EL BROTE VERDE… DE LA INFLACIÓN

En cada presentación del proyecto de Ley de Presupuesto surge el mismo dilema. Si el Ministro de Economía (o Hacienda) de turno estampa entre los supuestos macroeconómicos la inflación que realmente espera para el año próximo, corre el riesgo de que el mercado se lance a una remarcación de precios para acomodarse de inmediato a una situación que, paradójicamente, se busca evitar. Y si, por el contrario, publica un porcentaje muy por debajo de la verdadera proyección, deja en evidencia las inconsistencias del proyecto, apoyado sobre las bases de barro de una inflación inverosímil.

Todos los mensajes que acompañaron a los proyectos de Ley de Presupuesto de los diez años son una prueba de ello. Ninguno, absolutamente ninguno, presentó una estimación de la inflación que se haya acercado a la real. Si le sirve de consuelo a todos los ministros de esa etapa, no está de más recordar que en tiempos de hiperinflación la diferencia era aún mayor.

Quizás esa fue la disyuntiva que enfrentó el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, al elevar al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto que, con modificaciones, es el que se está aplicando en este 2017. Luego de un 2016 en el que la pauta del 25 por ciento ya quedara desactualizada en mayo, la apuesta a una banda entre el 12 y 17 por ciento para el año en curso fue puesta en duda desde el principio por la mayoría de los economistas.

El Banco Central puede dar fe de ello, con solo cotejar los Relevamientos de Expectativas de Mercado (REM) que mes a mes muestra cómo economistas y consultores aumentan su desconfianza a la pauta inflacionaria oficial. Si en octubre del año pasado proyectaban una inflación para todo 2017 del 19,8 por ciento, en marzo subieron su pronóstico a 21,2 por ciento. Y difícilmente no lo vuelvan a aumentar en la próxima consulta de abril.

Las razones de esa sospecha las adelantó el propio Federico Sturzenegger, cuando a fin de febrero alertó que se venían “tres meses muy complicados en materia de inflación”. Sabía de lo que hablaba: ya por entonces se percibía que el IPC del segundo mes del año venía “pesado” por el aumento en las tarifas de electricidad. Y se tenía la convicción de que los problemas iban a seguir con los incrementos del gas (abril y noviembre) y del agua corriente (mayo).

En un Gobierno desesperado por anunciar los “brotes verdes” de la economía, la inflación de marzo cayó como una plaga en el jardín. El martes pasado se informó oficialmente que el tercer mese del año cerró con una inflación del 2,4 por ciento, superior a las previsiones de todas las consultoras y -como ya viene pasando desde hace tiempo- también por arriba de las estimaciones de diputados de la oposición, que insisten con la difusión de un índice como si el INDEC siguiera con la manipulación delictiva de sus estadísticas.

El primer trimestre pasó con una inflación del 6,3 por ciento. Es casi la mitad del 11,8 por ciento que para el mismo período de 2016 había medido la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires (por entonces el INDEC había discontinuado el índice), pero ese descenso interanual no satisfizo a la conducción del Banco Central.

Por el contrario, por primera vez en trece meses subió su tasa de Política Monetaria y expresó públicamente su preocupación por los inconvenientes para controlar un alza de precios que, además, excede el caso específico de las tarifas de los servicios públicos. Es más, el rubro Vivienda y servicios básicos solo fue el cuarto entre las subas, detrás del 5,6 por ciento de Educación, 4,8 por ciento de Indumentaria y 3 por ciento en Alimentos y bebidas. Su incidencia en el nivel general fue marginal y solo por el arrastre estadístico de un aumento que, en rigor, fue en febrero. Pero ya no será marginal en abril ni en mayo, cuando el gas y el agua vuelvan a presionar el IPC para arriba.

Para cumplir con la pauta del 17 por ciento anual, el promedio mensual de inflación para los nueve meses que restan no puede superar el 1,06 por ciento. En un año electoral, pese a la tentación gubernamental de obtener un rédito en votos a cambio de una mayor “generosidad” en el gasto, Sturzenegger redobló su apuesta y endureció su postura, con una suba de un punto y medio en la tasa de Política Monetaria.

Su propósito no es otro que el que repite en el último párrafo de todos sus comunicados: “El Banco Central seguirá manteniendo un claro sesgo antiinflacionario para asegurar que el proceso de desinflación continúe hacia su objetivo de una inflación entre 12 y 17 por ciento durante 2017”.

Queda por verse si el plaguicida de la tasa de interés favorece el crecimiento de los brotes verdes o, por el contrario, termina convirtiéndose en un efecto no deseado. Pero, en realidad, las dudas apuntan a cuatro cuadras de Reconquista 266. Es en Hipólito Yrigoyen 250 donde se diseña la política fiscal. Donde se dijo, por ejemplo, “seguimos reorientando el gasto público de acuerdo con nuestras prioridades”, luego de admitir un aumento interanual del déficit financiero del 60,7 por ciento en febrero.

Un gasto descontrolado que reactualiza un dilema que atraviesa la historia argentina desde hace décadas: si se bajan las tasas se dispara la inflación, pero si se las sube se contrae la economía real. Si es cierto que un incremento del déficit del 60,7 por ciento interanual se ajusta a las prioridades del Ministerio de Hacienda, no hay otra salida.

La decisión está en manos de Bernardo Dujovne, el mismo que dentro de pocos meses presentará el proyecto de ley de Presupuesto para 2018, con una previsión inflacionaria del 8 al 12 por ciento. Como para no perder la costumbre.

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