“El Triunfo de la Vida”

“La clandestinidad no salvó ninguna vida”, una de las consignas que se vio el pasado 8 de agosto mientras el Senado debatía la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

OPINIÓN

Por Moira Goldenhörn *

Mientras algunos grupos celebran “el triunfo de la vida”, quienes seguimos bregando no sólo por el derecho a la vida sino por dignificar la vida a cada paso, celebramos la visibilización de varias problemáticas que atentan contra la dignidad humana y específicamente de existencia de las mujeres, niñas y adolescentes.

En una falsa dicotomía “vida vs. muerte”, autodenominándose “pro-vida” quienes no han salvado nunca a ningún niño de una vida miserable ni a ninguna mujer de morir por abortos clandestinos u otras causales directamente relacionadas con la pobreza, las hegemonías religiosas lograron imponer sus pautas morales sobre la realidad y el bien común que debe primar en las políticas sanitarias y educativas.

¿Qué proponía el proyecto de ley?

Debemos recordar primero que, desde que existe la ley penal en nuestra República, es decir desde el año 1921, el Código Penal mismo ya receptaba causales de eximición de pena para el aborto: violación, en caso de una mujer incapaz, o cuando continuar con el embarazo representara un riesgo para la salud de la madre o fuera un embarazo inviable. Ninguna de estas causales reconocía un límite temporal para practicar el aborto en cuestión: o sea, sí, técnicamente, podía hacerse un aborto de 9 meses menos un día. Pero, lógicamente, el sentido común no nos llevó a llegar a esas situaciones. Y, si vamos a hablar de ausencia del sentido común, tenemos el triste ejemplo del Senador Rodolfo Urtubey por Salta, quien afirmó que “hay violaciones que no lo son tanto, por ejemplo, las ocurridas en el seno de la familia, donde no hay violencia porque hay confianza”.

Asimismo, debemos saber que existió un delito muy particular en el mismo código penal, derogado en 1994, el “infanticidio” luego definido como “neonaticidio”, que tenía una pena menor, de tipo correccional -no criminal- para la mujer que asesinara a su hijo en el período de 40 días posteriores al parto. Hoy en día, ese delito se considera “homicidio agravado por el vínculo”. O sea, la ley era indulgente con quien, en su estado puerperal reciente, se encontrara con una maternidad no querida.

También debemos saber que existe, desde el año 2010, a consecuencia del caso LMR que fue resuelto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un protocolo de atención para la interrupción legal del embarazo y que, justamente, explicita los procedimientos médicos y hospitalarios para las prácticas abortivas por las causales previstas en el Código Penal como exentas de pena.

Así las cosas, el proyecto de ley rechazado en el Senado por representantes de las Provincias que ni siquiera se tomaron la molestia de leerlo (Senadora Cristina López Valverde PJ La Rioja, por ejemplo), preveía la subsistencia de las mismas causales con un límite temporal: las 25 semanas. O sea, acotaba el tiempo previsto en el Código Penal desde 1921. ¿Cuál era el problema con el proyecto de Ley? Pues, la falta de información, como siempre. La única diferencia era que, hasta la semana 12 de gestación, se podía solicitar la práctica sin explicitar causales. Nada más.

Y, por supuesto, se reforzaba la exigencia para cumplir con lo que ya es mandato legal y no se realiza: implementar la Educación Sexual Integral desde el jardín de infantes, la información y otorgamiento gratuito de anticonceptivos femeninos y masculinos, e intervenciones de esterilización definitiva para ambos sexos también.

¿Qué ocurrió en el Senado?

 El Senado es una estructura, si bien republicana, que contiene resabios de regímenes aristocráticos romanos. La denominada “Cámara Alta”, es representante de los gobiernos de las provincias, a diferencia de la “Cámara Baja”, la Honorable Cámara de Diputados, que representa al pueblo de las provincias. Además de la disposición de una mayor edad para el ingreso a la misma, sigue existiendo en nuestro texto constitucional la obligación para los senadores de demostrar un cierto ingreso económico, aunque dicha disposición ha caído en desuetudo (es decir, ya no tiene eficacia por falta de costumbre en su observación).

Claramente podemos observar que es “la cámara conservadora”, conservadora de un status quo que, también constitucionalmente, obliga al Estado Argentino a “sostener el culto Católico, Apostólico Romano”.

El Senado, en fin, votó, por la conservación de un status quo acorde con los postulados del culto sostenido, y de la clase a la que históricamente reprentan, las clases acomodadas. Porque hoy en nuestro país, sobrevivir a un aborto es un privilegio de clase, y el calificativo aplicado a las mujeres que abortan, también depende de la clase; porque las que pagan, pagan también el silencio del médico que les practica el aborto y de la institución donde se realiza, mientras que, las pobres, que llegan casi muertas de infección o pérdida de sangre, son exhibidas en los medios con nombre, apellido y número de hijos que dejó huérfanos “por hacerse un aborto”.

¿Se puede ser pro-vida y estar a favor de la legalización?

Por supuesto que sí. De suyo va que nadie es “pro-muerte”, salvo aquellas distinguidas damas y viriles caballeros que se pronunciaron por “matar a la madre y salvar al bebé”, los dos señores femicidas quienes efectivamente mataron a dos mujeres manifestantes, y aquellos profesionales de la salud que arengaron a sus colegas a “hacerlas sufrir por putas, para que nunca más tengan hijos”.

En contraposición a estos aberrantes actos y dichos, quienes estamos a favor de la legalización, justamente doblamos la apuesta por la vida. Queremos vida y vida digna. Y, quienes, además creemos en un Creador, queremos una Iglesia misericordiosa y compasiva, no una Iglesia condenadora. Y, sobre todo, una Iglesia que se dedique a los asuntos de Dios, mientras el César atiende los que le atañen al César.

Por eso queremos educación sexual integral que ayude a las infancias vulneradas a manifestar y denunciar abusos, a l@s adolescentes a conocer la sexualidad responsable y saludablemente; libres también de violencia, no sólo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Y a las personas adultas, capaces de convivir en una sociedad que incluya al otro como alguien también parte de “la normalidad”, sea cual fuere su orientación sexual, su identidad de género, sus costumbres e intereses sexuales, siendo el límite justamente la dignidad, el no socavar la dignidad ajena para el disfrute propio mediante la naturalización de la violencia en prácticas abusivas.

Para finalizar, quisiera dejar en claro un punto que, en los argumentos “pro-vida”, escapa a toda consideración: La clandestinidad no salvó ninguna vida. Las adolescentes y mujeres ricas, abortan discretamente; las pobres, escandalosamente. Y las que no abortaron, pero tampoco quisieron ser madres, inmolan su vida plagándola de dolor, y también a la de sus hijos. Y en no pocos casos, también los matan después de nacidos, aunque la pena hoy prevista sea mayor.

Es hora ya de ser honestos con nosotros mismos como personas y en la sociedad respecto de este tema que el Senado ha votado seguir escondiéndolo bajo la alfombra. De ser consecuentes con tanta alharaca religiosa y practiquemos los valores del Evangelio que anunciamos. Y, fundamentalmente, es hora de disponerse a amar al prójimo. De aceptar su vida como diferente. De no juzgarle, que para eso está Dios. Y si se le juzga, que sea desde sus zapatos y no desde nuestra plataforma moral, porque nuestra vida no es la suya. Viene siendo hora de cultivar la empatía, de sostener y acompañar. De formar hombres y mujeres de bien como “mapadres”, maestros y sacerdotes, capaces de responsabilizarse para evitar sufrimientos y dolores a sí mismos y a otras personas, y de acompañar desde el respeto y la contención afectuosa, si es necesario atravesarlos.

* Abogada, docente-investigadora, feminista (y también esposa y madre).

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