El debate por la Responsabilidad Fiscal: entre “herramienta necesaria” y un “abuso de poder”

El Legislativo local aprobó el martes por la noche la Ordenanza que habilita al Ejecutivo a adherir al nuevo Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal. Mientras que los concejales que votaron a favor aseguraron que es una herramienta “útil para el manejo racional, ordenado y transparente de los recursos y gastos fiscales municipales”, quienes se opusieron remarcaron que interfiere en la autonomía local y entendieron que se trata de un “abuso de poder” por parte de la gobernación bonaerense.

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la ley que contempla las modificaciones al nuevo Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal. NACHO CORREA


En la sesión extraordinaria que se realizó el martes por la noche, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la adhesión de Azul al nuevo Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, que para el oficialismo de Cambiemos, como así también para los bloques del GEN y de Diversidad Progresista-UCR, es una “herramienta” para que la comuna reciba asistencia financiera provincial y/o nacional; mientras que para los bloques de Unidad Ciudadana y Partido Justicialista resta autonomía al municipio y fue considerada como “extorsiva” y un “abuso de poder” por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal.
“Control y transparencia”
Cabe señalar que por medio de la Ley 13.295, la Provincia de Buenos Aires adhirió en 2004 a la ley nacional que creaba el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
A fines del año pasado, la administración de Vidal introdujo modificaciones a esa ley “invitando” a los municipios a adherir. Sucede que en uno de los artículos modificados, se establece que los municipios que no adhieran no podrán recibir asistencia financiera provincial o nacional, es decir que no recibirán ni adelantos de la coparticipación provincial ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
A su vez, el nuevo régimen limita la autonomía de las comunas ya que limita los gastos corrientes, interfiere en las tasas municipales, pone límites a la contratación de personal municipal, orienta a que no se graven las actividades productivas, entre otras cuestiones.
Fue le secretario de Hacienda y Administración, Agustín Carús, quien pidió que el Concejo apruebe una Ordenanza adhiriendo. Y así lo hizo el cuerpo por mayoría el martes por la noche, argumentando “la imperiosa necesidad de contar con esta herramienta legal para posibilitar la incorporación del municipio al acceso a operaciones y asistencia financiera por parte del Gobierno Nacional y/o Provincial, mantener bajo control la cantidad de cargos ocupados en el sector público, como así también poder participar del Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal”.
Para ellos representa una herramienta “útil para el manejo racional, ordenado y transparente de los recursos y gastos fiscales municipales”.
En el tratamiento de la Ordenanza que finalmente se aprobó, hubo voces a favor y en contra. También se escucharon posiciones críticas aunque terminaron acompañando el pedido de Bertellys, como fue el caso del GEN; o el bloque Diversidad Progresista-UCR que pidió bregar por las autonomías municipales, pero terminó votando la normativa.

Voces en contra, a favor y otras intermedias se escucharon el martes en la sesión extraordinaria del Legislativo local, a propósito del nuevo pacto de responsabilidad fiscal. NACHO CORREA


Algunas de las modificaciones
Las principales modificaciones que introdujo la administración provincial a la ley que creó el Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal, son las siguientes:
– Los municipios no pueden endeudarse por encima del 10 por ciento de sus recursos corrientes, salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones.
– Los municipios están obligados a adherir al Régimen de Responsabilidad Fiscal tanto para tomar deuda como para recibir asistencia financiera de Provincia o Nación.
– Los municipios no pueden aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor. Dentro de estos gastos están los salarios municipales.
– Los municipios no pueden aumentar su planta de personal por encima del aumento de la población, salvo aquellos que tengan superávit o absorban servicios del gobierno nacional o provincial o del sector privado.
– Los intendentes no pueden, en los seis meses previos a dejar el cargo, tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente (como los habituales pases a planta permanente de los empleados contratados).
– Los municipios deberían bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos.
– Los municipios están obligados a presentar sus presupuestos con información detallada sobre proyecciones de recursos y gastos, el stock de deuda municipal y la descripción de las políticas presupuestarias.
– Los municipios, además, deben publicar su presupuesto en su sitio Web oficial. También pide una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria.
– La nueva ley exige a los municipios un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada comuna y sus salarios.
DIVERSIDAD PROGRESISTA-UCR:  “ALGO SE HA HECHO MAL” 
Maya Vena, por su parte, recordó que la ley que ahora se modificó había sido aprobada en 2004 y, en ese contexto, señaló que “los municipios no han cambiado en su ordenamiento interno porque hoy, 13 años después, hay que seguir profundizando en las mismas cuestiones. Algo se ha hecho mal”.
Luego, al hablar de la autonomía indicó que “hay que bregar para que los municipios profundicen su autonomía en todas sus decisiones”.
El interbloque que Vena integra junto a Paula Canevello votó favorablemente la Ordenanza.
GEN: “LA NECESIDAD TIENE CARA DE HEREJE” –
El concejal Omar Norte indicó que aprobarían la ordenanza, planteó también “observaciones”, como el hecho de la pérdida de autonomía, el ajuste por el lado del gasto corriente, el pretender que se homogenicen las tasas, y el no planteamiento de la reducción del gasto político, entre otros tantos.
“La herramienta que estamos apoyando no es una panacea, pero la necesidad tiene cara de hereje. La situación económica financiera de Azul hace necesaria esta Ordenanza”, apuntó, y en el mismo sentido remarcó que “hay algunos aspectos que son criticables pero no hay alternativas para la no adhesión porque los recursos adicionales son necesarios”.
Claudio Molina, por su parte, apuntó contra los gobiernos provincial y municipal. “Si hablamos de responsabilidad fiscal y de transparencia, también hay que hablar de equilibrio con la presión fiscal que hace el Estado”, dijo.
También apuntó la comuna debe dar gestos de racionalización del gasto. Habló así de que sigue ingresando personal al municipio, que la planta de funcionarios continúa siendo demasiado numerosa, el aumento del sueldo del Intendente, el gasto en publicidad, las fiestas que paga el municipio, entre otros. “Eso no es tener responsabilidad en el gasto”, advirtió.
Pese a las críticas, tanto Norte como Molina y Pablo Zabalza, votaron a favor de la adhesión al nuevo Régimen Fiscal.
PARTIDO JUSTICIALISTA: “ABUSO DE PODER” 
El concejal integrante de este unibloque, Santiago Zaffora, indicó que la mayoría había hecho mención a la situación económica financiera del municipio como una “cuasi” obligación para adherir a la ley provincial, pero entendió que se estaba perdiendo de vista algo más importante: “¿qué pasa con la autonomía municipal?”, se preguntó, para luego añadir que “¿vamos a permitir el avasallamiento de los poderes centrales sobre las autonomías locales?”.
Si bien dijo que entiende el estado económico financiero del municipio, advirtió que la situación “no avala ni justifica todo”.
En ese sentido, indicó que si se leen los considerando de la ley, hoy el pacto es en materia fiscal, pero dentro de unos meses puede bajar un pacto en materia sanitaria “¿y vamos a dejar que se tomen las decisiones de lo que hay que hacer en el Hospital Pintos?. Se está habilitando a que la Provincia digite e intervenga en las decisiones de los municipios. No es un tema menor, es gravísimo”.
También advirtió que la ley “invita” a los municipios a adherir, pero si no lo hace, no le da nada a las comunas. En ese sentido, planteó “abuso de poder” de la provincia de Buenos Aires ante los problemas estructurales que tienen la mayoría de los municipios bonaerenses y remarcó que se trata de “una decisión autoritaria de avanzar sobre las economías locales”.
El concejal, votó negativamente la adhesión del municipio al nuevo Régimen.
UNIDAD CIUDADANA: “VIENEN POR LA ECONOMÍA MUNICIPAL” 
La concejal María Inés Laurini, dejó en claro de entrada que el bloque no iba a apoyarlo porque entendió que la nueva ley “es extorsiva” y que “limita la autonomía porque interfiere en la toma de decisiones respecto de cómo se recauda y en qué se gasta”.
A su vez, marcó la contradicción que se evidencia, por ejemplo, en el cierre de FANAZUL. “Centralizan el poder y la toma de decisiones, pero descentralizan la resolución de los problemas”, señaló, a propósito de las declaraciones del interventor de Fabricaciones Militares, quien dijo que el cierre es un problema de la comunidad.
En el mismo sentido se expresó Nicolás Cartolano. “La provincia de Buenos Aires está tratando de gobernar, desde el Ministerio de Economía, los municipios que no pudieron ganar en 2015”, sentenció, para coincidir en que es una ley extorsiva que lleva a la pérdida de autonomía.
Por su parte, Nelson Sombra, aseguró que las reformas a la ley “no benefician para nada a una ciudad como Azul. Creo que los dirigentes deben estar a la altura de las circunstancias para cambiar algunas reglas que se han mantenido en la ciudad”.
Criticó la política impositiva del municipio, que recauda sobre todo por tasas como la Urbana, que pagan todos los vecinos, o la de Seguridad e Higiene que abona el comercio. En contraposición, apuntó que por la tasa vial, que paga el campo, sólo recauda un 7 por ciento del total de lo que ingresa al municipio en concepto de tributos, “cuando hay 450 mil hectáreas de campo en Azul”.
Por último, subrayó que “no me da miedo el mote de palos en la rueda. Ya pasaron 2 años. En un modelo neoliberal, vamos a poner palos en la rueda, el cuerpo a la rueda y le vamos a voltear el caballo, si se puede. Porque vienen por la economía municipal”.
Los tres concejales de Unidad Ciudadana votaron en contra.
CAMBIEMOS: “NO VOTAR LA LEY, ES UNA IRRESPONSABILIDAD” 
Néstor Álvarez marcó su posición favorable a la aprobación e hizo hincapié en algunos puntos de la ley que consideró beneficiosos. Por ejemplo, el aspecto referido a “no aumentar la dotación de personal municipal, que es lo que siempre hemos pedido” y en “no incrementar las deudas”. Con esos dos puntos, dijo que “no votar esto, es una irresponsabilidad. Es una herramienta de autolimitación”.
Asimismo, Ignacio Laborda entendió que la ley “viene a sumar lo que ya está” y luego planteó la cuestión de la autonomía. En ese sentido se preguntó “¿qué comprende el concepto?”, ya que dijo que hay un debate entre autarquía y autonomía. “Todavía no se sabe si los municipios son autárquicos o autónomos”, marcó.
Reconoció que si el municipio adhiere va a tener beneficios y que si no lo hace, no los tendrá. “Pero no es para nada extorsivo”, advirtió.
Marcos Turón, también intervino y apuntó que “la provincia de Buenos Aires va a tener mayor control sobre las decisiones que tome el municipio. Es verdad que por ahí atenta contra la autonomía, pero lo hacemos sabiendo que se necesita asistencia financiera”.
Luego habló del control y señaló que “uno de los roles del Concejo Deliberante es controlar y no debemos delegarlo solamente en la oposición. Todos somos responsables por la gestión del Ejecutivo”.
En otro tramo, indicó que “podríamos evitar adherir a esta ley si el escenario fuera otro” pero el municipio no está equilibrado financieramente, por lo que dijo que “es un acto de responsabilidad adherir a esta ley”.
Los tres concejales que hablaron más los otros que no pronunciaron palabra -Paola Ficca, Liliana Vera, Manuela Arrarás, Francisco Gayani, Pedro Sottile y Juan Rampoldi- aprobaron la Ordenanza.
 
 
 
 
 

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