Derecho del trabajo - CUADRAGÉSIMA SEGUNDA ENTREGA.

¿El gobierno provincial quiere privatizar los juicios laborales achicando el Ministerio de Trabajo?

DYN01, BUENOS La gobernadora María Eugenia Vidal dispuso que el Ministerio de Trabajo bonaerense avance en la privatización de los juicios laborales.
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DYN01, BUENOS La gobernadora María Eugenia Vidal dispuso que el Ministerio de Trabajo bonaerense avance en la privatización de los juicios laborales.

Escribe: Dr. Aníbal Bocchio (*)

EL DATO:

El contenido de la sección tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún   caso ser considerado como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el usuario contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. Diario EL TIEMPO no se responsabilizará por las respuestas ni garantizará en modo alguno las mismas, como así tampoco será responsable por las decisiones de los lectores tomadas a partir de ellas.

 

Por iniciativa de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el Ministerio de Trabajo bonaerense ha avanzado en la privatización de los juicios laborales, que hasta la fecha promovían y desarrollaban su trámite los abogados funcionarios de dicha cartera en cada ciudad.

Si a ello agregamos la presencia territorial del organismo (Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires) a través de sus cuarenta y seis Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo, las treinta subdelegaciones y las veintitrés Oficinas de Atención distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, esta decisión de delegar en los profesionales privados de cada uno de los Colegios de Abogados de cada departamento judicial el trámite de los juicios laborales, dejando sin trabajo a los asesores legales del Ministerio, tal vez con el objetivo de achicar el Ministerio y el Estado para economizar, aparece como una privatización más de las que se vienen anunciando.

Siguiendo este temperamento, los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, mantuvieron una reunión con el ministro de Trabajo Provincial, Marcelo Villegas y firmaron un convenio por el que los letrados privados brindarán  asesoramiento jurídico, y tramitarán los juicios que los trabajadores confían en cada Delegación Provincial Regional de Trabajo.

Adhesiones   

Luego de las pruebas piloto y experiencias recogidas a partir de la adhesión de los primeros Colegios Departamentales de Bahía Blanca, Mercedes, Trenque Lauquen, para la ciudad de Pehuajó y Zárate-Campana, al sistema de asesoramiento jurídico y trámite de juicios, por abogados de la matrícula, previsto en el artículo 64 bis de la ley Nº 10.149, en las delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo; otros Colegios Departamentales entre los cuales se encuentran el Colegio de Abogados de Junín y el de Azul, se sumaron y suscribieron la adhesión al Convenio Marco de Cooperación y Colaboración y su protocolo. La firma se llevó a cabo en el seno de la reunión del Consejo Superior, realizada en la sede del Colegio de Abogados de La Plata, a la que asistió el ministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas y por el Colegio de Junín, su presidente, doctor Lisandro Beniton y por el Colegio de Abogados de Azul, su presidente, el doctor Sergio Volante.

Una clara oposición a su implementación  

A partir de la presente rúbrica se dará cumplimiento al artículo 64 bis de la ley 10.149, que dispone que en aquellos casos en que el trabajador deba iniciar acción judicial al empleador, no podrá patrocinarlo el funcionario que lo hizo en la etapa administrativa, debiendo sortearse un abogado de un listado que proveen los Colegios Departamentales.
Para el cumplimiento del acuerdo cada Colegio Departamental deberá disponer la apertura del registro para los colegas que quieran prestar este servicio. El servicio es gratuito para el trabajador y los letrados percibirán honorarios solamente de la parte vencida, cuando sea el empleador.
En ese sentido se ha diseñado un sistema informático, colocando en la página Web del Ministerio un link por donde el trabajador podrá pedir el asesoramiento jurídico. El sistema automáticamente le sorteará de la lista provista por cada Colegio Departamental un profesional de su ciudad, a quien podrá consultar.
El tema se discutió en la última reunión de Directores del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo que agrupa a todos los abogados laboralistas de los distintos Colegios de abogados de la provincia y hubo una clara opinión en contra de su implementación, entre otras razones, porque implicará seguramente el despido de cientos de abogados que desempeñan esa tarea en las Delegaciones del Ministerio de Trabajo.

 

Otras razones     

En segundo lugar porque corriendo por parte de los empleados del Ministerio el asesoramiento inicial y el cruce de las piezas postales (telegramas), allí es donde se sella la suerte y sentencia del pleito, por lo que muy poco podrá hacer un abogado privado de la matrícula para torcer el rumbo de un reclamo laboral mal encarado desde el inicio. En tercer lugar, porque cuando el abogado es un funcionario público tiene la obligación de defender al trabajador durante todo el trámite aunque no le resulte conveniente  económicamente, porque recibe un sueldo del Estado para ello. En cambio, ¿cómo podemos asegurar a los trabajadores que requieran los servicios de un abogado privado que le designe el Colegio de Abogados, que el mismo va a poner igual empeño, si el demandado por ejemplo es totalmente insolvente, o si su único bien es su vivienda (que obviamente estará protegida como bien de familia)?…

Para concluir   

La privatización de la protección que debe dar el Estado al trabajador que ha sido despedido, o que tiene un justo reclamo de haberes no puede reemplazar el rol obligatorio del Estado de estar al lado del más débil de la relación laboral (recordemos el deber de  obediencia del trabajador a su patrón, de la desigualdad cultural y económica de las partes, ya que el trabajador está acuciado por su necesidad alimentaria).

Por lo que, personalmente, pienso que debe ser el propio trabajador quien elija si quiere que el Gobierno lo defienda por medio de un abogado gratuito pagado por el Estado (dependiente del Ministerio de Trabajo) o si quiere confiar en un abogado particular que el mismo pueda elegir, y no que le sorteen en el Colegio de Abogados (a suerte y verdad…le puede tocar un inexperto, alguien que desconoce el fuero laboral, o un excelente profesional de la matrícula…).

ACLARACIÓN: El autor de este trabajo ha priorizado el entendimiento del mismo por parte de personas corrientes, sin conocimiento del idioma jurídico, razón por la cual en la redacción se a tratado de prescindir de terminología específicamente legal.

 (*) Abogado laboralista.

www.estudiobocchio.com.ar   

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