puede declarar el cese, pagándole una indemnización similar a la de un trabajador privado.
La estabilidad propia no es un privilegio del empleado público, sino una institución esencial para garantizar la legalidad –sin indebidas discriminaciones– en el funcionamiento administrativo, como presupuesto básico del correcto funcionamiento del órgano que integra y el bien común general. Sólo así el trabajador puede tener la independencia necesaria para resistir la orden indebida, e incluso, cumplir con su deber de denunciar los delitos que tenga conocimiento. Todos los empleados públicos, cualquiera sea su jerarquía, son garantes de la legalidad. Por ejemplo, un chofer debe respetar la velocidad máxima, sin importar lo que mande su jefe.
También se procuró evitar que el empleo público sea el “botín electoral” de quién ganó las elecciones, y las prácticas discriminatorias de remplazar ajenos por propios, parientes, amigos o militantes.
Los gobernantes son conscientes de que los empleados públicos ejercen un enorme control sobre su desempeño, y se esfuerzan cotidianamente en impedirlo, utilizando distintas maniobras. Por ejemplo, con contrataciones transitorias que les permiten amenazarlos con dejarlos cesantes a su antojo, o destruyendo la carrera administrativa con la creación de cargos “políticos” en jerarquías bajas que debieran cubrirse con estabilidad, trasladando ilegítimamente al que molesta, etcétera.
Los resultados están a la vista. Cada vez aparece un episodio de corrupción en el Estado, sabemos con certeza que no pudo cometerse sin el conocimiento de numerosos empleados públicos, que optaron por la “obediencia debida” para evitar la persecución.
Los jueces han sido reticentes en desarrollar el derecho a la estabilidad propia del empleado público, en cortar de cuajo estas maniobras. Por ejemplo, el desarrollo del derecho a “libertad de prensa”, permite que se incluyan emisoras de radio, televisión, y redes sociales. Pero los jueces rara vez castigan las maniobras para suprimir la estabilidad propia o la carrera administrativa.
La CSJN en el caso “Madorran” (2007) pareció iniciar el camino del reconocimiento: “La consagración de la estabilidad del empleado público constituye un claro interés público en la proscripción de la arbitrariedad jerárquica o de la política partidaria en la organización burocrática estatal…  (evitar el) deterioro de la función pública con notorio perjuicio de quienes son sus destinatarios… la actora no pudo válidamente ser segregada de su empleo sin invocación de una causa justificada y razonable, de manera que su reclamo de reinstalación resulta procedente”. Pero el Supremo Tribunal luego quedó entrampado en la deferencia al ejecutivo, no volvió a condenar a la reincorporación, y sólo admitió una indemnización, o lo dejó al criterio del tribunal inferior.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 31 de agosto de 2017, en el Caso Lagos del Campo Vs. Perú, reconoció el derecho a la estabilidad laboral con base en el art. 26 CADH, incorporado a nuestra Constitución con jerarquía constitucional, y reiteró la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, Extraño, tanto funcionario político, y ¿ninguno lo leyó?
Y los gobernantes –cebados por su éxito– cada vez van por más, ahora con maniobras análogas para vulnerar la inamovilidad constitucional de los propios jueces, o destruir su credibilidad pública. El notable poema atribuido a Bertold Bretch advierte sobre esa mirada indiferente: “luego vinieron por mí, pero ya no quedaba nadie que dijera nada”.
Con distintos niveles de intensidad, los magistrados y el resto de los empleados públicos, son los custodios de la Constitución, las leyes y los derechos humanos.
Los empleados de FANAZUL
Alrededor de 35 empleados de la fábrica habían alcanzado la estabilidad, y no fueron despedidos. A los demás, “no se renovaron los contratos”, eufemismo propio de la mentira electoral, con que pretenden disfrazar la cesantía de unos 219 empleados. La frase quiere ser tranquilizadora para la opinión pública ¿acaso no sabían que el contrato finalizaba? Pero oculta la simulación, el fraude, la ilegalidad.
La incorporación por “contrato” de un empleado público, constituye un fraude a la ley siempre que se cubran tareas permanentes que se extienden más de uno o dos años, plazo en que se adquiere la estabilidad propia. Ilegitimidad de los gobernantes que tiene por fin precarizar al trabajador, sometiéndolo a la voluntad del que manda, obligándolo a adherir a ideologías o participar en actividades políticas del gobernantes de turno. Son las reglas de juego que pone el estado, y los necesitados de trabajo deben aceptarlas. Hay fabriqueros que llevan más de 20 años de “contratados”. Otros ya fueron cesanteados antes, sin invocación de justa causa o sumario administrativo.
La jurisprudencia reconoce que en esos casos existe fraude, simulación e ilegitimidad, pero en lugar de reincorporar al agente, condenan al estado al pago de una indemnización similar al cese sin causa de un empleado privado. El Juez ni siquiera le impone la prohibición de designar a otro en reemplazo, salvo concurso en el que se convoque al cesanteado.
Un criterio muy permeable a las necesidades del poder político, que usa el empleo público como insumo electoral, entre otras herramientas clientelares, que degradan la democracia.
Pero los gobernantes nacionales, en el caso de FANAZUL, ni siquiera han actuado en ese marco mínimo, notificando el cese y abonando la indemnización.
Los derechos humanos básicos –entre ellos el derecho al trabajo y a la estabilidad– se han incorporado al bien común. Ningún gobernante puede hoy alegar que actúa en el interés público, sin justificar la necesidad de la gravísima afectación a los derechos de los cesanteados, y compensarlos económicamente por el perjuicio que sufren. Lo mismo ocurre con la expropiación, no importa cuán importante sea construir una escuela, hay que pagarle el valor al dueño de la casa. Aquí es más grave, porque ningún resarcimiento le devuelve el empleo, ni asegura el bienestar de la familia.
La excepcionalidad del caso FANAZUL
Desde que se dictó sentencia en “Madorran” (2007), las cesantías de empleados públicos designados en fraude a la ley, siempre fueron individuales o, cuanto más, de unos pocos empleados. Además, el conflicto sólo aparece con el cese, porque en la mayoría de los casos se renuevan los contratos hasta que se reconoce la estabilidad propia.
Nunca la Justicia ha tenido que resolver un caso análogo, adonde el 85% del personal esté en esa condición, que ni siquiera son designaciones recientes, sino que algunos tienen más de 20 años de “contratados”, en un ente estatal que tiene 70 años de existencia.
Podemos presumir que los trabajadores de FANAZUL tendrían una buena posibilidad de que se aplique la doctrina “Madorran”, logrando una sentencia judicial que ordene el reingreso al empleo público, con estabilidad propia. Ello anularía para el gobierno el “beneficio” de cerrar la fábrica, e impondría el deber de tratar de reubicarlos.
La razón es muy simple, admitir que el estado pueda disponer del 85% del personal de un ente estatal, en esas condiciones, significaría concluir que el ejecutivo puede actuar derogando el derecho constitucional consagrado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Abrir y cerrar un organismo a su antojo, lo que ya no es el fraude a la ley en un caso, o en unos pocos casos, sino una operatoria fraudulenta con el conjunto de los trabajadores.
El Sindicato que los representa tendría la legitimación colectiva necesaria para un planteo de esta índole. Así se los he transmitido a quienes me han consultado desde el arco político.
La efectivización de los derechos sólo es posible a partir de la lucha constante,  en los diversos frentes que brinda la democracia. Las demandas judiciales colectivas, en materia de derechos humanos, constituye una forma de protesta social, que complementa las otras vías –gestiones ante autoridades, movilizaciones en la calle, etcétera– como expresión directa de esa democracia.
¿Se animará un Juez a tanto? Enseña el Profesor Ciuro Caldani que, en cierto modo, hay una jurisdicción difusa que ejerce el conjunto de la sociedad. Las decisiones judiciales más difíciles, se allanan para el magistrado cuando la sociedad acompaña el reclamo. Y creo que este es el caso.
(*) Abogado, docente.
 

¡Deja un Comentario!

1 Comment

  1. juan

    28 de febrero de 2018 at 2:59 pm

    No hable sin conocer las causas reales de lo que pasa, esta decision estaba desde los años 90 por parte de fabricaciones y en ese año no se concreto y si se despidio a 250 empleados luego vinieron la campora y devido y incorporaron empleados a mansalva y mandando plata para poder robar y llegamos a esto una fábrica para 100 personas que tenia 268 ademas del personal de empresas externas que tabajaban , pero todos se dieron cuenta ahora que esto no podia ser

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *