CUADRAGÉSIMA NOVENA ENTREGA

Derecho del Trabajo


¿La indemnización del trabajador incapacitado por una enfermedad inculpable o un accidente ajeno al trabajo debe soportarla el empleador o el Estado mediante un seguro adicional?

Escribe: Dr. Aníbal Bocchio (*)

EL DATO:

El contenido de la sección tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún   caso ser considerado como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el usuario contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. Diario EL TIEMPO no se responsabilizará por las respuestas ni garantizará en modo alguno las mismas, como así tampoco será responsable por las decisiones de los lectores tomadas a partir de ellas

La enfermedad del trabajador debidamente certificada por médico habilitado da lugar a  una licencia, cuyo plazo depende de la antigüedad y de las cargas de familia del trabajador. Así, si la antigüedad fuera menor de 5 años la licencia máxima es de 3 meses (puede faltar 3 meses con goce de sueldo); y si el mismo tuviere cargas de familia el plazo se amplía a 6 meses de licencia. En los casos en que el trabajador tuviera más de 5 años de antigüedad la licencia máxima por enfermedad será de 6 meses; y si a su vez tuviera familiares a cargo se amplía a 12 meses. Las recaídas de la misma enfermedad no dan lugar a renovar la misma licencia salvo que hayan pasado 2 años de la anterior.

Una vez vencidos los plazos de licencia médica paga por enfermedad, si el trabajador aún no ha logrado el alta médica ingresa en lo que se denomina período de conservación del empleo por 1 año sin goce de haberes. Si antes del año el trabajador es dado de alta por el médico se reintegra normalmente a sus tareas habituales, pero si transcurre el año sin que las partes manifiesten su voluntad de continuar la relación laboral, o la imposibilidad de hacerlo el contrato de trabajo queda extinguido sin pago de indemnización alguna.

Qué dice la Ley en curso   

Cuando el trabajador es dado de alta por el médico, pero con algún grado de incapacidad laborativa que puede ser temporaria o permanente, corresponde según la ley vigente:

1) que el empleador le otorgue tareas pasivas adecuadas a su discapacidad.

2) Si el empleador no posee ese tipo de tareas en su establecimiento deberá pagar al trabajador una indemnización igual a la mitad de la que se abona por despido incausado (o sea, correspondería el pago de medio sueldo por año de servicio). En el caso de que el empleador tuviera en su establecimiento ese tipo de tareas, pero se las negara al trabajador incapacitado corresponde que se abone una indemnización íntegra por despido (un mes de sueldo por cada año de servicio).

3) En caso de incapacidad absoluta (aquella que no permite la realización de ninguna tarea remunerada, con cumplimiento de horario, traslado al lugar de trabajo y esfuerzo mínimo necesario para el desarrollo normal de una actividad rentada) corresponde que el empleador le abone al trabajador una indemnización por despido completa. (Artículo 212 de la Ley de Contrato de trabajo).

La posición de la Corte  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el juicio: “Mansilla, Manuel A. c/ Compañía Azucarera Juan M. Terán – Ingenio Santa Bárbara”, de fecha 30/03/1982, condenó al patrón al pago de la indemnización por incapacidad absoluta (Art. 212 4° párrafo LCT: el mismo monto que la indemnización por despido incausado), entendiendo a esta última como una prestación de la seguridad social que se encuadra formalmente en el ámbito laboral. El máximo tribunal sostuvo que ello es una carga que emana del contrato de trabajo cuyo monto debe satisfacer directamente el principal a su empleado, si se tiene en cuenta que el trabajo humano se apoya en principios de cooperación, solidaridad y justicia, también amparados por los Arts. 14, 14 bis, 33, 67 Inc. 26 y 28 de la Constitución Nacional (actualmente Art. 75 Inc. 18 y 32), por lo que es una obligación de los empleadores que utilizan los servicios ajenos preservar la salud de aquellos que los prestan. La Corte rechazó los planteos de inconstitucionalidad en contra de la citada norma al sostener que no viola el Art. 14 bis de la Constitución Nacional que establece que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social”, por cuanto ello no implica que la cobertura de las contingencias sociales (vejez, invalidez, muerte, etc.), deba estar exclusivamente a cargo del Estado y financiada por este, sino que el texto constitucional hace referencia a los objetivos que corresponde cumplir al legislador. Por último, la Corte Suprema rebatió el agravio de una supuesta superposición de aportes al afirmar que la indemnización en cuestión no es un aporte, sino una carga derivada del contrato de trabajo cuyo importe debe ser satisfecho por el empleador.

MI  OPINIÓN: Considero que ya es tiempo que sean los organismos previsionales los encargados de cubrir la contingencia por incapacidad del trabajador (ya sea parcial, que no permite el cumplimiento de sus tareas; o absoluta, que no permite la realización de ninguna tarea remunerada, con cumplimiento de horario, traslado al lugar de trabajo y esfuerzo mínimo necesario para el desarrollo normal de una actividad rentada) que hubiere sufrido una enfermedad o accidente inculpable, debiendo deslindarse de responsabilidad al empleador que nada tuvo que ver en el siniestro, por lo que sostengo que no existe razón alguna para obligarlo a responder a este último, y el pago de una indemnización que en algunos casos (cuando el trabajador tiene mucha antigüedad – 10 o 20 o 30 años) resulta gravosísima, cuando el empleador es una mini o pequeña empresa que subsiste frente a la crisis que hoy debe desafiar.

Sin embargo, ocurre que nuestra legislación, y derecho comparado, eximen de responsabilidad objetiva si existiere caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima, o el hecho de un tercero por quien el empleador no debe responder, por cuanto estos presupuestos rompen el nexo adecuado de causalidad, por lo que resulta desaconsejable hacer responsable al empleador por estas consecuencias de enfermedades o accidentes no laborales, a las que el empleador es totalmente ajeno.

Ello no significa que no deba protegerse al trabajador siniestrado (principio que está fuera de toda discusión), sino que la cuestión es quien debe pagar esa protección.

Lógicamente, y de adoptarse esta propuesta, podría suponerse que las contribuciones patronales destinadas al Estado Nacional debieran poder cubrir este tipo de siniestros padecidos por el trabajador, sin embargo soy consciente que el trámite administrativo (y hasta judicial) de pago del beneficio previsional, muchas de las veces se vería dilatado por el organismo previsional, por lo que ante ello posiblemente la mejor solución podría ser la creación de un fondo asistencial que respalde al trabajador que sufriere este tipo de contingencias, y a ser financiado por un porcentaje fijo de las contribuciones patronales; o bien la creación de un seguro ad-hoc para este tipo de contingencias (enfermedades y accidentes no laborales).

 ACLARACIÓN: El autor de este trabajo ha priorizado el entendimiento del mismo por parte de personas corrientes, sin conocimiento del idioma jurídico, razón por la cual en la redacción se a tratado de prescindir de terminología específicamente legal.

 (*) Abogado laboralista.

www.estudiobocchio.com.ar  

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