FALLO DE UN JUICIO ORAL

Condenado por la portación ilegal de un revólver

 

En un debate en un Tribunal local, a un cachariense le impusieron dos años y cuatro meses de prisión en suspenso y otra sanción que lo inhabilita por el doble del tiempo de esa pena para portar armas. En febrero de 2015 policías habían hallado en su auto un revólver calibre 38, un arma que el hombre no contaba con la autorización legal para llevar.

Un juicio oral llevado a cabo días atrás en un Tribunal local derivó en la imposición a un cachariense de una condena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso y de otra que lo inhabilita especialmente por el doble de plazo de esa pena para portar armas. El encausado fue hallado autor penalmente responsable del delito de portación de arma de guerra de uso civil condicional sin la debida autorización.

El imputado y condenado en esta primera instancia en ese juicio que se hizo en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 fue identificado como Roberto Carlos González, de 35 años.

En forma unipersonal había intervenido en el proceso la jueza Alejandra Raverta, quien dio por acreditado que el hombre tenía en el interior de su automóvil un revólver calibre 38 marca “Orbea hermanos y Compañía”, el cual estaba al momento de su hallazgo “cargado con cinco proyectiles” y “en condiciones inminentes de uso”, situación para la que el encausado no contaba con la debida autorización legal.

De acuerdo con testimonios referidos en el debate, el arma en cuestión había sido hallada por personal policial en horas de la tarde del 5 de febrero de 2015, en momentos que los efectivos de seguridad llevaban a cabo una orden de registro en el automóvil del González: un Citroën Aircross que estaba parado en el cruce de las calles San Martín y Las Flores de la vecina localidad de Cacharí.

Uno de los policías que declaró en el juicio contó que al momento de requisar el auto el mismo se encontraba en cercanías a la pileta del CEF y que fue el propio González el que entregó “voluntariamente” a los efectivos de seguridad el arma.

Una perito experta en balística señaló que el arma “era apta para efectuar disparos”, que su estado de conservación era buena y que tenía la numeración “borrosa”. Esa especialista afirmó también que “era un arma vieja pero no una reliquia”.

A escala penal, el revólver incautado en ese procedimiento es considerado “de uso civil condicional”, por lo que se requiere autorización del RENAR para portarlo, algo que el hombre condenado en este juicio no poseía.

“Sobre si el arma era de su propiedad o se la habían regalado”, escribió la jueza con relación al encausado, “lo cierto es que carecía de permiso de portación”.

La jueza concluyó en el fallo que el hombre, más allá de que portaba en forma ilegal el mencionado revólver, “no se proponía cometer ‘otro hecho punible’ distinto al que fuera materia de este proceso, teniendo en cuenta que diferentes testigos habían afirmado en el debate que González tenía el arma de fuego “porque estaba amenazado”.

“Teniendo en cuenta la naturaleza del hecho, la falta de antecedentes del imputado y su actitud posterior al delito considero inconveniente aplicar efectivamente la privación de libertad”, sostuvo también la jueza Raverta, por lo que le impuso al encausado -como pautas de conducta- “la obligación de fijar residencia y someterse al Patronato de Liberados por el plazo de dos años”.

El dato

Sólo habían sido computadas para el cachariense condenado en este juicio oral circunstancias atenuantes. En ese contexto, se valoraron para el hombre su “ausencia de antecedentes penales” y “la colaboración prestada a los funcionarios policiales en oportunidad en que éstos efectuaron el registro de su rodado”.

¡Deja un Comentario!

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *