EL ESTADO SE VERÁ OBLIGADO A INTERVENIR

El abuso sexual infantil pasaría a ser un delito de acción pública

El proyecto de reforma será tratado el próximo miércoles por la Cámara de Diputados. Según la diputada nacional por la UCR Carla Carrizo, redactora de la iniciativa, “si bien el 52% de las víctimas de abuso sexual en Argentina son niños, sólo una de cada diez denuncias se transforma en investigación”. “Hoy, sobran víctimas y falta justicia”, agregó la legisladora. 

Más de la mitad de las víctimas de abuso sexual en el país son menores. Sin embargo, sólo una de cada diez denuncias lleva a la etapa de investigación. LA NACIÓN

El sábado se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, uno de los delitos más invisibilizados que existen. Para intentar revertir la impunidad que envuelve a esta problemática, el 15 de noviembre pasado se aprobó por unanimidad en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados un proyecto para modificar el Código Penal para que el abuso sexual infantil deje de ser un delito de instancia privada y pase a ser un delito de acción pública. Se espera que el proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados el próximo miércoles, que el Senado pueda tratarlo antes de fin de año y se convierta en ley.

De aprobarse la reforma, de ahora en más si alguien sabe que un niño, niña o adolescente fue víctima de abuso sexual, podrá hacer la denuncia y el Estado estará obligado a investigar aunque esta denuncia no haya sido ratificada por los padres o tutores del menor.

Según la diputada nacional por la UCR Carla Carrizo, redactora de la reforma, “si bien el 52% de las víctimas de abuso sexual en Argentina son niños, sólo una de cada diez denuncias se transforma en investigación. Con esta modificación, Argentina comienza a cuidar y proteger a la infancia y adolescencia en el caso de delitos contra la integridad sexual como se hace en los países que protegen bien. Hoy, sobran víctimas y falta justicia”.

Más de 500 denuncias en los últimos tres meses

Según estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. Es decir que, sólo en nuestro país, casi 2 millones de niños y niñas son víctimas de este delito. Sin embargo, se estima que sólo el 10% de los casos son denunciados, y apenas 1 o 2% de los casos denunciados reciben condena.

A nivel nacional, las estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indican que en la Ciudad de Buenos Aires un menor es abusado cada 16 horas. Asimismo, en la Provincia de Buenos Aires, en los últimos seis meses, se registraron 85 denuncias por día de violencia contra niños o adolescentes.

Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia, afirma que “el abuso sexual infantil tiene severas consecuencias para el desarrollo individual y social de las víctimas. Produce culpa, humillación, impotencia, estigmatiza y afecta gravemente su autoestima y la percepción que tienen de sí mismos. Se trata de un delito que no suele denunciarse, entre otros factores, porque en el 80% de los casos el agresor es un integrante de la familia”. Es un delito silenciado por el propio entorno familiar, ya sea por temor a la condena social, por vergüenza o por miedo a la reacción que pueda tener el agresor.

La reforma suma respaldos

La reforma de la ley impulsada por Wachter en conjunto con Carrizo (presidenta de la Comisión Bicameral para la designación del Defensor del Niño), además cuenta con el apoyo de todas las partes involucradas: la sociedad civil, organismos internacionales, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal. Con la aprobación de esta reforma, el Estado pasará a ser garante de la protección y el derecho de los niños víctimas.

“Es un primer paso. El próximo será trabajar en protocolos y capacitaciones para operadores judiciales, es importante nacionalizar una mirada informada del modo en que se debe cuidar y tratar a la infancia y adolescencia en los procesos judiciales. Un desafío que comienza luego de la aprobación”, afirma Carrizo. (LA NACIÓN)

 

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