EL IMPUTADO TIENE 17 AÑOS

El martes que viene se conocerá el fallo para el menor procesado por el crimen en las vías

De ser considerado uno de los autores de ese homicidio agravado ocurrido en esta ciudad en mayo del año pasado, en principio se dispondría la cesura del proceso para que sea sometido a un tratamiento tutelar al menos por un año. De ser absuelto, inmediatamente recuperaría la libertad desde el Instituto Lugones, el lugar donde está detenido desde junio de 2017.
El menor que comenzó a ser juzgado semanas atrás por el asesinato de un joven que en mayo del año pasado se produjo en esta ciudad, cuando la víctima fue golpeada con fines de robo por al menos dos sujetos que la dejaron inconsciente y después colocaron su cuerpo sobre las vías para que un tren lo pasara por encima, podría ser absuelto o declarado a título penal como uno de los autores de ese homicidio agravado.
Eso se sabrá cuando el próximo martes 22 del corriente mes se conozca el fallo de este juicio oral que tiene como escenario, en el ámbito del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil departamental, a los Tribunales de Azul.
Ese debate había comenzado el pasado martes 8 del corriente mes. Y durante el transcurso de la semana anterior, después de tres días de audiencias, las partes anunciaron sus respectivos alegatos ante los jueces que están interviniendo en este proceso: el azuleño Luis Surget y sus colegas Marcos Milano y Aída Lhez.
El menor, que cumplirá 18 en agosto próximo, está privado de la libertad en el Instituto Lugones de esta ciudad desde el 2 de junio del año pasado, ocasión en la que una serie de allanamientos llevados a cabo por la Policía en Villa Piazza Norte había derivado también en el arresto del otro presunto autor del crimen: un mayor de 22 años llamado Juan Pablo Castro, que sigue preso y todavía no ha sido juzgado.
Cuando el jueves pasado la fiscal Mariela Viceconte y la defensora Oficial Laura Serradell dieron a conocer sus alegatos, esos anuncios incluyeron diferentes pedidos, teniendo en cuenta los lugares desde los cuales ambas están interviniendo en este proceso.
De ser absuelto, tal como la Defensora Oficial lo solicitó teniendo en cuenta las declaraciones -incluso la del menor imputado y de otros testigos- escuchadas en el debate, como así también otras pruebas que fueron incorporadas a este proceso, esa decisión del Tribunal se traduciría en la inmediata liberación del adolescente.
Además, en su alegato Serradell había pedido un cambio de calificación del hecho a un “homicidio simple” o al delito de “abandono de persona”.
En caso de que el adolescente fuera considerado coautor de lo que a escala penal se le imputa como un homicidio calificado por alevosía y criminis causa, en concurso ideal, tal lo que la fiscal Viceconte -misma funcionaria judicial que finalmente quedara a cargo de la instrucción de esta causa penal- pidió en el debate, esa declaración de culpabilidad no implicaría en lo inmediato que le dicten una pena de prisión.
En ese caso se aplicará, como ya ha ocurrido en otros juicios a menores declarados autores de un asesinato, la cesura del proceso por el plazo de un año, tiempo durante el cual el adolescente deberá ser sometido a lo que la ley ha definido como “un período de tratamiento tutelar”.
Recién ahí, y una vez que el menor haya cumplido ya los 18 años, algo que en este caso en particular ocurrirá en agosto próximo, el proceso judicial continuará con una audiencia donde los jueces evaluarán sí, después de ese año de tratamiento tutelar, es necesaria o no la aplicación de una pena privativa de la libertad.
En ese momento es cuando, y eso queda a criterio de los jueces, se le puede imponer o no una pena, teniendo en cuenta también para eso -de haber existido en el hecho que le están imputando- circunstancias eximentes, agravantes o atenuantes que las partes valoren una vez retomado ese proceso, tras la ya mencionada cesura.
Todo esto está reglamentado a través de la Ley 22.278 del Régimen Penal de la Minoridad, que en su Artículo 4º menciona: “La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo segundo” (que señala que es punible un adolescente que tiene 16 años como mínimo) queda supeditada a los siguientes requisitos: “que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales”; “que haya cumplido dieciocho (18) años de edad” y “que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un (1) año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad”.
“Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa”, se menciona también en ese artículo, donde se aclara que “si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá”.
Un dato importante en lo que es ese régimen penal de minoridad, en comparación a lo que sucede con los casos de los mayores, se relaciona también con las penas aplicables para un mismo delito.
Teniendo en cuenta en este caso en particular que la imputación que les hacen a los acusados, es decir, el adolescente menor de edad y el mayor, es un homicidio calificado por alevosía y criminis causa, en concurso ideal, las penas que les serían impuestas a ambos, siempre y cuando los declaren coautores de ese crimen, serían distintas.
En el caso del mayor, sería condenado a prisión perpetua. Pero para el menor,  dicha sanción se reduciría, tal lo ya señalado en la norma, al monto de pena que estipula ese mismo delito en grado de tentativa.
En otras palabras, una eventual sanción para el adolescente a modo de condena, después de esa ya referida cesura del juicio, oscilaría entre los diez y los quince años de prisión.

El dato
En el sistema penal vigente en Argentina es inconstitucional la pena de prisión o reclusión perpetua para los menores, después de así lo dispusiera un fallo del año 2012 de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, teniendo en cuenta para eso la Convención sobre los Derechos del Niño.

LA MUERTE DEL ALBAÑIL
El homicidio materia de este juicio que finaliza el próximo martes había tenido como víctima a un albañil de 25 años que se llamaba Carlos Emanuel Ruocolo.
El domingo 7 de mayo del año pasado su cuerpo, seccionado en dos partes, había sido hallado en cercanías a las vías, en el tramo delimitado por las calles Bogliano y Malére, después de que al menos un tren lo pasara por encima.
Lo que en principio se creyó que podría haber sido un accidente o un suicidio,  días más tarde se estableció que se trató de un homicidio.
Por el hecho, en las primeras horas del 2 de junio del año pasado, el menor que ahora está siendo juzgado y un joven de 22 años llamado Juan Pablo Castro, que está preso a la espera ser sometido a un juicio con jurados en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Azul, resultaron detenidos en Villa Piazza Norte.
En ese mismo barrio se domiciliaba la víctima. De hecho, según contaron sus padres a este diario días atrás, ambos imputados eran vecinos y amigos del joven.
Versiones de testigos señalan que durante las primeras horas de aquel domingo 7 de mayo los imputados y la víctima regresaban caminando a sus domicilios.
También, que Ruocolo comenzó a ser agredido con fines de robo, lo que se tradujo en que recibiera en su cabeza el impacto de un proyectil -según se cree un adoquín- que lo dejó inconsciente.
En ese estado, según se reconstruyera en la Investigación Penal Preparatoria, el cuerpo del albañil fue colocado sobre las vías para que después al menos un tren lo pasara por encima, aunque se presume que fueron dos las formaciones que seccionaron su cuerpo.
Fue un maquinista de una tercera locomotora que pasaba por esa zona el que después avisó a la Policía, ya cuando era alrededor de la hora nueve de aquel domingo 7 de mayo, del hallazgo del cadáver.
De acuerdo con lo señalado por fuentes ligadas a este juicio oral, cuando declaró en el debate el menor imputado afirmó que aquella madrugada en que el hecho se produjo él no regresó caminando junto con Ruocolo y el otro acusado. Según su testimonio, de un boliche donde todos habían estado él se volvió a otra hora y solo.
Los tres jueces que han estado interviniendo en este juicio habían estado días atrás en la zona de las vías donde el cadáver del albañil fue hallado.
 
 
 

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