EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

El Concejo corrigió una “irregularidad” y modificó beneficios para las mineras

En la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante, más allá de las diferentes posturas y opiniones, hubo más coincidencias que desacuerdos. De los 19 proyectos presentados, 11 fueron aprobados por unanimidad, 2 por mayoría, 5 pasaron a comisión y 1 fue desaprobado. MARTÍN LABORDA
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En la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante, más allá de las diferentes posturas y opiniones, hubo más coincidencias que desacuerdos. De los 19 proyectos presentados, 11 fueron aprobados por unanimidad, 2 por mayoría, 5 pasaron a comisión y 1 fue desaprobado. MARTÍN LABORDA

Cuando en diciembre del año pasado la mayoría del Legislativo local aprobó la Ordenanza Fiscal, autorizó en uno de sus artículos la exención impositiva a la actividad minera por cinco años. Meses después, uno de los concejales advirtió que ese plazo iba en contra de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades que establece que se puede dar ese beneficio por un año. Por esto, trataron la modificación que salió aprobada por la mayoría oficialista, con el rechazo del GEN y la abstención de UC.

EL DATO:

A comisión pasaron dos proyectos: uno para modificar la Ordenanza de creación del Banco Municipal de Tierras del Partido de Azul, y el otro para emplazar en la Plaza de los Pueblos Originarios un conjunto arquitectónico que contiene en un pequeño cofre restos óseos de descendientes de la familia del Cacique Catriel.

En la última sesión del Concejo Deliberante, por mayoría se aprobó una proyecto de Ordenanza presentado por el concejal del bloque Peronista, Santiago Zaffora, tendiente a modificar un artículo de la Ordenanza Fiscal que el Concejo aprobó en diciembre del año pasado.

La modificación es sobre el artículo que estableció la exención impositiva para la actividad minera en el Partido de Azul por cinco años y que al momento de tratarse fue duramente criticado y no aprobado por el bloque del GEN. Ahora, con la nueva conformación, se sumaron a las críticas los ediles de Unidad Ciudadana.

Sucedió que según explicó Zaffora al fundamentar su proyecto, al momento de aprobar aquella Ordenanza elevada por el Ejecutivo no advirtieron que el plazo de cinco años de excepción que le dieron a las empresas “a los fines de promover la actividad minera y el empleo en el Partido” chocaba de plano con la Ley Orgánica de las Municipalidades -LOM-.

“Habíamos cometido una irregularidad”, advirtió el concejal el martes, luego de haber analizado lo que habían aprobado en diciembre pasado. En ese sentido, marcó que ante esa irregularidad, los concejales que aprobaron la Ordenanza pueden llegar a ser multados o apercibidos por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y ahí la necesidad de modificarlo.

Es que el artículo 40° de la LOM -que hace referencia a las atribuciones de los Concejos Deliberantes- establece que puede otorgar un régimen de exenciones parciales o totales de tasas municipales, y que las mismas tendrán vigencia por el ejercicio correspondiente al de la fecha en que se dicte la medida, es decir, un año.

Sin embargo el Ejecutivo había elevado la Ordenanza estableciendo cinco años, lo que fue aprobado, no sin debate por parte de la oposición de aquel entonces, por el Legislativo local.

Ahora, a partir de lo “corregido” por el concejal del bloque Peronista, las empresas que se instalen podrán tomar a cuenta del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene hasta un 30 por ciento del monto mensual del pago de ese tributo por un año.

El concejal Omar Norte, quien cuando fue el tratamiento de la Ordenanza Impositiva se había opuesto junto a sus compañeros de bloque, insistió el último martes con el rechazo a ese artículo en particular.

En el mismo sentido se manifestó María Inés Laurini, de Unidad Ciudadana, quien remarcó que desde su bloque “no podemos acompañar la exención a la actividad minera”, y así lo hicieron al momento de la votación.

Claudio Molina, por su parte, mencionó que en este momento las empresas de ese rubro “están haciendo cola para instalarse en Azul” y que el municipio “está perdiendo una oportunidad” de recaudar, más teniendo en cuenta el estado económico financiero de la comuna.

Ante esas dos últimas exposiciones el que intervino fue Marcos Turón, advirtiendo que de no aprobarse la modificación se dejaba a los concejales expuestos “a que los multen”, sin advertir que con los 9 votos de su bancada, más los 2 de Diversidad Progresista-UCR y el voto del bloque Peronista, ganaban la votación.

Y así se dio. Con esos 12 votos a favor se aprobó por mayoría la modificación. El GEN votó en contra y Unidad Ciudadana se abstuvo.

 

Otros temas 

En la misma sesión, el bloque Cambiemos presentó tres proyectos sobre la misma problemática: el tránsito. En los tres, piden al Ejecutivo que evalúe colocar reductores de velocidad o un sistema que los reemplace en distintas esquinas de la ciudad.

Las tres iniciativas fueron tratadas en conjunto y aprobadas por unanimidad, y de allí surgió la iniciativa de tratar la problemática del tránsito de manera integral, además de que se lleven adelante actividades tendientes, entre otras cuestiones, a la educación vial.

Fue la concejal Laurini la que en este punto recordó a los concejales que fueron ellos quienes al aprobar las ordenanzas de presupuesto para este año, aprobaron también la derogación de fondos y otros conceptos afectados, entre ellos el que iba a educación vial.

También se aprobaron por unanimidad la adhesión a los proyectos de ley tendientes a prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual callejero; las declaraciones de 2018 como “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”, de interés Comunitario y Deportivo a la cuarta edición del “Triatlón Olímpico Ciudad de Azul”, y de interés comunitario y Cultural al emprendimiento gráfico “Foto Libro” de la localidad de Chillar.

DISTINTOS TEMAS, DISTINTOS VOTOS

En la que fue la primera sesión ordinaria del año, todos los concejales votaron a favor de modificar el reglamento interno del Concejo para incorporar la creación de una Comisión Permanente de Género y Diversidad, iniciativa presentada por Diversidad Progresista-UCR.

De ese mismo bloque salió una Resolución declarando la importancia de que el municipio y la provincia firmen un acta acuerdo para realizar un diagnóstico técnico territorial de Partido de Azul y se pueda, así, terminar con la redacción de la nueva Ordenanza de Ordenamiento Territorial.

Según explicó la concejal Maya Vena, el Concejo realizó un importante trabajo al respecto, pero falta que el municipio suscriba el acta para poder seguir avanzando. “Hace dos años que estamos pidiendo que se firme el acuerdo”, remarcó.

El proyecto fue aprobado por unanimidad, al igual que el presentado por Marcos Turón de Cambiemos manifestando preocupación por el intento del grupo propietario de Farmacity de “vulnerar los derechos y deberes” establecidos en la Ley de Farmacias.

“En Azul hay 25 farmacias y corre riesgo Acofar”, indicó el concejal barajando la posibilidad de que se instale en Azul esa firma.

Nelson Sombra, de Unidad Ciudadana, advirtió que “es osado que presenten un proyecto como este” desde Cambiemos y en ese sentido añadió que “felicito que vayan en contra de los monopolios”.

Por otra parte, por mayoría se aprobó un proyecto más interno que de interés comunitario. Fue el presentado por Unidad Ciudadana solicitando que se le provea a cada uno de los bloques un usuario y clave para acceder al RAFAM. Esta iniciativa se presentó porque los concejales de esa bancada sostuvieron no poder ingresar a ese sistema informático a través del cual se accede a las cuentas municipales. “Nos vemos imposibilitados de poder controlar al Departamento Ejecutivo”, señaló Nicolás Cartolano, al fundamentar la iniciativa que votó en contra Ignacio Laborda.

Hubo un sólo proyecto desaprobado. Luego de un extenso debate en el que se pasaron varias facturas partidarias, la mayoría oficialista se impuso con el voto doble de la presidencia para desaprobar el proyecto presentado por Unidad Ciudadana mediante el cual expresaban la preocupación por el deterioro en la calidad de vida de los jubilados azuleños y la economía local, al aplicarse la ley de reforma previsional.

 

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