TRIGÉSIMA CUARTA ENTREGA.

Derecho del Trabajo

Prescripción –vencimiento- de los reclamos laborales.

 

Escribe: Dr. Aníbal Bocchio.

EL DATO:

El contenido de la sección tiene únicamente carácter informativo y no puede en  ningún   caso ser considerado como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza,  debiendo el usuario contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. Diario EL TIEMPO no se responsabilizará por las respuestas ni garantizará en modo alguno las mismas, como así tampoco será responsable por las decisiones de los lectores tomadas a partir de ellas.

– El paso del tiempo sin realizar reclamo alguno, hace perder al trabajador su derecho a peticionar ante la justicia (Tribunales del trabajo) en determinadas situaciones.

– Todos los reclamos laborales se pueden realizar hasta 2 años después de la fecha en que nació el derecho que se reclama.

– Si fuera indemnización por despido, el plazo de dos años se cuenta, desde el cuarto día de la comunicación escrita que informa la finalización del contrato;

– Si fueran diferencias de haberes, el plazo de dos años se cuenta, desde la fecha en que dicho sueldo debió haber sido pagado (cuarto día hábil del mes siguiente al trabajado y no abonado).

– Una vez transcurridos estos 2 años el trabajador no puede realizar ningún reclamo ante la justicia.

– Si en ese lapso, el trabajador ha realizado por escrito y formalmente un reclamo  ante el Ministerio de Trabajo, el mismo interrumpe la prescripción por un plazo hasta de seis meses. Por lo que en este caso, el plazo de vencimiento del reclamo ante la Justicia es de 2 años y medio.

– Esta ley tiene carácter de orden público y el plazo que establece para la pérdida del derecho no reclamado, no puede ser modificado por convenciones individuales de las partes (empleador y trabajador) o colectivas (Corporaciones Empresarias y Sindicatos).

– Las acciones provenientes de la responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedades profesionales prescribirán a los dos (2) años, a contar desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima.

– El pago insuficiente de obligaciones originadas en las relaciones laborales efectuado por un empleador (incluso cuando se haya realizado ante escribano público y volcada en una escritura) será considerado como entrega a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas, y quedará expedita al trabajador la acción para reclamar el pago de la diferencia que correspondiere, por todo el tiempo de la prescripción.

– El Nuevo Código Civil y Comercial fija un plazo general de cinco años para la pérdida del derecho al reclamo, un solo plazo mayor de diez años (daños derivados de agresiones sexuales a personas incapaces), y plazos especiales menores de tres años, dos años y un año. El plazo para la acción de responsabilidad civil es de tres años (salvo disposición especial).

Entonces surge la pregunta: ¿No es acaso la relación laboral una relación contractual, la que surge del libre acuerdo de voluntades de dos partes? Claro que siempre se debe tener en cuenta que una de las partes de la relación tiene una clara superioridad, que la misma norma ha tratado de equilibrar. ¿No coloca el plazo de prescripción de 2 años que fija el derecho laboral, al trabajador en una situación de desigualdad y discriminación respecto del actor civil? ¿En qué se fundamenta la prescripción de 2 años, y en su caso, no atenta dicho breve plazo contra el principio de irrenunciabilidad consagrado por el ordenamiento laboral? Pensemos en el caso de un hombre que pone su fuerza de trabajo a disposición de un tercero, pero dicha relación no configura un vínculo contractual laboral, sino por el contrario una locación de servicios. Las partes de dicho contrato tendrán las acciones surgidas de dicho vínculo contractual con un plazo de prescripción de 5 años según el nuevo código civil y comercial, mientras que si las mismas personas contrajesen una relación laboral el plazo de prescripción será de 2 años.

Algunos ejemplos    

De esta forma si un hombre trabaja en forma particular haciendo “changas”, como ser pintando casas y cada vez que pinta una casa celebra un contrato de locación de servicios, las acciones derivadas de cada uno de estos contratos prescribirán a los 5 años. Ahora bien si el mismo pintor consigue ser empleado en forma permanente por una empresa X, ya sea que la relación esté o no registrada, las acciones derivadas de dicha relación prescribirán a los 2 años. Y estamos hablando del mismo hombre realizando las mismas tareas.

Por otra parte, existen créditos laborales que se generan estando vigente la relación laboral y que por el temor al despido, solo podrán ser reclamados por el trabajador luego de extinguido el vínculo laboral. Así en un caso que se presentó ante mí recientemente un trabajador se había desempeñado al servicio de una empresa desde el año 2007, estando encuadrado por su empleador en una categoría laboral en mucho inferior a la que realmente le correspondía de acuerdo a las tareas realizadas.

Ahora bien, el actor necesitaba el trabajo pues era el único sostén de su familia. Y más allá de percibir que el salario que le era abonado era muy inferior al que le hubiese correspondido de haber sido encuadrado en la categoría que respondía fielmente a la naturaleza, complejidad y responsabilidad inherentes a las funciones que desempeñaba sabía que cualquier reclamo o cuestionamiento a su empleador haría peligrar su puesto de trabajo. Recién cuando se le abrió la puerta a un nuevo y mejor trabajo se desvinculó de su empleador anterior y quiso reclamar más allá de los rubros que correspondían a dicha extinción las diferencias de haberes que había advertido. Pues bien, difícil fue la tarea de explicarle que todas las diferencias devengadas antes de los dos años inmediatos anteriores a su desvinculación no podían ser reclamadas, por haber prescripto la acción para ello.

Interrogantes   

Me pregunto entonces si no existe un enriquecimiento sin causa del empleador ante la imposibilidad de reclamar el actor todas las diferencias salariales devengadas durante la relación laboral por existir períodos prescriptos? ¿No favorece la prescripción de dos años en demasía al empleador en casos como el referido?

FUNDAMENTOS DE LA PRESCRIPCIÓN: El leyhttp://www.saij.gob.ar/romina-guadagnoli-irrenunciabilidad-prescripcion-dacf130159-2013-07-01/123456789-0abc-defg9510-31fcanirtcod – CT041 la establece como una “excepción para rechazar una demanda por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere”. Ha manifestado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos”

Es entonces la prescripción un instrumento de seguridad que impide que los conflictos humanos se mantengan indefinidamente latentes, para proteger la seguridad jurídica de todo el sistema.

En síntesis no es más que una forma de extinción de la acción por el transcurso del  tiempo. Y se considera una suerte de sanción para aquél que por desidia o desinterés ha dejado transcurrir el tiempo sin ejercer su derecho.

– No obstante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha hecho una distinción de muchísima importancia en este tema, al dictar un fallo señero, a saber:

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que “el supuesto jurídico de la prescripción se integra, además del transcurso del tiempo, por un acto voluntario del titular del derecho que se manifiesta en una conducta omisiva –inacción-”. Y que  “Esta circunstancia de inactividad (como acto voluntario lícito) está sometida a los principios que rigen los vicios de la voluntad, por lo que sólo puede imputársele a su autor responsabilizándolo por los efectos que acarrea si el mismo fue realizado voluntariamente, lo que supone discernimiento, intención y libertad”. Ahora bien, sería necesario analizar si en el caso del actor laboral existe efectivamente esa desidia o desinterés que justifique la aplicación de un plazo de prescripción de 2 años  fijado por la legislación. Es decir debemos analizar si la inactividad se debe a un actuar voluntario. Por su parte la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de la normas que establece el plazo de prescripción de 2 años, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, sino que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado.

Por esta razón, el cómputo del plazo comenzará a correr desde que el crédito laboral se encuentre en condiciones de ser exigido, siempre que la inacción sea voluntaria, no siendo en principio, óbice para ello la situación de subordinación o dependencia en que se encuentra el acreedor respecto del obligado, como lo reconoce un sector de la doctrina y la jurisprudencia.

 

Algunas opiniones    

Algunos juristas sostienen que el plazo prescriptivo sólo puede comenzar a correr desde  el momento que el titular del derecho se ha encontrado en condiciones de ejercitar la correspondiente acción, lo cual presupone que el derecho haya nacido, que el mismo sea exigible y que la inacción sea voluntaria, o sea que su conducta omisiva responda a una decisión conciente y deliberada, adoptada con intención y libertad, esto es que no se  encuentre viciada por ignorancia, error, dolo o violencia física o moral.

En consecuencia, si el titular del derecho incurre en la conducta omisiva (no ejercita el reclamo de que dispone) por encontrarse afectado su proceso de voluntad por uno de los vicios que pueden afectarla (ignorancia, error, dolo o violencia), dicho acto será involuntario y por lo tanto no producirá los efectos jurídicos propios prevista por la ley (pérdida de la acción).

– La irrenunciabilidad del derecho laboral y la prescripción de la acción. Dentro de los principios reconocidos por el legislador en el derecho laboral, encontramos el de irrenunciabilidad, enunciado de modo general en el artículo 58 de la LCT en tanto dispone que “No se admitirán presunciones en contra del trabajador ni derivadas de la ley ni de las convenciones colectivas de trabajo, que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquél sentido”. En igual sentido el recientemente reformado artículo 12 de la ley de contrato de Trabajo, prevé que “Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”. El ordenamiento laboral impide la renuncia voluntaria a los derechos consagrados por la propia LCT, Convenios Colectivos y convenciones individuales. Y mediante este principio protectorio se busca resguardar al trabajador de la inferior condición en que se encuentra respecto a su empleador. Y si acepta el cambio que lo perjudica, será evidente que lo hace por necesidad, forzado por su situación de inferioridad jurídica y económica que lo obliga a optar por el mal menor, frente a otros que se le ocasionaran en caso de no acceder a la imposición patronal (represalias, despidos, etc.). Y el derecho del trabajo no puede ignorar esta realidad. De acuerdo a lo hasta aquí expresado en relación al principio de irrenunciabilidad consagrado por el ordenamiento laboral no es extraño que el plazo de prescripción de 2 años, consagrado en el mismo ordenamiento haya sido motivo de discusión entre los doctrinarios de la materia.

Si consideramos que durante la relación laboral el trabajador se encuentra en una situación de desventaja, que normalmente lo inhibe de ejercer judicialmente sus derechos, aparece una contradicción entre la irrenunciabilidad y la prescripción. La contradicción señalada podría ser subsanada si la prescripción comenzara a correr después de extinguido el contrato de trabajo, en cuyo caso el plazo prescriptivo podría ser de un año, o bien si se acepta que la prescripción corra desde que cada derecho es exigible, el plazo prescriptivo debiera ser más largo, por ejemplo: 5 o 10 años.

ACLARACIÓN: El autor de este trabajo ha priorizado el entendimiento del mismo por parte de personas corrientes, sin conocimiento del idioma jurídico, razón por la cual en la redacción se ha tratado de prescindir de terminología específicamente legal.

(*) Abogado laboralista. www.estudiobocchio.com.ar   

 

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