JUICIO POR DOS “HOMICIDIOS CULPOSOS”

El miércoles de la semana próxima se conocerá el fallo para el ingeniero acusado de las muertes de los obreros

 

Así quedó establecido ayer en el juicio por los decesos de los trabajadores Chanquía y Carrizo. En los alegatos de las partes, además de solicitar condenas para el imputado, Fiscal y Particular Damnificado pidieron que la investigación, iniciada cuando en agosto de 2013 las víctimas murieron sepultadas en una zanja por la tierra de una de las paredes de la excavación que se desmoronó, siga abierta, en busca de más responsables por lo sucedido. El abogado del ingeniero lo consideró “un perejil” y pidió su absolución. Y denunció que desde la empresa “Korvial SRL”, la Municipalidad de Azul y la CEAL hubo responsabilidades compartidas en lo ocurrido.

 

Entre un pedido de absolución y dos para que lo condenen transita ahora la situación procesal del ingeniero Víctor Eduardo García, acusado de las muertes de los trabajadores Alfredo Carrizo y Osvaldo Chanquía. 
NICOLÁS MURCIA
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Entre un pedido de absolución y dos para que lo condenen transita ahora la situación procesal del ingeniero Víctor Eduardo García, acusado de las muertes de los trabajadores Alfredo Carrizo y Osvaldo Chanquía. NICOLÁS MURCIA

Por un lado, un pedido del Fiscal y otro del Particular Damnificado para que al ingeniero procesado por los “homicidios culposos” de dos obreros -que murieron en una zanja donde realizaban tareas de extensión de la red cloacal-  sea condenado a una pena de “cuatro años de prisión a cumplir” y a otra que lo inhabilite por “ocho años” para ejercer esa actividad. Y las mismas partes, coincidiendo en que esa Investigación Penal Preparatoria iniciada por lo sucedido con los trabajadores Alfredo Carrizo y Osvaldo Chanquía no se agote acá.

Tanto el fiscal Marcelo Fernández como el abogado Luis Conti -junto a Soledad Digiano, ambos representantes de la esposa de una de las víctimas de este hecho- consideran que podría haber más responsabilidades en el ámbito municipal y empresarial en aquello que sucedió con ambos trabajadores el 8 de agosto de 2013, cuando murieron aplastados y asfixiados por esa tierra que se les vino encima desde una de las paredes de la excavación, mientras en el interior de esa zanja colocaban tubos de PVC, en La Madrid entre Industria y De las Postas de Villa Piazza Norte.

Por el otro lado, el Defensor Particular del ingeniero imputado, pidiendo ayer la absolución de su cliente, a quien considera -tal como él mismo lo dijo- un verdadero “perejil” en toda esta historia.

Además, con fuertes críticas a la Investigación Penal Preparatoria llevada a cabo en su momento desde una Fiscalía local por lo sucedido, el abogado Osvaldo Bolpe volvió a plantear la nulidad de una de las actuaciones, mismo pedido que durante la instrucción ya no había prosperado. Y después, aunque con intenciones distintas pero casi en sintonía con el Fiscal y el único Particular Damnificado que finalmente se presentó en el juicio -estaba también mencionado el abogado olavarriense Germán Lestelle, que no concurrió al debate a representar a los familiares de la otra de las víctimas de este hecho-, denunciando “como ciudadano” a quienes, a su criterio, tuvieron también responsabilidades en eso que pasó hace ya más de tres años con los decesos de Carrizo y Chanquía.

“Hoy (a su defendido) lo estamos acusando de algo que tiene una enorme cadena de responsables”, dijo ayer Bolpe para después comenzar a dar nombres. Y en primer término, mencionó al arquitecto Julio Toscano, para ese entonces el máximo responsable de la Dirección de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda de la Municipalidad de Azul. Después, al ingeniero Carlos Mancino, también integrante de esa misma dependencia comunal.

Para la Defensa, este último profesional mencionado era el inspector a cargo de la obra desde el Municipio, aunque Mancino declaró en el debate que oficialmente él no había sido designado para tal función, más allá de que concurrió al lugar en una visita oficial el 5 de agosto de aquel 2013 y un día antes a que la zanja se desplomara. En esa segunda ocasión, junto a un ingeniero de CEAL Agua, a reclamarle al ingeniero imputado por diferentes medidas de seguridad.

Pero las denuncias “como ciudadano” del abogado Osvaldo Bolpe no se agotaron ahí.

También le endilgó responsabilidades en lo ocurrido a “Korvial SRL”, la empresa para la que -además de su defendido- trabajaban los obreros fallecidos.

Esas responsabilidades las situó en los nombres de quienes eran para ese entonces las caras visibles de la constructora.

“Voy a denunciar a Nicolás Valicenti. Y por las mismas razones a su hermana (María Cristina, una de las testigos que pasó por este juicio, la misma que dijo ser la titular de la empresa y que su hermano es un mero asesor)”.

“No me queda ninguna duda de que es una presta nombre”, expresó ayer en el debate el abogado con relación a la actual responsable de esa constructora. “Korvial es Nicolás Valicenti. Está inhibido en todos lados. Y lo cubre la hermana. Y lo digo a boca de jarro y no me da vergüenza decirlo”, indicó en la sala escenario de este debate el abogado Bolpe.

En ese mismo contexto, la Defensa del ingeniero imputado por las muertes de los trabajadores Carrizo y Chanquía también denunció al operario que aquel día manejaba una de las retroexcavadoras -la máquina que iba abriendo la zanja- y al estudiante de Ingeniería que se encargaba de las mediciones en la construcción, el mismo que -al igual que el conductor de la “retro”- también pasó por este debate como testigo. Un joven que ahora ya se recibió y no forma parte más de “Korvial SRL”.

Ambos, a su criterio, no vieron absolutamente nada cuando, estando en el lugar, se desplomó la pared de la zanja y acabó con las vidas de las víctimas, una de las cuales tenía 35 años y la otra 40.

“La culpa la tiene el ‘perejil’. Pero de los responsables de las áreas más específicas no se da cuenta de nada”, dijo el abogado Bolpe, endilgándole así también un papel por lo ocurrido a la CEAL.

Desde el punto de vista de la Defensa del ingeniero imputado, en la Cooperativa sabían desde meses antes sobre esa obra de ampliación de la red cloacal que iba a llevar a cabo la comuna con fondos del Gobierno Nacional.

Por lo tanto, no dio crédito a que sus directivos -en alusión al arquitecto García y al ingeniero Cúpparo, quienes declararon también en el juicio- “se hayan enterado” por este diario que la obra había comenzado, cuando EL TIEMPO publicó, al día siguiente, que aquel 5 de agosto de 2013 el por entonces intendente Inza y funcionarios de su Gobierno la visitaron.

Por esos carriles transitaron ayer los alegatos de las partes de este juicio donde el juez Héctor Torrens -a cargo del Juzgado Correccional número 2, el escenario de este proceso- seguramente tendrá mucho para escribir en la previa a anunciar la semana entrante el fallo, teniendo en cuenta para eso las diferentes cuestiones planteadas ayer por las partes.

Otros aspectos

Donde no hubo discusión entre las partes fue en cómo los hechos ocurrieron. El primero en hacer alusión a eso fue el fiscal Marcelo Fernández, quien situó a las muertes de Carrizo y Chanquía como ocurridas minutos después de la hora 14 de aquel ya mencionado 8 de agosto del año 2013.

En Villa Piazza Norte, concretamente en La Madrid entre Industria y De las Postas, ambos formaban parte de una cuadrilla de “Korvial SRL” que había ganado la segunda de las licitaciones -tras una primera fallida- para ejecutar esa obra de extensión de la red cloacal, impulsada por la comuna e iniciada dos meses antes a que hubiera elecciones legislativas.

Carrizo y Chanquía eran los llamados “zanjeros”. Es decir, los que colocaban los tubos de PVC que otros compañeros de cuadrilla les iban alcanzando, en momentos que ambos estaban en el interior de una excavación que tenía más de tres metros de profundidad y ningún tipo de medida de seguridad que sirviera para resguardar sus vidas. Entre ellas, el “entibado” que hubiera servido para evitar que una de las paredes de la zanja se derrumbara y ambos murieran sepultados y asfixiados por toda esa tierra que se les vino encima.

Tanto Fernández como Conti ubicaron al ingeniero acusado –Víctor Eduardo García, de 58 años- como quien ese día estaba a cargo de la obra. Y en carácter de tal, por una omisión de los deberes de cuidado a su cargo -consistentes básicamente en la implementación de medidas de seguridad que, a decir de varios testigos, prácticamente no existieron- le endilgaron esa responsabilidad penal por la cual pidieron las condenas ya referidas como autor de un homicidio culposo agravado por la pluralidad de las víctimas: cuatro años de prisión a cumplir y la inhabilitación por el doble de tiempo de esa pena para ejercer la profesión como ingeniero.

El Fiscal sostuvo que el acusado “ignoró los riesgos” que la obra que se estaba llevando a cabo implicaba, en el marco de un “incumplimiento absoluto de las reglas propias de su profesión”, las cuales incluían garantizar la integridad física de esa cuadrilla de hombres que estaba a su cargo.

El actual titular de la UFI 1 habló también en su alegato de “negligencias” que se cometieron en la previa y posteriormente a que los obreros murieran. En ese contexto, ubicó a la falta de un plan de emergencia ante una situación como la que se produjo, lo que por su ausencia después derivó en una “anárquica” labor para intentar con picos y palas salvar a las víctimas.

Los cuerpos, con la llegada de los bomberos y personal médico del Hospital Pintos, fueron rescatados minutos después. Aunque para eso entonces, tanto Carriza como Chanquía ya estaban muertos.

El Fiscal del debate afirmó que las fallas administrativas que luego se fueron detectando en ese acuerdo suscrito entre la constructora y la comuna para llevar a cabo la extensión de la red cloacal -en este ítem puede ubicarse a la falta del certificado de inicio de obra- “no exoneran de ningún modo al Sr. García” de la responsabilidad penal que se le atribuye en el hecho, la misma por la que el funcionario judicial y después el abogado Conti concluyeron que debe ser condenado.

“El alto grado de desvalor de la conducta del imputado” fue considerado como una circunstancia agravante a esa condena que el Fiscal pidió para el ingeniero. Así, habló de que con la sucesión del hecho García demostró una “negligencia absoluta en la conducción de las actividades que estaban bajo su orden directa, desinteresándose por completo de las condiciones en que se desarrollaba la obra y exhibiendo así un notable desprecio por la integridad física y la vida de sus subordinados”.

También pidió que todo lo que quede registrado en este debate se remita al Ministerio Público Fiscal. Desde su punto de vista, podrían existir otros ilícitos en los que habrían incurrido tanto los responsables de “Korvial SRL” como quienes desde la comuna tenían a su cargo, así se establecía en el pliego de la licitación, controlar diferentes aspectos de la obra. Entre ellos, las medidas de seguridad.

Los abogados Luis Conti y Soledad Digiano están representando en el debate a Karina Tiseira, la esposa de Alfredo Carrizo.

En su alegato de ayer el ex concejal, además de adherir a los postulados del Ministerio Público Fiscal, calificó a lo sucedido como un hecho “totalmente evitable”, algo que estuvo ligado a “la absoluta ausencia de medidas de seguridad” de quienes eran los responsables de implementarlas.

Habló también de ponerse en el lugar de los familiares de ambos obreros fallecidos, sumidos en esa angustia que les tocó revivir en este debate, donde -a su criterio- quedó demostrado que se trató de “una situación totalmente irregular” la que derivó en esas muertes. Empezando por las ya referidas medidas de seguridad que no existieron y finalizando con las falencias detectadas en la parte administrativa del otorgamiento de la obra por parte de la comuna a la empresa que se hizo cargo de esa extensión de la red cloacal en Villa Piazza Norte, la misma que hasta el día de hoy no está terminada.

Conti aludió a la investigación penal llevada a cabo. “Hubiera ameritado que el agente fiscal que la instruyó al menos investigara la posibilidad de delitos conexos”, presuntamente cometidos tanto por la empresa “Korvial SRL” como por la comuna.

En ese contexto, a escala municipal les endilgó responsabilidades al por entonces intendente José Inza, a Héctor Bolpe -quien era Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos- y a quienes estaban en la Dirección de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda.

Por eso pidió también que la investigación siga abierta. Desde su punto de vista, un Fiscal podría detectar que algunos de los funcionarios públicos nombrados incumplieron sus deberes como tales ese día en que ambos trabajadores murieron.

El abogado Osvaldo Bolpe, uno de los defensores particulares del ingeniero, hizo ayer el alegato más extenso de las partes.

Su alocución se prolongó por más de una hora. Y en un momento el juez Torrens, al mismo tiempo que le pedía celeridad, le marcó que había gozado de “una extensión que no se la han dado jamás en los Tribunales de Azul” a alguien para formular un alegato.

“Pido la absolución de mi defendido, nada más”, dijo Bolpe al final de su alocución y antes de las réplicas.

Para ese entonces, había dado a conocer todos esos otros aspectos ya referidos en esta nota. Los mismos que, a su entender, ubican a su defendido en un lugar donde es completamente ajeno a responsabilidad penal alguna por lo sucedido.

“García jamás llegó a ser el representante técnico y legal de la obra”, afirmó en varias ocasiones.

Habló también de una “pobre y nefasta investigación” que “da lástima”,  llevada a cabo desde la Fiscalía que intervino en el hecho.

Y en esa “maraña de irregularidades” que detectó, sobre todo en la parte administrativa de la obra, situó a los responsables anteriormente ya mencionados, dejando exentos por lo ocurrido tanto al ex intendente Inza como a Bolpe.

Uno de los ex secretarios de la gestión Inza es familiar de Osvaldo Bolpe. Pero el abogado afirmó que no por ser su primo eso iba a evitar que fuera “objetivo” con lo que pensaba sobre su situación en este caso.

En otras palabras, no les atribuyó responsabilidades ni a Héctor Bolpe ni a José Iniza, de quien el abogado defensor dijo ser su amigo. Y dio a entender que tanto el ex intendente como su ex secretario firmaban o avalaban lo que los especialistas en este caso le indicaban.

“Lo único que tenemos acá es que el hilo se cortó por lo más fino. Tenemos un ‘perejil’. Tenemos a García y ya está todo arreglado. Y las cosas no son así. Necesitamos que se haga justicia. Las víctimas necesitan que se haga justicia. Hacer justicia es encontrar responsables penales de actos que se llevan la vida de dos personas extremadamente jóvenes. Padres de familia y, además, útiles para la sociedad, dejando en orfandad hijos y a la deriva a sus viudas”, indicó también mientras las esposas de Carrizo y Chanquía lo observaban en la sala de debates.

Ahora, a quien le toca hacer esa “justicia” que ayer el abogado reclamó es al juez que el miércoles de la semana que viene, es decir, el primer día del próximo mes de marzo, anunciará el fallo para el ingeniero acusado de las muertes de ambos trabajadores.

El dato

Ayer, antes de los alegatos, finalmente el fiscal Marcelo Fernández logró traer al juicio al testigo que le faltaba: otro de los integrantes de la cuadrilla que estaba presente el día en que se produjeron las muertes de Carrizo y Chanquía. Y después, el que volvió a declarar fue el ingeniero acusado. Las últimas palabras de Víctor Eduardo García, antes de que se conozca el veredicto de la causa que lo tiene procesado, fueron para ratificar una situación en donde se ubica ajeno a esas muertes que le imputan. Además, volvió a decir que no era él quien estaba a cargo de la obra.

 

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