COLUMNA DE OPINIÓN

Derecho del trabajo

Escribe: Dr. Aníbal R. Bocchio (*)

Industria del juicio laboral? o crisis general de pequeñas empresas, de empleo y de sueldos?

Hace unos días, el presidente Mauricio Macri  solicitaba “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. Días más tarde manifestaba que “si se hace trampa al sistema, se fuerza un ausentismo, se inventa un juicio, se pone un palo en la rueda y le complica la vida a todo el resto de la sociedad”. En sintonía con el presidente, Sergio Massa afirmó que “Este es el país del curro de los abogados laboralistas”. Hace unos años Cristina Kirchner –para vetar el 82% móvil para los Jubilados y para legitimar la infame Ley de Riesgos de Trabajo- también recurrió a las falacias de la “industria del Juicio” y de “los abogados carancho”. Carlos Menem, durante sus gobiernos, también habló en reiteradas oportunidades de “la industria del Juicio”.

Está claro que esas frases son “aprietes” públicos a los jueces, pero ¿por qué tanta animosidad contra los reclamos judiciales de los trabajadores?

Se realiza este ataque sobre los trabajadores y sus abogados, porque es necesario generar una idea en el inconsciente colectivo de que éstos realizan abusos en contra de los empleadores y de las empresas. Este “curro” sería el “palo en la rueda” que “le complica la vida a todo el resto de la sociedad”, al que hoy se refiere el presidente Macri.  En síntesis: El país no se desarrolla porque los trabajadores lo impiden aprovechándose de sus empleadores. El mundo del revés.

Es en esta disputa del sentido común que nos parece oportuno analizar algunos datos para ver lo alejado de la realidad de dichas afirmaciones.

En primer lugar sólo se puede hablar de “industria del juicio” o “curro de los abogados” -términos que refieren a que los abogados, en su afán de ganar dinero injustificadamente, convencen de litigar a los trabajadores aunque no haya razones para ello- si se comprueba que hay abogados o estudios jurídicos en connivencia con jueces que dictan sentencias no ajustadas a derecho. Sin esta complicidad, no puede existir industria del juicio.

Por otra parte, es claro que si las leyes fueran justas, los organismos de contralor funcionasen, la libertad y democracia sindical fuera una realidad y la justicia fuera eficiente, disminuiría notablemente la litigiosidad.

Si los empleadores cumplieran con las leyes laborales, o si los organismos de contralor del estado hicieran eficientemente su trabajo, tampoco habría necesidad de judicializar los reclamos. Pero incluso si la justicia –que debiera ser la última instancia- fuese rápida, los empleadores sabrían que no pueden eludir el cumplimiento de la ley por mucho tiempo. Los abogados, por más “malos” que fueran, no podrían convencer a alguien que cobra lo que es justo en tiempo y forma, de hacer reclamos, que no resuelven los propios abogados, sino jueces imparciales (que según esta teoría insólita de los políticos de turno, también formarían parte del “curro” contra el empresariado argentino). Por otra parte, si los reclamos no fueran ajustados a derecho serían rechazados en sede judicial pero lo que ocurre es que los magistrados le dan la razón a los trabajadores en sus reclamos, en un porcentaje mayoritario, porque los reclamos son justos y ajustados a la ley.

Queda claro entonces que en realidad no existe una industria del juicio, ni curro, sino que sencillamente son trabajadores reclamando sus derechos –que le han sido negados por sus empleadores- en sede judicial.

A ello hay que agregar incluso que los trabajadores, aún teniendo justo derecho al reclamo, mayoritariamente postergan sus demandas en aras de cuidar su fuente laboral, ya que es prácticamente imposible reclamar judicialmente y seguir trabajando al mismo tiempo con el reclamado.

Hagamos unos cálculos sobre estadísticas sobre el tema

Si tomamos en cuenta que la Población Económicamente Activa en Argentina al segundo trimestre de 2016 era de 18.472.924 personas y que la desocupación alcanza a 1.717.982 trabajadores, nos da como resultado que hay 16.754.942 ocupados/as. De esa masa los asalariados alcanzan a casi el 75,6% de esa población (12.666.736) mientras que el resto son cuentapropistas (y unos pocos patrones).

Teniendo en cuenta que los trabajadores NO REGISTRADOS O EN NEGRO, alcanzan al 33,4% de los asalariados –situación reconocida incluso tanto por el ministro de trabajo actual como por quien lo precedió- AQUÍ TENEMOS 4.230.689 potenciales juicios por falta de registración de la relación de trabajo que no se han iniciado jamás ya que en el año 2016 la cifra aproximada de juicios laborales fue de 170.000 juicios (o sea el 0,04 %).

Por su parte, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo informó que en el año 2015 hubo en total 659.041 infortunios laborales entre accidentes y enfermedades. Obviamente este registro es sobre los trabajadores registrados. Si le sumamos un 33,4% (220.120) del trabajo sin registrar –y suponiendo que en el sector informal ocurre la misma siniestralidad que en el sector formal cuando ello no es así, ya que se trabaja en condiciones más precarias, lo que naturalmente produce más accidentes y enfermedades- nos da como resultado un total de 879.161 accidentes de trabajo producidos en el año.

A los reclamos por falta de registración o por enfermedades o accidentes laborales se les deben sumar potenciales demandas laborales por otras múltiples causales (incumplimientos de Convenios, faltas de pago de horas extras, diferencias salariales, falta de pagos de indemnizaciones, incumplimientos de la leyes laborales en general, salarios por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, etc.). Más aún, en muchos casos es posible que el reclamo laboral no llegue a promoverse porque el propio trabajador desconoce la existencia del derecho en cuestión, que de esta manera ni siquiera llega a ser negado expresamente por su empleador (por poner un ejemplo, muchos trabajadores desconocen que tienen derecho a una licencia paga por examen que, como mínimo, asciende a 10 días por año). Es imposible saber con exactitud cuántos derechos laborales se están vulnerando en la actualidad, y por ende cuántas potenciales demandas por alguna de estas causales los trabajadores no están llevando a los tribunales laborales. Asumamos, a los fines de este texto, que uno de cada diez trabajadores experimenta, en el transcurso de un año, alguna vulneración a un derecho laboral que, por la razón que fuese, decide no judicializar. Teniendo en cuenta que existen 12.666.736 asalariados, aquí deberíamos sumar 1.266.674 potenciales reclamos.

Recapitulemos entonces. Sumando 4.230.689 potenciales demandas por falta de registración + 87.916 de infortunios laborales + 1.266.674 de otros reclamos variados, tenemos como resultado que en este momento hay 5.585.279 potenciales juicios laborales en el mercado laboral argentino. Cabe destacar que esta cifra es una estimación de mínima, ya que estamos dejando de lado los potenciales pleitos por pagos parciales sin registrar, los potenciales reclamos por enfermedades y accidentes no reconocidos por la LRT y tomando las cifras mínimas en los casos que sí se contabilizan.

En la Justicia Nacional del Trabajo y en la Justicia laboral de toda la Provincia de Buenos Aires se inician en total por año 170.000 causas, que son un porcentaje mínimo e ínfimo comparado con los 5.585.279 reclamos potenciales.

Pero si del 100% de los potenciales juicios laborales, solamente se inicia un porcentaje ínfimo ¿porqué se hace tanto alboroto? Sencillamente porque estamos hablando de la rentabilidad empresarial. Si los trabajadores reclaman lo que les corresponde por ley y si la justicia resolviese rápida y eficientemente esos litigios, donde está el problema?

Entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que nos pasa?

Creemos que se están confundiendo las cosas, lo que hay en este país hoy, No es una industria del juicio y curro de los abogados laboralistas, sino una grave crisis de empleo y de sueldos que deriva de la crisis general que afecta fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa. Aclaremos este punto: Las PYMES o pequeñas y medianas empresas están pasando por una gravísima crisis económica, a la que las llevaron distintos gobiernos hasta llegar a este punto de No poder cumplir con tener los trabajadores en blanco (registrados) y no poder cumplir con las leyes laborales vigentes, aunque tengan intención de hacerlo. Porque un promedio del costo mensual por empleado según la mayoría de los convenios colectivos (Comercio, Sanidad, Smata, Utedyc, etc.) sumando el pago de la remuneración y las cargas previsionales y sociales se acercan a los $ 20.000,00 (Veinte mil Pesos) que multiplicado por solo 5 empleados nos arroja la friolera de Cien mil pesos por mes, a los que el pequeño empresario debe agregarle el pago del Alquiler del lugar de trabajo, de la luz, del gas, y de los impuestos que ejercen hoy una presión intolerable sobre el pequeño y mediano empresariado. Ello lo lleva a tener los empleados en negro o pagarles menos de lo que dice la ley, son incumplimientos forzados por la situación de crisis que crearon los sucesivos gobiernos nacionales y que hoy se los quieren endilgar “a cualquiera que pase por la vereda”.

Y como dice el dicho criollo: “El hilo se corta siempre por la parte más débil” que en este caso son los trabajadores…echémosles la culpa a ellos y a los abogados que los defienden de la crisis que pasan las pequeñas y medianas empresas…todo lo reducen al alto costo laboral…y de la producción no hablamos? De los altísimos impuestos no hablamos? Del costo desmedido de la Luz y el gas no hablamos? Y de la Falta de ventas no hablamos? Y de la importación indiscriminada que cierra día a día empresas argentinas tampoco importa?

Los trabajadores que perciben sueldos de hambre (los que están en negro solo monedas, y los que están registrados montos que deducidos los aportes jubilatorios, de obra social, los descuentos de alimentos en su caso y los embargos nunca llegan a $ 10.000 y se puede mantener una familia con 2 hijos con esa plata? Si un alquiler en Azul cuesta no menos de $ 6.000, más luz, gas, cable, teléfono, transporte, escuela, y aún tienen que comer y vestirse, etc.etc.

En realidad la culpa no la tienen los trabajadores que no son caros, ni tampoco el empresariado pequeño y mediano que está ante una situación sin salida fruto de malas o pésimas políticas económicas.

Los culpables son los sucesivos gobiernos con políticas económicas pésimas que nos han llevado a esta crisis que golpea de la misma forma a trabajadores y pequeños empresarios.

(*) Abogado laboralista

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