CUADRAGÉSIMA OCTAVA ENTREGA.

Derecho del trabajo.

El procedimiento de los juicios laborales en la provincia de Buenos Aires, está en crisis.

Escribe: Dr. Aníbal Bocchio (*)


El procedimiento de los juicios laborales en la provincia de Buenos Aires, está en crisis…y no es para menos, ya que la ley que lo reglamenta (ley provincial 11.653) tiene  nada menos que 70 años de antigüedad y sus normas están totalmente perimidas y resultan hoy totalmente anacrónicas y no colaboran con la celeridad (rapidez) del proceso, sino con tornar los juicios interminables, para perjuicio de todas las partes, sobre todo en épocas de inflación como la que nos toca vivir.

El procedimiento actual atenta contra la justicia misma, ya que las audiencias orales se posponen una y otra vez, desanimando a las partes, a sus abogados, a los testigos propuestos y la citación del tribunal del trabajo tiene cada vez menos peso, a punto tal, que cuando por tercera o cuarta vez se cita a los testigos para que concurran al juicio oral (denominado Vista de Causa) no va ninguno, o solo va un par, que obviamente están muy lejos de permitir al Tribunal llegar a la verdad de lo acontecido. Pareciera que gana el más perseverante, el que logra que sus testigos sigan concurriendo en balde a audiencias que se suspenden una y otra vez… y ello está muy lejos de ser una definición “Justa”.

La Propuesta   

Como único remedio, proponemos la conversión de los actuales tribunales en juzgados unipersonales. (No tribunales como los actuales compuestos por 3 jueces, sino Juzgados laborales a cargo de un solo juez, que se dedique a dirigir un proceso ágil y rápido).

Entendemos superada toda discusión sobre la conveniencia de mantener su oralidad.

Con el simple mecanismo de filmar las audiencias de vista de causa se garantiza plenamente el debido proceso.

Simplemente, es esta “Instancia Única” la que se dividiría en dos “etapas”, sin modificar, ni mucho menos disminuir, la jerarquía de nuestros magistrados. Y desde luego Cámaras de Apelación para cumplir con el precepto constitucional de la Doble instancia, pero… estas Cámaras deben instalarse una por cada departamento judicial, y no como planea el actual gobierno para ahorrar dinero y funcionarios, Cámaras inter departamentales que abarquen 2 o 3 departamentos judiciales, y que obligarían a los letrados del centro de la provincia a trasladarse a Mar del Plata o Bahía Blanca para seguir el trámite de los recursos. Ello implicaría además que dichas Cámaras inter departamentales estén abarrotadas de causas y el tiempo de finalización de los juicios sería peor que en la actualidad. Sin perjuicio de que entendemos desde el Foro de institutos Laborales de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que estas Cámaras inter departamentales serían de una flagrante Inconstitucionalidad, por elemental violación de los principios de acceso a la justicia y progresividad y las irreversibles demoras procesales que su funcionamiento generaría.

Sin testigos no hay justicia  

 Imprescindible resulta garantizar la producción de la prueba testimonial.

En ese sentido, entendemos que el actual ordenamiento resulta violatorio del principio de igualdad procesal.

Máxime, cuando constituye un hecho público y notorio que la utilización a tal fin de la fuerza pública (La policía, que debería trasladar a los testigos remisos -perezosos y remolones- en un patrullero) ha devenido en una práctica “totalmente ineficaz” en la realidad cotidiana, dado el sistemático incumplimiento de los funcionarios policiales.

Resulta casi imposible asegurar la presencia de testigos que comparecieron “inútilmente” a dos vistas anteriores no realizadas.

Es práctica usual y habitual de la gran mayoría de nuestros tribunales de trabajo suspender dichas audiencias, como mínimo, en dos oportunidades.

Las estadísticas pueden confirmar fácilmente esta afirmación.

Con ello, ven severamente limitadas sus posibilidades de lograr un debido proceso que garantice la realización de los derechos de las partes.

El vicio descripto realimenta las nuevas y permanentes suspensiones de las vistas y culmina obligando a la admisión de forzados acuerdos conciliatorios, por importes muy inferiores a los que podrían alcanzarse en un marco de igualdad probatoria.

PARA ELLO, PROPONEMOS ESTABLECER: 

  1. a)La fijación de las fechas de las vistas de causa (juicios orales) sólo cuando no exista prueba pericial pendiente de producción.
  2. b)La obligatoriedad de filmación.
  3. c) La expresa y sancionable prohibición de norecepcionarlas declaraciones en oportunidad de la primera concurrencia de los testigos. El Juez deberá tomar declaración a los testigos que concurran, y desdoblar la audiencia, con un cuarto intermedio mientras concurren los testigos faltantes.
  4. d)La plena aplicación de los sencillos mecanismos actuales de integración, en los casos de ausencia de algún magistrado.
  5. e)La obligatoriedad para las partes (los abogados de cada uno) de notificar a sus testigos propuestos y de denunciar sus cambios de domicilio, con la debida antelación y diligencia y bajo apercibimiento de tenerlas por desistidas de dicha prueba en caso de incumplimiento.
  6. f)La realización de cuartos intermedios, por la mínima cantidad de horas necesarias para asegurar la comparecencia de los testigos debidamente notificados y que se encontraren ausentes, ya sea mediante la asunción de compromisos por la parte interesada enlas declaraciones o por la inmediata y activa gestión del Tribunal ante las autoridades policiales.

De toda esta propuesta, surgirán juicios más justos, con mayores pruebas desarrolladas y más cercanos a la verdad.

ACLARACIÓN: El autor de este trabajo ha priorizado el entendimiento del mismo por parte de personas corrientes, sin conocimiento del idioma jurídico, razón por la cual en la redacción se a tratado de prescindir de terminología específicamente legal.

 (*) Abogado laboralista.

www.estudiobocchio.com.ar  

 

EL DATO:

El contenido de la sección tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún   caso ser considerado como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el usuario contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. Diario EL TIEMPO no se responsabilizará por las respuestas ni garantizará en modo alguno las mismas, como así tampoco será responsable por las decisiones de los lectores tomadas a partir de ellas

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