El rol de los “civiles informantes” durante la última dictadura militar

Sin ellos, la labor de las fuerzas armadas no hubiera resultado tan efectiva. No se trató de una colaboración esporádica o bajo presión, sino sistemática y por elección. Se encargaron también de secuestrar, interrogar, torturar y asesinar. La Justicia Federal arribó a estas conclusiones. Una de las víctimas fue la azuleña Norma Monticelli, cuyo caso se incluyó en la voluminosa “Megacausa” de Mar del Plata.

Eduardo Salvador Ullúa, informante civil durante la represión ilegal y exmiembro de la CNU, en el momento de ser detenido. Ha sido procesado en el marco de la “Megacausa”, en la que, entre otras, surge como víctima la azuleña Norma Monticelli.

Por Marcial Luna

mluna@diarioeltiempo.com.ar

No pertenecieron a ninguna de las fuerzas armadas. No estudiaron carreras castrenses ni policiales. Sin embargo, desempeñaron un rol fundamental antes y durante el último gobierno de facto en Argentina. Colaboraron como “informantes civiles” para las diferentes fuerzas que participaron de la represión ilegal. “Estos hombres se sintieron los dueños de la vida y de la muerte”, aseguró un testigo, y apuntó al meollo de la cuestión: “Esta gente sabía sicológicamente como era esto, que en los diarios no iban a salir, que nadie los iba a investigar”.

Tal como informó El Tiempo en su edición del domingo último, la Justicia Federal marplatense, en el marco de la “Megacausa”, dictó el procesamiento con prisión preventiva y embargo a cuatro militares de rango intermedio y a un civil que, precisamente, colaboró durante un extenso período en la Subzona 15 como informante de las Fuerzas Armadas.

Los elementos se desprenden del Expediente Nro. 13000001/2007 caratulado:  “Serventi, Oscar Esteban y otros s/homicidio agravado con ensañamiento, alevosía, homicidio agravado p/el concurso de dos o más personas y privación ilegal libertad agravada art 142 inc. 5”.

El accionar de los “comandos civiles” durante la década del setenta, fue expuesto en una resolución del juez subrogante Santiago Inchausti (Juzgado Federal de Mar del Plata N° 1), durante 2017. Desde junio de este año, en el Tribunal Oral Federal 1 se desarrolla la denominada “Megacausa”, que juzga crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Base Naval de Mar del Plata, en “El Faro” y en la Base Aérea, en la que funcionó el centro clandestino de detención “La Cueva”.

En el marco de este juicio, una nueva resolución se conoció en la última semana de julio e involucró a los militares Ramón Seferino Silva, Miguel Ángel Ruíz, Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, y al civil Eduardo Salvador Ullúa, exmiembro de la organización de ultraderecha CNU. Este diario lo anticipó en su edición del domingo 29 de julio último.

La azuleña Norma Monticelli se halla entre las víctimas de ese grupo de tareas que operó en la Subzona 15. Del mismo modo, ha sido incorporado en la “Megacausa” el caso de la desaparecida Susana Collinet,

Colaboración civil  

¿Qué ha logrado esclarecer la Justicia hasta el momento? Por un lado, el juez Inchausti, luego de valorar el contexto histórico en el que acontecieron los hechos que se juzgan en la “Megacausa”, puntualizó que, “durante la última dictadura militar, las Fuerzas Armadas pusieron en práctica un plan criminal destinado a eliminar un sector de la población que aparecía, según sus registros, como ciertos o potenciales opositores a dicho régimen”.

No se trató de un hecho aislado sino de un plan sistemático, indicó el juez a partir de la  evidencia reunida.

Desde esa perspectiva, prosiguió: “En el marco de este plan, la actividad de inteligencia desplegada jugó un papel preponderante para la consecución de los fines visualizados por los altos mandos; ello, porque su acción ‘contrasubversiva’ buscaba identificar y evidenciar las estructuras celulares organizadas y a sus miembros; los que en virtud de las circunstancias, se movían infiltrados en los diversos estratos de la sociedad y en la clandestinidad […] Tanto el Ejército, como la Armada y la Fuerza Aérea reglamentaron este aspecto primordial de la lucha antisubversiva”.

La reglamentación castrense no quedó fuera del análisis jurídico. Se encuadra en este punto, por ejemplo, la disposición denominada RC-9-1 “Operaciones contra elementos subversivos” publicada por el Ejército en forma reservada con fecha 17 de diciembre de 1976. Al respecto, “[…] se dictaron nuevas leyes y normativas que establecieron el nuevo orden jurídico e institucional del país, sentado ciertas directrices a los fines de guiar las actuaciones del personal, cuya secuencia consistía en: 1) obtención de la información acerca de la ubicación, abastecimiento, medios de subsistencia, inteligencia, etc. que posee el elemento subversivo, 2) brindar dicha información a la sección operaciones para la ejecución del procedimiento cuando no lo llevara a cabo personal de la misma sección de inteligencia y 3) una vez capturado el “objetivo”, proceder a la extracción de información mediante interrogatorios”.

También la Justicia Federal ha demostrado que “el Ejército se valía de ‘la inteligencia de otras fuerzas y de la comunidad informativa que funcionaba en Mar del Plata’, [para lo cual] se contó con la colaboración de la Sección Inteligencia (S2) de la Fuerza Aérea, y también de varios de los civiles”. En este último caso se encuadra la participación de Ullúa, el civil recientemente procesado en la “Megacausa”.

El caso CNU    

Eduardo Salvador Ullúa perteneció a la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Con respecto a esta organización, la Justicia Federal ya estableció que “la misma se caracterizó por ser un grupo ‘minoritario, carente de consenso’”, y que “sus integrantes actuaban como ‘unidades operativas de choque’ que irrumpían en las aulas universitarias armados con cadenas, elementos punzantes y armas cortas y largas”. Fue procesado con prisión preventiva la semana pasada.

El juez Inchausti apuntó, en cuanto al contexto histórico de la organización CNU, a la que definió como “paramilitar y terrorista de ultraderecha”, que “surgió en nuestro país en el año 1968, en la ciudad de La Plata, para luego extenderse a distintos puntos del país, siempre con vinculación a la Juventud Peronista y luego a la Triple A”. (Es oportuno indicar que aquí el juez se refiere a la JPRA, Juventud Peronista de la República Argentina, conocida en la jerga militante de los setenta como “la Jotaperra”, representante de la ultraderecha del movimiento, en contraposición de la JP de las Regionales, enlazada con la Organización Político-Militar Montoneros, por entonces relacionada con la ultraizquierda).

Durante el período 1976-1983, según las declaraciones de testigos ante la Justicia Federal de Mar del Plata, se pudo comprobar que “el accionar de la CNU en aquellos años era realizado por miembros que hasta solían identificarse como representantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad”.

La CNU poseyó una línea operativa militar. Según el documento jurídico antes referido, estaría formada cuanto menos por “Armando Nicolella, Juan Carlos Gómez, Cincotta, Delgado, Durquet, Ullúa y el famoso ‘Tano’ Nicola”. Un testigo en la causa expuso: “[…] la CNU ya en el ’74 y en el ’75 especialmente controlaba nada menos que la CGT y la Universidad. ¿Tienen idea de lo que estoy diciendo? Que, en una ciudad como Mar del Plata, en 1975, un grupo de diez o quince abogados controlaran la CGT y la Universidad al mismo tiempo. Si se entiende eso, el grupo que queda –por convicción propia– trabajando para [el coronel Pedro] Barda en el Ejército es el grupo operativo paramilitar que produce todas las tropelías y los hechos trágicos del ’76 y ’77 con un claro sentido de la visualización del poder […] estos hombres se sintieron los dueños de la vida y de la muerte, y de la ciudad. Hacían las cosas con absoluta libertad […] esta gente sabía sicológicamente como era esto, que en los diarios no iban a salir, que nadie los iba a investigar, que ningún vecino los iba a mirar mal”.

Si la “Megacausa” termina por enlazar cuestiones, podría llegarse a la conexión entre las distintas subzonas (en que fue dividido el país durante la última dictadura) y detectar qué informantes civiles se desempeñaron en cada ciudad, entre ellas Azul.

El brazo ejecutor     

La Justicia ha confirmado que existió colaboración civil en la última dictadura, aunque el proceso puede rastrearse desde finales de la denominada “Revolución Argentina”, puesto que al recientemente procesado Ullúa se lo vincula con el crimen de una estudiante, ocurrido en 1971 (ver edición del domingo último).

Sostuvo el juez: “Esta caracterización de lo que corresponde al contexto en el que se dio el funcionamiento de esta concentración –CNU–, ilustra respecto del mecanismo de actuación de sus miembros, quienes en todo momento, son descriptos por los testigos como personas violentas, agresivas, imponedoras de un régimen a ultranza y la relación que existió entre sus componentes y el Ejército Argentino para concretar las finalidades de plan sistemático impuesto por el poder de turno. Podría resumirse en sintéticas palabras que quienes la integraron, sin pertenecer a las fuerzas de seguridad, prestaron colaboración directa como un brazo ejecutor y paramilitar para obtener información de los sectores sociales, políticos y universitarios que se encontraban enemistados contra el régimen militar”.

Finalmente, en la resolución el magistrado puntualizó: “Se ha acreditado en autos, tanto reglamentaria como documentalmente, la existencia del empleo y accionar conjunto de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales en la “lucha contra la subversión”, encomendándose al Ejército la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones correspondientes en todo el territorio de la Nación, debiendo la Armada y la Fuerza Aérea prestar apoyo y colaboración con carácter prioritario a los requerimientos que le fueran realizados, situación que se viera reflejada en la práctica dentro de la órbita de esta ciudad y sus zonas aledañas; valiéndose para llevar adelante la inteligencia necesaria no sólo del personal militar, sino también de personal civil a sus efectos, particularmente pertenecientes a la CNU, siendo la única finalidad  cumplir los diversos eslabones del plan”.

 

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