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09-03-2018

EL ABOGADO DEFENSOR


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Escribe Dr. Germán Fernando Senn *
La profesión de abogado es una de las más criticadas en estos tiempos, sin embargo los ataques recrudecen aún más cuando hablamos del rol del “abogado defensor”, es decir del abogado que defiende a una persona acusada de cometer un delito.
Tendremos que partir de la base que el abogado es un profesional como cualquier otro, y por lo tanto su trabajo está regulado por ciertas normas legales, morales y éticas, considerándose que el no cumplimiento de tales directivas implica un incorrecto ejercicio de la profesión. No obstante ello, el solo hecho de defender a una persona que está sospechada de cometer un delito no convierte al abogado en un ser despreciable carente de principios éticos y/o morales.
Nuestra Constitución Nacional dice que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir hasta que sea condenada, habiendo sido previamente sometida a un juicio con el debido respeto a las garantías que la propia Constitución establece, y hasta que dicha condena quede “firme”, es decir que se cumpla con el acceso a la doble instancia judicial que posibilite que un Tribunal Superior revise esa condena, y en todo caso la confirme o la modifique. Todo ello es importante destacarlo para entender que un abogado defensor no está defendiendo a un ladrón, sino a un acusado de cometer un robo; no está defendiendo a un asesino, sino a un acusado de cometer un homicidio, y así con todos y cada uno de los delitos.
Por otra parte, tampoco es justo identificar al abogado defensor con el acusado, o incluso con el delito por el cual se acusa a su defendido, ya que muchas veces –y en el rigor del embate social y mediático- se le adjudican directamente al letrado, como si le fueran propias, ciertas circunstancias surgidas de la causa o de la persona que se encuentra defendiendo en esa oportunidad.
El rol de abogado defensor ejercido de manera particular resulta ser un poco más laxo, ya que es el profesional quien elige las causas que más le interesa defender, las que le brindan mayor reconocimiento profesional, o incluso mayor rédito económico. No sucede lo mismo cuando hablamos de la “defensa pública”, que es ejercida por un abogado defensor que pertenece al Estado y que no tiene la posibilidad de elegir sus defendidos; aquí vale decir que toda persona acusada de un delito tiene el derecho constitucional –irrenunciable- de ser asistido por un defensor oficial en tanto no designe a uno particular –este último llamado abogado de confianza o abogado de la matrícula-.
Una idea extendida popularmente –aunque absolutamente equivocada- es que muchas veces “el abogado deja libre a su defendido”. Nada más lejos de la realidad. El abogado defensor ejerce su labor haciendo pedidos ante el Juez, estando por otra parte obligado por las normas que regulan la profesión a realizar todos y cada uno de los planteos que hacen a una mejor defensa, siendo el Juez quien toma la decisión en última instancia con la debida fundamentación, y en ciertas ocasiones con la oposición del fiscal o el aval del mismo, según de qué acto procesal se trate.
Así es que el abogado defensor, -dentro del marco del respeto ineludible a la Constitución Nacional y a las leyes, pero también pudiendo fundamentar sus pedidos en la jurisprudencia o en las doctrinas vigentes, y siempre que las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa lo habiliten- “debe” pedirle al Juez –por ejemplo- que su defendido sea puesto en libertad durante el proceso, o ya en el juicio oral, solicitar su absolución o que se le aplique el mínimo de la pena. Y en definitiva, será el propio Juez quien deba fundamentar la decisión de dejar en libertad al acusado durante el proceso, o declararlo inocente y otorgarle la libertad en el juicio.
No nos olvidemos que un proceso penal acusatorio, como el que rige en la Provincia de Buenos Aires, está formado por 3 pilares fundamentales –en principio-. El Juez, el Fiscal, y el Acusado (con su defensor). También podrá existir un cuarto integrante que se denomina Particular Damnificado (que es ni más ni menos que la víctima o algún familiar de aquella que se incorpora como querellante). El rol de abogado defensor –como dijimos- es uno de los pilares del proceso penal, y por ello su función es tan importante.
Otro concepto erróneo es señalar que el abogado hace todo lo posible, incluso violando la ley, para defender al acusado. Eso es impensado. Seguramente existan abogados que infrinjan la ley en el ejercicio de la profesión, pero en dicho caso se someterán a la justicia por el delito que cometan. Lo habitual es que un abogado defensor realice su labor dentro del respeto por las leyes, y que aún realizándole al Juez peticiones con argumentos de extraña naturaleza jurídica, poco sustentables en derecho, o incluso inexistentes, no por ello debe entenderse que ese profesional está ejerciendo mal la defensa. Lo mismo sucede cuando se habla que el abogado encontró un “vericueto legal” o utilizó un “artilugio procesal” para mejorar la situación de su defendido. La ley está hecha por los legisladores (Poder Legislativo) y es aplicada por el Juez (Poder Judicial). Nula injerencia tiene el abogado en la creación y aplicación de las leyes, y demás está decir que si una ley existe o si una norma procesal está vigente debe cumplirse.
En dicho sentido, si el abogado defensor –por ejemplo- realiza varias apelaciones para evitar que quede firme la condena de su defendido y así continuar el proceso durante varios años, no está haciendo más que impulsar algo que le es permitido por la propia ley, y que para el caso de no ser adecuado dicho pedido, será el propio Juez que se encargue de desestimarlo, con la debida fundamentación en derecho.
Seguramente les resulte difícil a la mayoría de las personas que no han tenido ningún paso por la justicia penal, entender el rol de abogado defensor, pero estas líneas han tratado de derrumbar ciertos prejuicios y mitos en torno a ello.
*Abogado Penalista
Tomo XXXVIII Folio 325 C.A.S.I.




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