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04-03-2019

El silencio de las inocentes #NiñasNoMadres


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En 1921 se estableció en el Código Penal de nuestro país la no punibilidad del aborto en casos de violación y en embarazos de mujeres incapaces, desde el año 1994 es derecho constitucional de las niñas a ser oídas y en 2007 nuestro país fue condenado por la Corte IDH por negar el acceso al aborto a una niña violada. ¿Por qué, entonces, la sociedad sigue impidiendo a las niñas vulneradas el acceso a sus derechos humanos más básicos?



Escribe Moira Goldenhörn (*)

“Calladita te ves más bonita” dicen en la tele, “Quedate quieta, bien sentada, callada y con linda cara” me decía mi abuela al llegar a las reuniones sociales. Parece ser que esas normas sociales  destinadas a las niñas de antaño han prendido fuerte en el conservadurismo de la sociedad norteña argentina, donde el poder judicial y el poder médico también manda a las niñas a quedarse quietas y calladas. Y con linda cara, con cara de “madrazas”, de “Niñas Madres con Mayúsculas” como tituló la infame nota de La Nación hace algunas semanas.

La niña tucumana de 11 años, violada por la pareja de su abuela, embarazada a consecuencia de esa violación, pidió hace dos meses a los médicos de Tucumán “que le saquen lo que le puso adentro el viejo”, cuando, cursando 16 semanas de gestación, llegó al hospital por su segundo intento de suicidio. Sin embargo, los médicos y los grupos de personas  autodenominados “pro vida” judicializaron el pedido de la niña, y pospusieron su tratamiento médico por 8 semanas, contraviniendo varias normas: el Código Penal argentino, la Constitución Nacional en lo referente a los Tratados Internacionales de la Infancia y de los Derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y, más grave aún, el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso LMR que sancionó a nuestro país en el año 2007 por negar el aborto a una niña de Guernica, discapacitada y violada.

Hace pocas semanas, en Jujuy, otra niña violada también fue obligada a parir. Luego de dilatar un mes y medio una gestación de casi 19 semanas que fue forzada para llegar a las 24. Horas después de la cesárea falleció el producto de esa violación, el que, una vez extraído del cuerpo de la niña, fue una beba bautizada en el catolicismo con el nombre de “Esperanza”, y sobre quien el Gobernador ya había dispuesto su adopción por parte de “una familia importante” antes de ser practicada la cesárea, violando también las normas relativas a las adopciones e imponiendo sobre la niña y su familia una serie de trámites innecesarios relativos al nacimiento con vida y fallecimiento, agravando la tortura de la niña que no quería ser madre.

Unas y otras medidas autoritarias e ilegales disponen sobre la vida de las niñas vulneradas en su feminidad, imponiéndoles gestación forzada, cesárea forzada, maternidad forzada... y adopción ilegal. ¿Por qué son consideradas moralmente lícitas para algunas personas? ¿Por qué escandaliza más el aborto de una violación que la violación? ¿Por qué importa más la vida de un feto que la de una niña violada? ¿Por qué los grupos pro vida defienden la adopción irregular de un feto y no consiguen que familias (importantes o no importantes) adopten regularmente a l@s miles de niños y niñas que se crían en hogares de huérfan@s? ¿por qué a nadie escandaliza el congelamiento y descarte de embriones humanos ni el denominado “alquiler de vientres”? ¿Por qué siempre son pobres las niñas violadas obligadas a parir?

Estas consideraciones sobre las incoherencias entre discurso y práctica de los sectores autodenominados “pro vida”, que no se permiten una praxis de la compasión ni de la misericordia, sino del autoritarismo y la condena social en clave tumultuosa, permiten ver que hay cuestiones morales subyacentes que no están sustentadas en el amparo de las personas vulnerables y vulneradas, que es el basamento ético de la teoría de los Derechos Humanos. Y ello así, porque de hacerlo, implicaría considerar a las niñas en particular y a la infancia en general como aquello que por concepto les es negado: personas con voz y sujetos de derecho.

Recordemos que la palabra “infante” quiere decir “sin voz”, y que, hasta mediados del Siglo XX, los niños y niñas no tenían mayores consideraciones sociales que en cuanto fueran mano de obra barata o esclava, ni legales que en cuanto promesas de continuar la estirpe al heredar títulos y fortunas en familias privilegiadas.

Pues bien, en el contexto actual ¿cuánto ha cambiado la consideración de las infancias para el poder judicial y el poder médico? ¿Cuántos niños y niñas son obligados judicialmente a convivir y vincularse con padres violentos y abusadores? ¿Cuánto se les escucha para establecer cuál es su “superior interés”? ¿Desde qué posicionamiento moral se actúa silenciando a los niños y niñas como un acto de justicia por sobre las leyes, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales? ¿Son tratados uniformemente los niños y niñas de todos los sectores sociales?

Quizás una pista para responder a estos interrogantes esté en las palabras del filósofo Diego Singer cuando dice “ganaremos mucho más si tratamos de pensar de qué modo nuestro concepto de lo justo se fue cimentando, qué lazos, qué experiencias, qué identificaciones lo sustentan. Es necesario multiplicar el ejercicio que implica realizar una genealogía de la moral, y comprender la necesidad de las orientaciones morales en un mundo cada vez más incierto, si nos interesa que no se terminen configurando de formas destructivas”.

 

 

(*) Abogada, docente-investigadora.



Ciencias Económicas | Pie de Noticias

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