CONFIRMARON UNA SENTENCIA

El Municipio tiene que indemnizar a la esposa de un trabajador que falleció en mayo de 2004

 

Un fallo de primera instancia de hace dos años fue ratificado días atrás en todos sus términos desde la Cámara Federal de Mar del Plata. El caso se relaciona con lo sucedido con un azuleño que desempeñaba tareas para la comuna, a través de un plan de empleo creado desde el Estado Nacional. El hombre murió a causa de un accidente laboral, mientras estaba cortando unas plantas en el predio de la ex fábrica Sudamtex.

 

Jorge Piazza, el abogado que patrocinó a la esposa de la víctima de este accidente laboral.
JOSÉ BERGER
<
>
Jorge Piazza, el abogado que patrocinó a la esposa de la víctima de este accidente laboral. JOSÉ BERGER

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la sentencia por la cual la Municipalidad de Azul tiene que indemnizar por “daños y perjuicios” a la esposa de un trabajador que murió en julio del año 2004, a causa de un accidente laboral ocurrido cuando estaba podando plantas en el predio de la ex fábrica Sudamtex.

Así lo señaló ayer a EL TIEMPO el abogado de la mujer del trabajador muerto hace ya casi doce años, quien sostuvo que la decisión de los jueces Eduardo Jiménez, Jorge Ferro y Alejandro Tazza fue el resultado de un recurso de apelación presentado por la parte demandada y que finalmente no prosperó.

Desde el Municipio, en una segunda instancia, se había recurrido a la Cámara Federal con sede en Mar del Plata, después de que el Dr. Martín Bava, a cargo del Juzgado Federal de Azul, en mayo de 2014 se pronunciara a favor de indemnizar a la esposa del hombre fallecido en las circunstancias ya mencionadas.

El abogado olavarriense Jorge Piazza es quien ha estado patrocinando a la esposa del trabajador fallecido -una mujer llamada Amelia Ana Agozzino-  desde que se produjo el accidente laboral que derivó en el deceso de su marido, que tenía 51 años al momento de su muerte y se llamaba Mario Oscar Molina.

Según dijo el Dr. Piazza a este diario al referirse al caso, la causa que en su momento se inició en sede judicial por lo sucedido atravesó a lo largo de los años por diferentes instancias, quedando finalmente radicada en el ámbito de la justicia federal.

En ese contexto, recién en mayo de 2014 se pudo arribar a una sentencia: aquella en la que el juez Federal de esta ciudad, el Dr. Martín Bava, encontró a la comuna responsable por la muerte de Molina, lo que en ese entonces implicó que la Municipalidad de Azul fuera condenada a pagar 285.400 pesos por lo sucedido.

De acuerdo con lo señalado ayer por el representante legal de la esposa del trabajador fallecido, “los intereses aplicables a la situación hacen que el monto a pagar sea superior al determinado en primera instancia por el juez Bava”.

El caso

En la respuesta a la apelación presentada por los representantes legales de la Municipalidad de Azul ante la Cámara Federal, los jueces señalaron que Molina falleció el 28 de mayo de 2004.

Al momento de su muerte, era beneficiario del llamado Programa de Emergencia Comunitaria, un plan de empleo creado desde el Ministerio de Trabajo de la Nación para personas a las cuales se las incorporaba a desarrollar tareas en ámbitos municipales.

En esas circunstancias, el hombre “estaba afectado a la tala y poda de árboles y plantas en el ámbito de la Municipalidad de Azul, que en ocasión era el órgano ejecutor local de tal programa”.

Molina murió, el día antes referido, mientras llevaba a cabo esa tarea en el predio de la ex fábrica Sudamtex.

Subido a un tambor, “desde el mismo árbol sobre el que operaba” se desprendió “una gruesa rama” que impactó sobre él, lo cual se tradujo en su deceso.

En ese entonces, según lo señalado por su esposa, Molina -formando parte del plan de empleo ya señalado- estaba en el Área de Coordinación de Comisiones Vecinales que dependía de la Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Azul, durante lo que fue la segunda de las tres gestiones como intendente de Omar Duclós.

Si bien los asesores legales de la comuna sostuvieron que por el tipo del programa de empleo al que pertenecía era responsabilidad del Estado Nacional lo que ocurrió al sufrir el hombre ese accidente laboral que acabó con su vida, esa postura no prosperó. Tanto para el juez de primera instancia en Azul como luego para los camaristas de Mar del Plata que ratificaron en un todo lo sostenido en primera instancia.

“Aquí se acreditó la existencia de contratación válida entre el Agente premuerto y el Municipio de Azul y la subordinación pertinente que existió entre tal Agente y el municipio contratante, así lo sea en el marco del Programa de Empleo Comunitario (PEC) creado por el Estado Nacional Argentino por conducto de su Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde claramente el Municipio de Azul era órgano ejecutor del programa, con todas las responsabilidades que ello conlleva”, escribió en lo resuelto días atrás -concretamente el lunes de la semana que pasó- el camarista Eduardo Jiménez.

“También se probó en la causa -continuó señalando el camarista en el fallo- que el daño acaecido y que a la postre causa la muerte del Sr. Molina no se debió a la sola intervención del dependiente en un hecho personal o utilizando objetos propios, sino más bien a que los enseres utilizados, y aún el tambor sobre el que se encontraba parapetado, le fueron provistos o eran propiedad del municipio demandado”.

Más adelante, el juez que en primer término votó a las cuestiones planteadas afirmó, citando jurisprudencia al respecto: “Es claro que no puede darse entidad de ‘caso fortuito’ al desprendimiento de la rama de un árbol, en el contexto de un procedimiento de tala municipal, sino más bien entenderlo como una omisión del municipio en desplegar su ‘deber de seguridad’, concebido como el de ‘(…) adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica del trabajador’”.

 El dato

Una compañía de seguros a la que estaban adheridas las personas que pertenecían a este tipo de programas de empleo le pagó una indemnización por lo sucedido a la esposa del trabajador fallecido. Pero en lo dispuesto ahora, se aclaró que el dinero que deberá pagar la comuna es independiente a lo actuado desde la aseguradora ni bien este accidente laboral se produjo.

¡Deja un Comentario!

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *