FALLO DE UN JUICIO ORAL

Condenaron ayer a un hombre a dos años de prisión en suspenso y al pago de 20.000 pesos de multa

 

Un juez Correccional halló al encausado, un transportista azuleño, autor del delito “incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”. Según quedó probado en el debate, el hombre estuvo durante dieciocho años sin pagar la cuota alimentaria de dos de sus hijos cuando estaba en condiciones económicas de hacerlo. “El causante se sustrajo voluntariamente al cumplimiento de sus obligaciones alimentarias con relación a sus hijos durante todo el período en que los mismos fueron menores de edad, desinteresándose completamente de sus bienestares tanto económico como afectivo”, señaló el juez que intervino en el proceso.

 

Aníbal Álvarez. El titular del Juzgado Correccional número 1 intervino en el debate que finalizó ayer con la condena para el transportista azuleño que no cumplió con el pago de la cuota alimentaria para dos de los hijos que tiene.
ARCHIVO/EL TIEMPO
Laura Margaretic y Julio César Vélez. Respectivamente, fiscal y uno de los abogados querellantes que tuvo este caso. Ambas partes sostenían que el encausado había ocultado intencionalmente bienes de su propiedad, que puso a nombre de otros hijos que posee, para evitar cumplir con la obligación de la cuota alimentaria. Pero para el juez que intervino en este debate esa circunstancia no quedó fehacientemente acreditada.
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Laura Margaretic y Julio César Vélez. Respectivamente, fiscal y uno de los abogados querellantes que tuvo este caso. Ambas partes sostenían que el encausado había ocultado intencionalmente bienes de su propiedad, que puso a nombre de otros hijos que posee, para evitar cumplir con la obligación de la cuota alimentaria. Pero para el juez que intervino en este debate esa circunstancia no quedó fehacientemente acreditada. ARCHIVO/EL TIEMPO

Un hombre fue condenado ayer a dos años de prisión en suspenso y deberá pagar una multa de 20.000 pesos, al ser hallado en un juicio autor del delito incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, informaron fuentes judiciales.

Según lo que quedó probado en ese proceso desarrollado en los Tribunales de Azul, el encausado no cumplió durante dieciocho años con la cuota alimentaria para dos de sus hijos cuando contaba “con los medios para hacerlo”, mencionó en el fallo el juez que intervino en el debate.

El juicio se llevó a cabo en el Juzgado Correccional número 1 que está a cargo del Dr. Aníbal Álvarez. El hombre condenado es un transportista azuleño y tiene 52 años.

El juez ubicó al lapso de tiempo en que el imputado no cumplió con la cuota alimentaria para dos de sus hijos entre el 19 de diciembre de 1997 y esa misma fecha del año 2015.

Durante esos dieciocho años, R.C.P. (tal la sigla de los nombres y el apellido del encausado) “incumplió deliberadamente los deberes inherentes a la patria potestad con relación a sus hijos menores de edad”: un varón y una mujer que actualmente tienen ambos 18 años y que, durante todo ese tiempo anteriormente referido, vivieron con su madre.

De esa manera, según quedó probado en este proceso, el azuleño condenado ayer omitió “proveerle los medios indispensables para su subsistencia” a dos de sus hijos cuando, en realidad, contaba con los elementos para hacerlo.

“Nunca cumplió con nada”

Uno de los testimonios valorados para condenar al encausado en esta primera instancia fue el brindado en el debate por la madre de los dos hijos: una mujer que -según contó- convivió sólo algunos meses con el azuleño, en el marco de una relación de pareja que se extendió por alrededor de cuatro años.

La mujer refirió que en 2010 había hecho una denuncia por incumplimiento de los deberes del padre, un hombre del que dijo que “nunca cumplió con nada”.

La ex pareja señaló también que para la época en que conoció al padre de sus dos hijos éste “tenia remolques” y “trabajaba para el peaje”.

“Su estándar de vida era bueno, vacacionaba, salía, vestía bien, nunca pasó miseria ni nada”, se indicó en el fallo que refirió la mujer con relación al modo de vida de su ex pareja.

Al nacer los hijos de ambos, declaró que el hombre condenado ayer “no los conoció, no fue a verlos, creía que los había visto dos veces y no los vio nunca más”.

De esa manera, cuando ambos tenían doce o trece años fue que ella se decidió a hacer la denuncia, ya que le parecía “injusto” el nivel de vida que llevaba su ex pareja –“con camionetas, cuatriciclos”– mientras que a sus dos hijos “no les daba nada”.

Otros datos brindados en el juicio por la demandante señalaron que su ex pareja trabajó también en dos empresas de productos lácteos.

“Actualmente -dijo al referirse a los bienes que el hombre posee- tiene una camioneta Amarok blanca nueva. Sus hijos lo ven circular en la misma”, aunque no mantienen relación con su padre.

“Cuando inició todo esto él tenía cosas a nombre de él y después pasó todo a nombre de sus hijos”, declaró también la demandante en alusión a otros que el transportista tuvo con otra pareja.

En ese contexto, durante el transcurso de este juicio desde la parte acusatoria había sido ampliada la imputación para el azuleño condenado ayer, ya que se sostuvo que el hombre, para eludir la obligación de cumplir con la cuota alimentaria para sus hijos, había ocultado “maliciosamente bienes de su propiedad inscribiéndolos a nombre de sus otros hijos”.

Pero el juez Álvarez sostuvo que “dicha circunstancia agravante de calificación, por la que se ampliara la acusación, no ha podido ser acreditada”.

Otro aspecto al que hizo alusión la mujer y se citó en el fallo de este juicio fue que el hombre condenado ayer, antes de que ella lo demandara en el año 2010, “intentó acercarse y les compró un chupete, una mamadera y le dio 300 pesos”.

Pero después, según declaró en el debate, “nunca se comprometió a nada” y “nunca hubo posibilidad de acordar con él”.

Se desinteresó de sus hijos

Aquella demanda iniciada hace seis años derivó en que el Juez de Familia que intervino ordenara que el hombre tenía que pagar una cuota alimentaria mensual de 2.500 pesos a favor de sus hijos, la misma que -al no cumplir en tiempo y forma- derivó ahora en la realización de este juicio que ayer finalizó con la condena para el transportista a las sanciones ya referidas: dos años de prisión en suspenso y el pago de una multa de 20.000 pesos.

Los testimonios y otras pruebas incorporadas al debate sirvieron para que el juez Álvarez diera por acreditado que existió por parte del imputado “falta de colaboración en el sostenimiento tanto económico como afectivo de sus hijos”.

En ese contexto, citó la sentencia del Juez de Familia por la cual tenía que pagar una cuota alimentaria de 2.500 pesos por mes en una cuenta abierta a tal efecto, la cual “sólo registró movimientos a partir del mes de abril de 2.014, depositándose un total de siete mil doscientos pesos, entre el referido mes y el de enero del corriente año, lo que no sólo está muy lejos de la suma fijada en la Sentencia, sino que resulta más que insuficiente para contribuir al sostenimiento de sus hijos que, por ese entonces, ya eran adolescentes”.

En otro tramo del fallo, el juez Álvarez señaló: “La Defensa ha planteado que su asistido no se había sustraído dolosamente de prestar los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos, sino que no tenía capacidad económica para hacerlo, ya que carecía de ingresos fijos”.

“Al respecto -respondió el titular del Juzgado Correccional 1-, cabe señalar que de la prueba incorporada por lectura surge que, entre los años 2.002 y 2.010, el imputado prestaba servicios para LuzAzul S.A., desempeñándose como transportista y recibiendo pagos semanales por su prestación…, época en la cual no realizó ningún aporte para la subsistencia de sus hijos”.

“Con relación a los servicios que prestaba a la referida empresa, corresponde señalar que aparece al menos como llamativo que, a partir de que se iniciara el reclamo civil por parte de la denunciante, el causante dejara de prestar servicios a dicha empresa, pasando a hacerlo su padre, lo que podría entenderse como una manera de sustraer sus ingresos de un posible embargo”.

“A lo expuesto cabe agregar que con posterioridad el imputado prestaba servicios para otra empresa láctea, denominada “Yatasto”, lo que permite suponer que percibía ingresos por su actividad”.

“Finalmente, corresponde señalar que los testimonios recepcionados en la audiencia permiten acreditar que el causante lleva, desde siempre, una vida propia de una persona de clase media, que se moviliza continuamente en un vehículo importante (una camioneta Amarok, cuya valor oscila en los 500.000 pesos) y que no pasa necesidades económicas”.

“Todo ello me inclina a desechar lo señalado por la Defensa respecto a que no se sustrajo voluntariamente a sus obligaciones para con sus hijos sino porque carecía de medios económicos para hacerlo, ya que por más de dieciséis años -aun teniendo trabajos remunerados como se ha acreditado- no aportó nada para la subsistencia de los mismos, y cuando lo hizo -a partir de que en la presente causa se formulara la Requisitoria de Elevación a Juicio, lo que permite sospechar que fue para mejorar su situación procesal- fue en cantidades ínfimas, por demás insuficientes para colaborar mínimamente con el bienestar de sus hijos”.

El causante se sustrajo voluntariamente al cumplimiento de sus obligaciones alimentarias con relación a sus hijos durante todo el período en que los mismos fueron menores de edad, desinteresándose completamente de sus bienestares tanto económico como afectivo”, concluyó el juez.

El dato

El tipo de pena que el transportista recibió, de prisión en suspenso, implicó que le fueran fijadas como pautas de conducta -durante dos años- las obligaciones de “constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados”. Tal como lo había solicitado en su alegato la fiscal Laura Margaretic, el juez valoró como agravantes para el encausado “la extensión en el tiempo de la omisión de asistencia, desde el nacimiento hasta la mayoría de edad de sus hijos; y el daño moral y psicológico provocado en ellos”. Mientras que al hombre lo representó en el juicio el Dr. Daniel Pérez Guedes, como querellantes en el proceso se desempeñaron los abogados Julio César Vélez y Agustina Lomolino.

 

 

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