CUADRAGÉSIMA ENTREGA

Derecho del trabajo

Se viene la mediación laboral privada obligatoria previa en la provincia de Buenos Aires?.

Escribe: Dr. Aníbal Bocchio (*)

EL DATO:

El contenido de la sección tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún   caso ser considerado como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el usuario contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. Diario EL TIEMPO no se responsabilizará por las respuestas ni garantizará en modo alguno las mismas, como así tampoco será responsable por las decisiones de los lectores tomadas a partir de ellas.

Hoy sólo rige en Capital Federal, pero la intención flexibilizadora, tendiente a bajar los costos del trabajo a cualquier precio, han puesto en el tapete la posibilidad de extender a toda la provincia de Buenos Aires (14.000.000 de habitantes, contra 3.000.000 de Capital Federal de muchos mayores ingresos).

 

¿QUÉ ES EL SECLO Y CUÁL ES SU UTILIDAD PARA EL TRABAJADOR?: La Ley 24.635 sancionada el 10 de Abril de 1996, durante el Gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem (1989 – 1999), y en plena etapa flexibilizadora de los derechos laborales, para bajar los denominados “Altos Costos Laborales” (según denominaba el ex presidente a los derechos laborales) estipula que en los reclamos laborales que deben tramitar ante la Justicia del Trabajo de la Capital Federal, antes de promoverse la demanda judicial es necesario intentar la conciliación del conflicto ante el SECLO. (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria). Este sistema ha logrado evitar una gran cantidad de juicios laborales, ya que una importante proporción de los reclamos de los trabajadores se negocian y llegan a un acuerdo satisfactorio en esta instancia de conciliación.

De esta manera, aunque la búsqueda de un acuerdo ante el SECLO puede dilatar por unas semanas la iniciación de la demanda laboral, brinda sin embargo la posibilidad de evitar ese juicio, a veces largo, si se llega a un acuerdo conciliatorio de pago.

 

¿CUÁNDO SE PUEDE Y DEBE INICIAR EL RECLAMO EN EL SECLO?: La ley establece que antes de iniciar un juicio laboral debe intentarse la conciliación ante el SECLO, cuando el juicio en cuestión deba o pueda ser promovido ante los Juzgados Laborales de la Capital Federal.

LEY 24.635: Procedimiento laboral. Conciliación obligatoria previa. Sanción: 10 abril 1996. Promulgación: 26 abril 1996. Publicación: B. O. 3/5/96.

La ley 24.635 y decreto 1169/96 (luego reformado por decreto 1.347/99) han introducido en nuestro sistema legal el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), y que se inició el l° de agosto de 1997. Esta instancia es un requisito previo a la promoción de cualquier demanda judicial laboral en el ámbito de la Capital Federal.

El trabajador inicia el trámite ante el SECLO presentando un formulario con los datos y la expresión de objeto y monto del reclamo. Se sortea conciliador y se convoca a las partes a una audiencia a la que deberán concurrir obligatoriamente.

Disposiciones generales más importantes vigentes en Buenos Aires   —-

Art. 1º- Los reclamos individuales y pluri-individuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la justicia nacional del trabajo, serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial, ante el organismo administrativo creado por esta ley, el que dependerá del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Art. 4º- Créase el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que tendrá a su cargo la sustanciación del procedimiento instaurado por esta ley.

Art. 5º-Créase el Registro Nacional de Conciliadores Laborales dependiente del Ministerio de Justicia, el que será responsable de su constitución, calificación, coordinación, depuración, actualización y gobierno.

Art. 6º- Para ser conciliador se requerirá poseer título de abogado con antecedentes en materia del derecho del trabajo.

 

DESIGNACIÓN DEL CONCILIADOR

Art. 8º- El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria designará por sorteo público de entre los inscriptos en el Registro Nacional, un conciliador que entenderá en el reclamo interpuesto.

 

RETRIBUCIÓN DEL CONCILIADOR

Art. 12.-El conciliador percibirá por su gestión en cada conflicto en que deba intervenir, cualquiera que sea el monto en discusión e independientemente de él, un honorario básico que determinará el Ministerio de Justicia.

Este honorario se incrementará en la proporción que fije la reglamentación cuando el trámite culmine en un acuerdo conciliatorio homologado o en un laudo dictado en el caso en que las partes defirieron al conciliador la calidad de árbitro.

 

Art. 13.-En los supuestos previstos en el artículo anterior, el empleador depositará los honorarios del conciliador, a su orden,  dentro de los cinco (5) días corridos de notificada la homologación del acuerdo.

 

Primeras conclusiones del articulado

1- El Conciliador es un abogado privado.

2- Su honorario (o pago por su trabajo) lo paga el empleador.

3- Dicho honorario se aumenta cuando el Conciliador logra el acuerdo.

A muchos conciliadores en Capital Federal, donde funciona este sistema, no les importan los derechos adquiridos que pueda perder un trabajador en la negociación, y solo pretenden terminar pronto con la conciliación (si es posible en una sola reunión) y tratar de llegar a un acuerdo de partes a cualquier costo, porque ello les aumenta su remuneración.

Obviamente, no podemos generalizar, porque existen colegas probos y honestos que realizan su tarea con principios y códigos de ética.

Es menester primeramente analizar qué se entiende en general por “mediación” para abordar la presente temática. Se define la mediación como la “intervención en una disputa o negociación de un tercero imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión, para ayudar a las partes en conflicto a alcanzar voluntariamente su propio arreglo, aceptable”.

En lo que respecta al conflicto laboral se observa que posee ciertas características que lo diferencian de los que se suscitan en las restantes ramas del derecho.

Por un lado el conflicto de trabajo se desarrolla dentro de relaciones ordenadas jerárquicamente. Al empleador se le reconoce una potestad de mando y al trabajador un deber de obediencia. No es un conflicto entre iguales o entre quienes se miran como tales. La desigualdad de poderes es una cuestión estructural e inherente a la relación laboral e informa todo el conflicto laboral. Por otro lado las divergencias tienden a versar sobre cuestiones de orden económico (en la que la debilidad del trabajador respecto al empleador es más que evidente), por lo que van a requerir de una intervención y solución especial. Sentado ello, ¿corresponde que la instancia de mediación en materia laboral sea obligatoria? Con acierto, se expresa que la imposición de la instancia previa de carácter “obligatorio” se opone al derecho que posee toda persona a ser oída, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden laboral que se consagra en el Art. 8 Inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, firmada en San José de Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969, denominada también “Pacto de San José”, Preámbulo, incorporada a la Constitución Nacional por la reforma de 1994 con el Art. 75 Inc. 22.

Por otro lado, el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.774 y sus modificatorias), en su parte pertinente establece: “Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes…”.

Así, algunos trabajos doctrinarios sostienen abiertamente que “Desde el punto de vista constitucional y del sustancial, es obvio que las propuestas e intentos de privatizar la justicia, están en pugna abierta con aquellos. En especial, lo demuestran el Art.14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Si para algunas cuestiones civiles y comerciales (pequeñas causas, barriales, de consumidores), la conciliación, la mediación y el arbitraje, pueden resultar útiles como medios de resolución alternativa de conflictos, ello no sucede con el derecho laboral y los derechos humanos, pues el Estado no debe delegar su función –y menos al mercado- ni su responsabilidad de administrar justicia, de manera razonable y con sensibilidad social”.

El laboralista Ricardo Cornaglia dice: “…Quienes desde la óptica empresaria han buscado limitar los efectos de la reparación de daños referidos a los infortunios laborales y los despidos arbitrarios o incausados, han otorgado a la transaccionalidad una función que suele poner en aprietos a la equidad de los institutos normativos, y en ocasiones, altera el justo equilibrio que lesiona los afectos, la persona y sus bienes, es decir, importa una lesión en sus derechos, obliga al restablecimiento del orden agredido. Someterse a esos criterios en materia de derecho del trabajo, implica sostener como axioma: repárense los daños, en la medida que ello no resulte caro…”. No hay que olvidar, que en la temática que aquí se trata, toma fundamental relevancia otro principio basal del Derecho del Trabajo como lo es el de Irrenunciabilidad, establecida expresamente en nuestra legislación en los Art. 12, 13 y 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que “aparece como el aspecto más relevante del principio protectorio e impide tanto la renuncia anticipada de derechos como la renuncia de derechos ya obtenidos, sea que provengan de la ley, del convenio colectivo de trabajo o del contrato individual” (Fernández Madrid, Tratado de Derecho del Trabajo). Así en este marco, uno de los supuestos de irrenunciabilidad se refiere a la renuncia de derechos ya obtenidos que se han incorporado al patrimonio del trabajador. Este principio, fundamental y esencial en el derecho laboral, limita los alcances de la mediación y su objetivo, la conciliación del conflicto.

En contraste, en el resto del derecho privado en general (siempre que no estén en juego normas de orden público), prima el principio de autonomía de la voluntad por el que las partes están facultadas plenamente a efectuar renuncias, quitas, y transacciones cuya conveniencia económica es ajena al interés de las leyes, en la medida que quienes transen sus derechos resulten capaces y su voluntad no haya estado viciada. En este orden de ideas, existe jurisprudencia que respalda lo que se viene expresando, a modo de ejemplo traemos a consideración dos fallos. En el primero, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la nulidad del acto homologatorio dictado por el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio) respecto de un acuerdo conciliatorio, por considerar que no hubo una justa composición de los derechos de ambas partes, y que se vulneró el orden público laboral al convalidar la renuncia por parte del trabajador de casi la mitad de créditos no controvertidos que ya estaban incorporados a su patrimonio (Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, sala II- 21-10-2008 – Relats y Delmases Javier C/Ceteco Argentina S.A. y Otro). En segundo lugar, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, Sala I declaró ineficaz un acuerdo transaccional celebrado ante el SECLO, en la cual el actor manifestó que una vez percibida íntegramente la suma acordada nada más tiene que reclamar del demandado por conceptos emergentes del vínculo laboral que los uniera, toda vez que el trabajador asintió en consignar una antigüedad que evidencia un certero fraude en los términos del art. 14 de la ley de contrato de trabajo, vulnerando abiertamente el principio de irrenunciabilidad que emerge del Art. 12 del ordenamiento mencionado (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I -04-03-2005 – Dilonardo, Héctor C/Testino S.A. y otro- La Ley 05-01-2006).

 

Algunas consideraciones    

Los defensores de este sistema de conciliación privada obligatoria para el Derecho Laboral, alegan las urgencias económicas de los reclamantes en época de crisis y desocupación. Se juega y especula con esta realidad ofertando sumas irrisorias. Se reiteran argumentos sobre la lentitud de la Justicia; el remanido y lamentable “más vale un mal arreglo que un buen juicio”, expresado por abogados que mancillan su profesión; la amenazante manifestación de una inminente cesación y desaparición de la empresa, etc. etc.

Es evidente que en este potencial escenario sólo se estaría limitando la ya restringida libertad del trabajador. ¿Cuál sería entonces la alternativa a ese sistema de mediación privatizada y obligatoria que proponen algunos sectores? Por un lado, aquel que garantice debidamente la libertad y voluntariedad de sometimiento a la instancia previa por parte del trabajador pero que, a la vez, faculte a la autoridad administrativa del trabajo a compeler la asistencia del empleador. Vale decir, un sistema en el que la comparecencia del mismo sea obligatoria, pero sólo ello, en tanto a partir de ese momento la voluntad negocial y conciliatoria requiere del acuerdo de ambas partes. Por el otro, su realización en un ámbito imparcial, en el que la autoridad administrativa o judicial tenga un rol activo y protagónico en la solución del diferendo y no una mera intervención como “controlador formal” de la actividad conciliatoria que realizan terceros en un ámbito ajeno al del propio Estado. En tal entendimiento, la Provincia de Buenos Aires, cuenta con los elementos tanto normativos como operativos para cumplir con esas dos premisas fundamentales para una solución efectiva de los conflictos individuales y pluri-individuales del trabajo mediante la conciliación. Así, la Ley 13.757, en su Art. 23 establece: Le corresponde al Ministerio de Trabajo…: Inc. 4- Intervenir en el tratamiento de los conflictos individuales o colectivos de trabajo públicos, provinciales o municipales y privados, ejerciendo facultades de conciliación y arbitraje con arreglo a las normas aplicables…” Por su lado, la Ley 10.149 en su art. 3, dispone que tiene a su cargo el conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas y especialmente: Inc. a) Intervenir y decidir en la conciliación y arbitraje de las controversias individuales del trabajo y en los de instancia voluntaria; estableciendo a su vez en su Art. 7 la obligatoriedad en la asistencia a la primera audiencia y el apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse (Art. 8).

Tales atribuciones legales otorgan a la cartera laboral la entidad de verdadera protección de los trabajadores, encargada de velar por sus derechos y que los mismos no sean vulnerados. Si a ello agregamos la presencia territorial del organismo a través de sus 100 Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas de Atención distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia, se advierte la innecesariedad de “privatizar” esta función del estado de trascendental importancia, en la provincia de Buenos Aires.

Pero como si todo ello fuera poco, la propia ley de Procedimientos de los Tribunales del trabajo en la provincia de Buenos Aires establecen al iniciarse cualquier juicio laboral, una conciliación de partes, manejada por los Jueces y el secretario del tribunal, todos abogados funcionarios integrantes del Poder Judicial como Garantía de cristalinidad en el proceso negociador. Así establece la ley 11.653:

ARTICULO 25.- Una vez iniciada la demanda se podrá intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento.

En tal caso, y sin que se altere el curso del proceso, las partes serán citadas a comparecer, asistidas por abogado o por apoderado letrado con facultades suficientes, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de multa de tres (3) a diez (10) jus, la que será aplicada a las partes. La notificación se practicará con transcripción de este párrafo.

De arribarse a la conciliación total o parcial, dentro de los cinco (5) días siguientes el Tribunal se pronunciará homologando o no el acuerdo y podrá eximir a las partes, si ‚estas lo solicitaren, del pago de las tasas y gastos fiscales de la causa.

…En cualquier estado del proceso les partes también podrán conciliar el juicio mediante presentación escrita del acuerdo para su homologación (aprobación) por el tribunal…

Teniendo en la Provincia de Buenos Aires procedimientos tan Claros de Conciliación previas de los asuntos laborales, ante los Ministerios de Trabajo y ante los propios Tribunales del Trabajo, nos preguntamos : es necesario crear paralelamente un sistema privado de conciliación previa ? O la intención es solo abaratar los costos laborales?

 

 ACLARACIÓN: El autor de este trabajo ha priorizado el entendimiento del mismo por parte de personas corrientes, sin conocimiento del idioma jurídico, razón por la cual en la redacción se a tratado de prescindir de terminología específicamente legal.

 (*) Abogado laboralista.

www.estudiobocchio.com.ar   

 

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