TRIGÉSIMA SÉPTIMA ENTREGA

Derecho del trabajo

La lucha contra los despidos. Las distintas soluciones planteadas hoy.

Escribe: Dr. Aníbal Bocchio (*)

 

Es probable que la cifra de despidos que afecta hoy los sectores público y privado de nuestro país, sea  cercana a los 100.000 casos, si consideramos que buena parte de los despidos ocurren a la sombra de las estadísticas impositivas, porque la recesión golpea a los trabajadores informales que se desempeñan en actividades que transitan una zona en degradé de grises en materia de formalización.

Si bien la situación no es de extrema emergencia, porque estamos hablando del 0,7% de los trabajadores, para prevenir antes de que se produzca un fenómeno de despidos masivos, el gobierno tiene en carpeta un plan de empleo joven que abarata la contratación de trabajadores que buscan su primera experiencia laboral, al tiempo que convocó al Consejo del Salario para actualizar el monto del seguro de desempleo, llevándolo de los 400 pesos en que está estancado hace ocho años, hasta un valor en torno de los 3.500 pesos, a los efectos de que funcione como una red automática de protección social.

El atractivo de este tipo de mecanismos y la razón por la cual está extendido su uso en la mayoría de los países desarrollados, es que el seguro de desempleo se cobra al otro día de perder el trabajo y no requiere ningún tipo de acto burocrático que reconozca la recesión ni pondere la conveniencia del subsidio. Por eso se lo conoce en finanzas públicas como un “estabilizador automático”, porque pone plata en la economía cuando la actividad tiende a enfriarse, compensando y amortiguando la caída en la producción.

El segundo beneficio de contar con un buen seguro de desempleo es que las solicitudes de este tipo de transferencias operan como un indicador casi instantáneo de la salud de la economía, porque suben en momentos de crisis y caen cuando comienza la recuperación y la economía empieza a crear empleo nuevamente.

Una experiencia con pocos resultados positivos    

El agravamiento de las indemnizaciones por despido puede, sin quererlo, ser barrera para los ingresos a los nuevos empleos.

Alternativamente, desde la oposición se plantea en el Congreso una Ley de Emergencia, similar a la norma impuesta en la depresión del 2002, que trabe los despidos encareciendo las indemnizaciones a cargo de los empleadores (las lleva al doble, por lo que un empleado de 4 años de antigüedad al ser despedido  cobraría 8 sueldos en vez de 4 como en la actualidad), en el caso de que resuelvan acabar con un vínculo laboral, sin causa justificada. (Se hace esta aclaración, porque cuando el trabajador comete una inconducta grave, contemplada como injuria por la ley vigente, no le corresponderá indemnización alguna en ningún caso, ni antes ni después de la hipotética sanción de la ley de agravamiento de las indemnizaciones).

Lo que se busca con esta medida es evitar la multiplicación de la crisis que se genera cuando una empresa prescinde de un empleado sin tener en cuenta el impacto que un mayor desempleo puede generar en la demanda de los bienes de otras empresas, forzándolas a despedir a ellas también.

Esta experiencia ya se vivió en la Argentina, (se instauró en Enero de 2002 y duró 5 años) y los resultados no fueron satisfactorios, ya que los empleadores, que tenían problemas económico financieros, despedían igual, pero a los trabajadores menos antiguos, de forma tal, que quienes tenían 1, o 2 o 3 años de antigüedad, quedaban en la calle con una indemnización que no era tampoco de importancia, ya que no excedía de 2, 4 o 6 sueldos en total, lo que comparado a la carga del empleador de tener que soportar el sueldo del trabajador durante todo el año o mas que pueda durar la crisis, ya estamos hablando de 13 sueldos por lo menos (12 meses y un aguinaldo)… y algunas crisis duran varios años…

Pero en el medio de una crisis, lo que analizado desde el punto de vista de una empresa individual es una decisión razonable, se convierte en un problema macro si muchas  firmas despiden al mismo tiempo, porque la economía no tiene la capacidad de absorber tantos desempleados en un lapso corto y menos aun cuando la actividad no está creciendo.

 Pero este freno de los despidos coyunturales, creados por la crisis, producen en forma automática el encarecimiento de las contrataciones nuevas, ya que los empresarios dudarán mucho en tomar nuevo personal, sabiendo que luego les saldrá mucho mas caro prescindir de ellos en el caso que el proyecto para el que los está tomando, no prospere.

Ello trae aparejado un freno al crecimiento de nuevos trabajos a medida que la crisis se vaya calmando o  desapareciendo.

La eternización de la indemnización agravada…    

Otro de los problemas, que trajo aparejada la instauración de la doble  indemnización en Enero del año 2002, fue para el gobierno de turno tomar la decisión de finalizar en algún momento con la “doble”, medida antipopular y que era difícil atarla a la denominada “salida de la crisis”, porque este concepto es muy subjetivo y abstracto. Por esta razón es que en esa oportunidad la indemnización agravada se prolongó por 5 años (hasta principios de 2007),  se fue disminuyendo de un 100 % a un 80 % y luego a un 50 % para terminar en su desaparición cuando se consideró que la desocupación era menor al 10 %.

La idea, entonces, si se toma una decisión de este tipo, sería, atarla a un indicador económico que no exija a ningún gobierno tener que adoptar una decisión tan políticamente inviable como darle final a una indemnización que los trabajadores creían incorporada a sus derechos adquiridos.

La penalización extraordinaria, entonces, debería ser de carácter excepcional y expirar cuando la economía muestre signos de creación neta de empleos, fijando por ejemplo su plazo de finalización cuando los aportantes al sistema de jubilaciones crezcan por seis meses consecutivos. Este tipo de cláusula gatillo le quita el costo político al gobernante o legislador de turno, que de otro modo puede demorar innecesariamente la normalización del mercado de trabajo.

No obstante lo expuesto, con fecha reciente (28 de Abril) el senado dio media sanción al proyecto de ley que adopta medidas contra los despidos, y en su texto (que debe pasar a consideración de la Cámara de Diputados) advertimos una nueva modificación que nos alerta: Se agrega una artículo que no solo agrava las indemnizaciones para los despidos, sino que los prohíbe lisa y llanamente, obligando al empresario a retomar a los empleados despedidos, creando lo que se denomina “estabilidad propia” que en este país solo se utiliza para el empleado público, pero jamás se aplicó al sector privado, por entender que avanzaba sobre las libertades del empresario, que obligado a adoptar medidas como esta (que pueden durar 5 años como pasó la última vez – ver más arriba) podrían llevar a la empresa a la bancarrota por sostener costos muchos mas elevados que los que su economía permite. Este tipo de medidas pueden actuar como boomerang (se vuelven contra sí mismas) al lograr un objetivo no querido, ya que para evitar los despidos, podemos terminar en una crisis general de cierres de empresas (que hoy tienen sus márgenes más que acotados y las ventas súper reducidas).

Pero lo concreto es que la probable ley que sancionara la mayoría que constituye hoy la oposición en ambas Cámaras Legislativas, seguramente se encontrarán con el veto del presidente Mauricio Macri, quien ya adelantó esta conducta, por entender que agravar las indemnizaciones o prohibir los despidos no constituyen la solución a los despidos masivos, como ocurrió en la oportunidad que se adoptó esta medida en el país en el año 2002. El interrogante de cual es la solución a los despidos masivos está planteado: Agravamiento de las indemnizaciones o malla de contención social con importantes subsidios al desempleado?

ACLARACIÓN: El autor de este trabajo ha priorizado el entendimiento del mismo por parte de personas corrientes, sin conocimiento del idioma jurídico, razón por la cual en la redacción se a tratado de prescindir de terminología específicamente legal.

(*) Abogado laboralista.

www.estudiobocchio.com.ar   

EL DATO:

El contenido de la sección tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún   caso ser considerado como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el usuario contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. Diario EL TIEMPO no se responsabilizará por las respuestas ni garantizará en modo alguno las mismas, como así tampoco será responsable por las decisiones de los lectores tomadas a partir de ellas.

 

 

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