ENFOQUE

Derribando un mito

“Descartar como atenuantes los padecimientos psiquiátricos que sufría Santillán contemporáneamente a la comisión del hecho es no advertir que la culpabilidad también es un elemento esencial del delito que se disminuye cuando la imputabilidad está disminuida”, sostiene el ex juez Jorge Moreno. El autor de esta nota también criticó “el inusitado e injustificado despliegue de fuerzas de seguridad para proteger a una institucionalidad que nunca fue agredida, sólo criticada”, en el marco de ese operativo llevado a cabo el viernes en Tribunales, cuando se anunció la pena para la enfermera.
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“Descartar como atenuantes los padecimientos psiquiátricos que sufría Santillán contemporáneamente a la comisión del hecho es no advertir que la culpabilidad también es un elemento esencial del delito que se disminuye cuando la imputabilidad está disminuida”, sostiene el ex juez Jorge Moreno.

Después de la condena a María Cristina Santillán, el ex juez Jorge Moreno analiza desde su punto de vista lo que fue ese proceso. Y además de replicar una nota de un periodista de EL TIEMPO publicada el pasado domingo, entre otras cosas afirma: “En el caso de conflictos entre particulares, como es el caso de Santillán con Hernández, es deber del Estado que a través de sus órganos judiciales legitime el uso de violencia en caso de legítima defensa de su propia persona o de un tercero o en caso de la no exigibilidad de otra conducta”.

Escribe: Jorge Moreno (*) Especial para EL TIEMPO

El domingo pasado en este matutino, el cronista de la Redacción, Fabián Sotes, al informar y opinar sobre el juicio oral y público ante jurado al que llegara acusada Cristina Santillán por la Agente Fiscal Laura Margaretic como autora responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo (art. 80 inc. 1º Código Penal) por la conducta de haber provocado la muerte violenta de su cónyuge, Ricardo Hernández, y que finalizara con un veredicto de culpabilidad pero no de homicidio, como lo siguió pretendiendo la fiscal, sino de Lesiones gravísimas calificadas (art. 92 con relación al art. 91 del CP) como lo propuso la Defensa, hizo mención a que, con el sistema de enjuiciamiento por jurados se derribaba el mito de que sólo los jueces fallaban en esos casos.

Mi propósito, con las reflexiones que haré a continuación, también procurará derribar el mito -de ahí el título de esta nota- sostenido no sólo por el informador con destino al público, sino -peor aún- hasta por los propios involucrados, que por ser operadores judiciales no pueden sostenerlo sobre una base legal sino sólo por conveniencia.

Se trata del erróneo concepto de que los agentes fiscales en los procesos penales actúan en representación de la persona víctima o damnificada. La calidad legal asignada a esos funcionarios es la de ser los delegados del Estado -en este caso del provincial- en el ejercicio del deber del mismo de “afianzar la justicia” como lo exige el Preámbulo constitucional, pero una justicia en su más pura acepción “ser y deber ser justo”; acepción que por sí sola excluye toda posibilidad -no sólo a los jueces por la garantía de imparcialidad-, sino también para quienes, en representación del Estado perseguidor y no de las personas, están en la obligación de perseguir el delito y a sus autores, pero averiguando y no disfrazando o torciendo la verdad para favorecer a la víctima o damnificada.

Ese imperativo es fuente del deber de actuar con objetividad, máxime en esta provincia en que el legislador ha otorgado a los fiscales la función de conducir  lo que se denomina Investigación Penal Preparatoria, que no por ser la inicial está exenta de cumplir con el paradigma constitucional del debido proceso.

Entonces, es totalmente inconcebible siquiera sospechar que la normativa procesal vigente es esquizofrénica y simultáneamente obligue a quien le asigna la representación de la víctima y/o damnificada que “adecuará sus actos a un criterio objetivo…aun a favor del imputado” (art. 56 CPP);  “Tendrá como finalidad…el descubrimiento de la verdad”; “Si se estableciere en cualquier etapa del proceso que el Fiscal ha ocultado prueba a la defensa favorable a la defensa, ello traerá aparejado la nulidad de lo actuado. El ocultamiento de prueba a la defensa constituye falta grave para el Ministerio Público” (art. 338 CPP).”Si el Ministerio Público Fiscal desistiese de la acusación el tribunal absolverá al acusado” (art. 368 CPP). “El Ministerio Público Fiscal queda facultado para recurrir…aun a favor del imputado” (art. 422) el deber de la investigación de establecer no sólo las circunstancias que califiquen o agraven el hecho y ubicar a su autor, sino también las que lo “lo atenúen, justifiquen o incidan en su punibilidad”, verificando “la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsitencia del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que han podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad” (art. 266 CPP).

Todas esas obligaciones y facultades no se compadecen en absoluto con un deber legal de actuar a favor de la víctima o damnificada, aunque ésta esté ausente del proceso, y su invocación en ese sentido para reforzar un alegato sólo puede estar dirigida a conmover a una jurisdicción en un claro aprovechamiento de la condición lega del jurado.

A mayor abundamiento, si se invocara la existencia de un andamiaje normativo que condujera al concepto que vierte el cronista -aunque no refiere cita legal alguna- y comparte en su discurso la representación del Ministerio Público Fiscal en el juicio, indirectamente se está considerando al legislador como participando de la introducción al proceso de una quinta rueda del carro, porque éste le ha reconocido expresamente independencia total del Ministerio Público a la víctima o damnificada que deben actuar con representación letrada ajena a ese Ministerio, reconociéndole derechos y facultades propias que van desde asumir por sí solo la acusación (arts. 6º, 334 bis y 368 CPP); exigirle al fiscal que agilice el trámite, proponer pruebas en las distintas etapas del juicio y pedir medidas cautelares reales (arts. 79, 83 y 338 del CPP); participar en el debate; interponer recursos aunque el fiscal no lo haga (art. 423 CPP).

Derribado el andamiaje y en consecuencia caído el mito, desde la perspectiva real del deber funcional del Ministerio Público Fiscal en el proceso penal, se torna insostenible la crítica del cronista -también puesto a consideración del jurado por el fiscal coactuante- endilgándole a la parte que no tiene el deber de actuar con objetividad ni averiguar la verdad, como es la defensa técnica pública o privada de la imputada, la demora en introducir la cuestión relativa a la probada existencia de violencia de género, porque, al menos, la planteó y -lo reitero- la demostró, a tal extremo que la propia fiscal aceptó la ruptura del vínculo, quebrantamiento que contradictoriamente no alegó como circunstancia atenuante de la culpabilidad al reclamar una elevada pena por  un delito que es agravado porque el bien jurídico sobreprotegido es precisamente esa relación (art., 92 CP), ignorando totalmente que delito no es solo tipicidad y culpabilidad, sino también reconoce como integrante esencial la antijuridicidad.

La Magistrada sentenciante calificó la conducta enrostrada como de Lesiones gravísimas agravadas por el vínculo y le impuso a Santillán una pena de siete años de prisión dentro de una escala que es sumamente amplia -entre 3 y 15 años-, es decir, apenas un año menos que el reclamado por la acusación, en una clara demostración de legitimación de la parte tan criticada por su accionar que se suma al comunicado emitido en el mismo sentido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del que ambas son asociadas, a pesar de reconocer la existencia de una relación violenta entre agresora y víctima, aunque omitió considerar si esa circunstancia y otras probadas en el debate en los hechos había disuelto el vínculo que sólo permanecía apoyado en un documento y la provocación inmediata anterior de Hernández de retornar -otra vez- a la casa, de manera violenta anunciando por tercera vez su intención de separación esa parte. Y de los razonamientos de la mayor agravante considerada, la extensión del daño causado, emerge que en realidad la pena obedece a considerar que hubo una “Tentativa de homicidio”.

Descartar como atenuantes los padecimientos psiquiátricos que sufría Santillán contemporáneamente a la comisión del hecho es no advertir que la culpabilidad también es un elemento esencial del delito que se disminuye cuando la imputabilidad está disminuida.

Los antecedentes de denuncias y exposiciones civiles por parte de Fernández endilgándole a Santillán actitudes persecutorias y una única vez agresiva -este detalle es importante ponerlo de resalto- estuvieron en conocimiento de la fiscalía y en algunas de ellas intervino el propio Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Familia. Y también dispuso de información emanada de profesionales sobre los trastornos psiquiátricos que presentaba Santillán con inmediatez anterior al hecho. A pesar de ello quedó claro en el transcurso del debate que la acusación nunca indagó por ningún medio de prueba sobre esas circunstancias y las mismas no surgieron del informe psiquiátrico-psicológico practicado por las peritos oficiales porque a esos antecedentes no se les dio  importancia, limitándose la labor encargada por la fiscal solamente a dictaminar sobre si la imputada pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, sin otra profundización que -como bien lo remarcó el perito Stola- de habérsela llevado a cabo seguramente la existencia de una real violencia de género hacia la ahora condenada se hubiera visibilizado desde el inicio.

Era tan evidente la verdad, sólo oculta o negada por el Ministerio Público Fiscal y no averiguada por las mencionadas peritos, que fue inmediatamente advertida por las organizaciones no gubernamentales carentes de todo tipo de recursos -tan injusta y absurdamente criticados por sostener una situación que de inventada pasó a ser totalmente veraz-, quienes se colocaron a la cabeza para lograr la absolución y libertad de Cristina Santillán, logrando al menos revertir el criticable acuerdo al que habían arribado la fiscalía y la exdefensa particular, en cuanto a que su conducta fue la causa de la muerte de Hernández, una conducta por la que hoy estaría condenada a prisión perpetua.

Por otra parte, considerar que el Estado no legitima el uso de violencia para solucionar conflictos, sin hacer ningún tipo de mención a excepciones, es de un reduccionismo total. No puede ignorarse que fue el poder de policía el que primeramente se reservó el Estado para autoprotegerse mediante el uso,  precisamente, de violencia contra cualquiera que se le rebelara o lo amenazara y que a lo largo de la historia y hasta la actualidad hace uso de la misma para reprimir conflictos de las personas con el mismo Estado o con otras personas, amparándose en la legitimidad.

El inusitado e injustificado despliegue de fuerzas de seguridad -policía de seguridad, policía local, infantería, servicio penitenciario y hasta un camión celular para traslado de detenidos- para proteger a una institucionalidad que nunca fue agredida, sólo criticada, junto con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, son los ejemplos actuales más claros de ello.

Pero además y en el caso de conflictos entre particulares, como es el caso de Santillán con Hernández, es deber del Estado que a través de sus órganos judiciales legitime el uso de violencia en caso de legítima defensa de su propia persona o de un tercero o en caso de la no exigibilidad de otra conducta, porque así está impuesto legalmente por la Ley sustancial (art. 34 incs. 2º y 6º CP), ley de la que se debe garantizar se respete precisamente por el Ministerio Público Fiscal.

En el alegato final la fiscal acusadora manifestó al jurado que si el veredicto era absolutorio se abría una enorme puerta a que en el futuro las esposas mataran a sus esposos, desconociendo, adrede, la ley permisiva que tiene la obligación de respetar y controlar que se respete, condicionado al jurado desde una generalidad a una particularidad porque si ese era el resultado del veredicto el mismo sólo podía corresponder por la concurrencia de la causal de legitimación de la defensa propia.

Pero, por el contrario, su advertencia y el posterior veredicto de culpabilidad y la pena impuesta contiene todo un mensaje dirigido a las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género: no se defiendan, aguanten y -a lo sumo- denuncien.

Porque si lo hacen resultarán condenadas, y a penas desproporcionadas e irrazonables.

Porque -como lo sostiene el cronista- el Estado no legitima la violencia de la mujer para defenderse de la violencia del hombre que entonces sí, a la inversa, es legitimada. Estoy más que convencido que el acceso a la información es imprescindible para la sociedad. Pero en ese convencimiento, no puedo dejar de requerirle a quienes tienen a su cargo esa tarea, a través de medios masivos de comunicación, que transmitan correctamente.

 

(*) Ex juez penal

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