LO ORDENÓ UN JUEZ DE GARANTÍAS. Estafas a la CEAL y a comerciantes: todos los acusados seguirán presos

Mientras Matías Horacio Rosas, su esposa María Laura Calandra y los comerciantes Neefer Eduardo González y Mario Miguel Garavelli continúan alojados en unidades penales de Azul y Sierra Chica, sus respectivas detenciones fueron convertidas en prisiones preventivas por Federico Barberena, el magistrado que desde el Juzgado de Garantías 2 entiende en lo que continúa siendo la instrucción de este sumario penal.

Lo decidido en una primera instancia por el Juez garante fue en respuesta al pedido que formulara el jueves de la semana anterior -tal lo que EL TIEMPO informara en su edición web- Paula Serrano, la fiscal que desde la UFI 6 lleva adelante esta Investigación Penal Preparatoria.

Con los elementos reunidos desde la Acusación a fines de septiembre pasado -cuando el titular de Garantías 2 dictó las detenciones de los cuatro imputados, que se concretaron a principios del mes anterior- y con otros más que la Fiscal anexara recientemente, lo decidido para los investigados implica que hasta el momento continúen siendo considerados coautores del delito de "asociación ilícita".

En el caso de Rosas -oriundo de Lobería, preso en la Unidad 7 de Azul y actualmente de 47 años de edad- sigue señalado como el "jefe" de esa organización delictiva. Y el concurso de delitos que se le atribuye incluye, además, "falsificación de documento y uso de documento falso" y, en carácter de "coautor", el de "estafas reiteradas".

Su pareja Calandra -también empleada de la Cooperativa- y los comerciantes González y Garavelli son sindicados a escala penal como "miembros" de esa "asociación ilícita" a la que le atribuyen la comisión de maniobras de tipo defraudatorio en perjuicio de la CEAL y de propietarios de negocios de Azul por un monto estimado en unos 160.000.000 de pesos.

Las conversiones de sus respectivas detenciones en prisiones preventivas ordenadas ayer martes implican que sean considerados también coautores de los ilícitos de "uso de documento falso" y "estafas reiteradas".

Calandra, una azuleña que tiene 45 años de edad, sigue presa en la Unidad 52, el penal de mujeres del SPB con sede en esta ciudad al que había sido llevada no bien se efectivizara su detención el pasado 1 de octubre.

Mientras tanto González, de 66 años y dueño de la heladería situada en Mitre y España, está preso en la Unidad 38 de Sierra Chica. Y Garavelli continúa privado de su libertad, al igual que Rosas, en la Unidad 7.

A diferencia de los demás imputados, ese hombre -de 50 años de edad y propietario de una agencia de loterías y quinielas ubicada en Leyría y Roca- recién quedó detenido el pasado 6 de octubre.

Aquel día se había entregado en la sede de la DDI Azul, luego de que su abogado Luciano Di Pietro dejara sin efecto el escrito que en aquel entonces había presentado para que el Juez que entiende en esta causa tratara un pedido para que a su cliente le fuera concedida una "eximición de prisión".

La pena en expectativa

A través de lo ordenado este martes por el magistrado a cargo de Garantías 2, por medio de una extensa resolución de más de 120 fojas, la escala penal que contemplan los delitos atribuidos a la totalidad de los investigados se convirtió en una de las circunstancias valoradas para decidir que los cuatro sigan privados de sus libertades.

Considerando la resolución a través de la cual dictara las detenciones de la pareja de empleados de la CEAL y de los comerciantes -que data del pasado 30 de septiembre- ayer martes, para ordenar las prisiones preventivas de los cuatro acusados, el magistrado Barberena concluyó que "se mantienen incólumes los peligros procesales oportunamente advertidos, viéndose así agravada la situación generada con el propio devenir de la investigación, la que a través del fruto del cúmulo probatorio de cargo, dirigido en un único destino que culmina en consolidar las imputaciones realizadas a cada uno de los sospechados, no hace más que concretar el rol y la participación asignada para los delitos intimados a cada uno de los imputados, a través de los cuales se visualizan mayores y más certeras probabilidades acerca de la existencia de una pena de prisión, a la que hay que agregarle que, por las figuras intimadas, resulta ser de gran magnitud".

Concretamente, si todos los encausados son condenados en un futuro juicio por el concurso de delitos que les atribuyen actualmente tal situación implicará que las penas que reciban superen los tres años de prisión y que, en consecuencia, sean a cumplir y no de ejecución condicional.

Además, para continuar atribuyéndoles el delito de "asociación ilícita", el titular de Garantías 2 sostuvo en lo resuelto este martes: "Ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal autónoma y no una mera reiteración de delitos de Estafa, por cuando todos y cada uno de los aquí imputados se dirigieron con una finalidad delictiva estable, y ya no como coautores reiterados en maniobras defraudatorias puntuales".

Un "recorte temporal"

De lo resuelto en esta primera instancia surgió un llamado "recorte temporal" con relación a la etapa en que la considerada "banda delictiva" concretó estas maniobras de tipo defraudatorias.

Específicamente, al aludirse que los primeros en comenzar con estas estafas fueron los empleados de la Cooperativa -Rosas como el responsable del área de Facturación y su mujer, desde el sector de Recursos Humanos- y que recién cuando se sumaron, primero González y meses después Garavelli, se conformó esta presunta "asociación ilícita", teniendo en cuenta la cantidad de personas que la habría integrado.

"Si bien del análisis integral de la causa surge evidente la formación de una Asociación Ilícita entre los Sres. Rosas, Calandra, González y Garavelli, siendo éste el fruto del crecimiento y afianzamiento delictivo, no puedo dejar de advertir que en sus inicios, y más precisamente sobre el primer año de la maniobra delictiva, el actuar estuvo centralizado entre los dos empleados de la Cooperativa Eléctrica", concluyó el titular de Garantías 2.

De esa manera, ubicó al accionar ilícito inicial -sólo entre la pareja de empleados de la CEAL- "antes de mediados del año 2024", cuando en ese entonces los delitos que supuestamente cometieron Rosas y Calandra fueron configurativos de "Estafas reiteradas, Falsificación de documento y Uso de documento Falso, en concurso real entre sí".

En ese contexto, los hechos que les atribuyen a la totalidad de los encausados ahora quedaron situados "en un período de tiempo indeterminado que abarca, al menos, desde el mes de agosto de 2024 hasta mediados del mes de febrero de 2025".

Durante aquellos seis meses, Calandra, Rosas, Garavelli y González, "previo acuerdo de voluntades, tomaron parte en una asociación destinada indistinta y mancomunadamente a organizar, de manera coordinada y a través de la división de tareas, el cobro de facturas de energía eléctrica y servicio de agua de red a un gran número de usuarios de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada en beneficio propio, al apropiarse ilegítimamente de la totalidad de los montos percibidos, ascendiendo el beneficio a la suma aproximada a 160.000.000 de pesos", se menciona en lo resuelto por el titular de Garantías 2 teniendo en cuenta lo que viene siendo sostenido desde la Acusación.

El accionar que les siguen endilgando a los encausados es el ya referido en varias ocasiones: que Rosas confeccionó tickets de pago y notas de crédito truchos en su carácter de máximo responsable del área de Facturación de la CEAL y que su esposa Calandra se valía de su condición de empleada de la Cooperativa para ofrecer "descuentos especiales" a comerciantes que ahora figuran también damnificados en esta causa, teniendo en cuenta que después tuvieron que pagar en la CEAL las boletas por servicios que adeudaban.

En los casos de González y de Garavelli, una vez que se sumaron a estas maniobras ilícitas se encargaron de reclutar a propietarios de locales y a recaudar parte del dinero que obtenían por medio de estas estafas que los siguen teniendo a ellos y a la pareja de empleados de la Cooperativa privados de sus libertades. Pero desde ayer martes, al ser ordenadas sus prisiones preventivas en una primera instancia.

"Puede identificarse una pluralidad de planes destinados a organizarse respecto a cómo arribar a los comerciantes de nuestra ciudad, qué mensaje ensayado utilizaban para convencerlos de pagar el servicio de electricidad mediante su modus operandi, citando a modo de ejemplo diferentes ardides: decirles que eran buenos contribuyentes, por la confianza generada por ser clientes de los comerciantes estafados, que para determinados usuarios se hacían estos descuentos que ofertaban, por afinidad, y así lograr recaudar el dinero de varias facturas, que jamás se rindió ante la CEAL, y del cual se apropiaron en gran parte porcentual la pareja Rosas-Calandra y, de manera gradual, los otros dos miembros de la banda: 'comerciantes recaudadores' a medida que incorporaban más 'clientes'", se indica en lo decidido este martes al describir el accionar de los imputados.

La CEAL y comerciantes, estafados

Un total de veintinueve negocios -varios de ellos situados en la zona céntrica y entre los cuales figuran también supermercados chinos- y dos domicilios particulares aparecen ahora como aquellos lugares donde los encausados captaron a los damnificados para concretar estas estafas que, al mismo tiempo, redundaron en un perjuicio económico para la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada.

Esa entidad, a través de su representante legal Luis Conti, se había convertido en febrero de este año en la denunciante ante la Justicia de estas maniobras delictivas.

Al analizar los roles de los comerciantes que siguen presos, Garavelli continúa siendo mencionado como el nexo principal con los propietarios de los supermercados chinos instalados en Azul para captarlos y ofrecerles esos pagos truchos del servicio de energía eléctrica.

Para el Juez que ayer martes ordenó las prisiones preventivas de los imputados, en el caso específico de González sostuvo que "cuestión no menor" resulta su "calidad de comerciante".

En carácter de tal -afirmó Barberena- "conoce los mecanismos de pago que tiene todo tipo de contribuyente. Y tal como ha quedado acreditado, no sólo ha quedado comprobado que omitió cumplimentar y seguir las reglas de pagos legítimos ante la CEAL, sino también a escondidas, luego de haber pergeñado el engaño a otros vecinos/amigos/comerciantes, coordinaba encuentros con Calandra intentando no ser percibidos por los ciudadanos, utilizando la mayoría de las veces sobres cerrados. Todo ello, a los fines de ocultar las maniobras delictivas desarrolladas por la banda".

En ese contexto, figura agregada a esta causa la declaración de otro comerciante que es amigo del dueño de la heladería situada en Mitre y España.

A través de sus dichos ese hombre afirmó que "charlando con el Gallego me dijo que cuando tuviera que pagar la luz le avise, ya que él no hacía cola, que tenía un contacto, una amiga dentro de la Cooperativa. Y como él siempre tenía conocidos por todas partes me vino bien la idea. Me salvó la vida: yo le daba a veces la factura de la luz junto con la plata y él pagaba. Luego me traía el comprobante al otro día, o a los dos días. A veces él traía la factura ya paga y yo ahí le daba la plata, de las dos maneras lo hacíamos".

Los diferentes testimonios incorporados a esta causa de los comerciantes considerados como damnificados por lo ocurrido sirvieron también al Juez garante para concluir que en el desarrollo de la actividad delictiva "se logró identificar que, para perfeccionar las maniobras y brindar credibilidad a sus dichos, tanto Calandra como González o Garavelli entregaban a cada usuario los tickets de pago falsos, creados a imagen de los originales de la CEAL por Matías Rosas y, en algunos casos, una impresión de notas de crédito apócrifas, insertadas en el sistema de la Cooperativa también por Matías Rosas, que era el encargado de crearlas y modificarlas según su estrategia para reflejar en sistema la inexistencia de deudas del comerciante en cuestión y evitar así fallos" en las cuentas de la entidad donde trabajaba junto con su esposa.

Al igual que sucediera cuando se ordenaron las detenciones de los encausados, continúa siendo una prueba fundamental de cargo que los incrimina en estas estafas las conversaciones halladas en el teléfono que le fuera secuestrado a Matías Horacio Rosas a poco de iniciada esta investigación penal, cuando fuera allanado uno de los inmuebles que posee.

Son todas charlas que mantiene con su pareja Calandra a través de las cuales -se señala también en lo resuelto ayer martes- "puede vislumbrarse que inicialmente la maniobra comenzó entre ellos, afianzando el mecanismo y perfeccionando la metodología, a la vez que visualizaban que las defraudaciones eran inadvertidas por las autoridades de la CEAL; aunque dando cuenta que la magnitud y alcance delictivo podía crecer con la participación necesaria de nuevas personas que captaran clientes y ofrecieran los supuesto descuentos".

"Es así como a mediados del año 2024 resultó determinante la incorporación de Neefer Eduardo Gonzalez, reconocido comerciante de la ciudad de Azul, evidenciando gran número de contactos con otros comerciantes que, a través de sus expresiones engañosas, culminaban en el pleno convencimiento por parte de los comerciantes para así acceder a los supuestos descuentos en las facturaciones de electricidad de los locales, para finalmente entregar una factura de pago apócrifa de idénticas características a las que eran emitidas comúnmente por la Cooperativa Eléctrica de Azul", se señala también en la resolución donde el magistrado a cargo de Garantías 2 hizo lugar al dictado de la prisión preventiva para los cuatro investigados.