DE LOS “RADICALES K” A LOS “PERONISTAS M”

El uso político de la coparticipación

 

Por Marcelo Bátiz de la Agencia DyN

Pocas veces como en estos días quedaron en evidencia en forma tan transparente las motivaciones económicas de las decisiones políticas. Si hay un eje para destacar en la ruptura en progreso del aún denominado Frente para la Victoria, hay que buscarlo en las urgencias de los dirigentes con responsabilidad de gobierno frente a la postura de aquellos que, sin sustento territorial que defender, no dependen de su relación con el poder central.

En definitiva, lo que importa en este caso, como en muchos otros, no es la ideología sino la función. ¿O habrá que decir necesidad? En tiempos en los que cada vez es más difícil escindir a la “política” de la “caja”, los gobernadores peronistas y sus dirigentes afines vuelven a hacer gala del pragmatismo que dominó las siete décadas de existencia del movimiento. Cuesta encontrar, más allá de su cuñada, a un peronista con responsabilidad de gobierno que permanezca fiel a Cristina Fernández.

Y desde el macrismo, más allá de los discursos e incluso a pesar de las ideas de algunos de sus dirigentes, el aprovechamiento de la situación se viste con ropajes supuestamente dignos, como el inicio del debate por una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

En los tramos finales de la Presidencia de Cristina Fernández, dos fallos de la Corte Suprema de Justicia abrieron la caja de Pandora, herméticamente cerrada durante más de una década. Limitada a tres provincias, la restitución de recursos derivados por años a la ANSES y la AFIP dio lugar a un proceso que recién da sus primeros pasos: la ex jefa de Estado amplió por DNU la medida judicial a todos los distritos y su sucesor Mauricio Macri lo derogó (en los anales de la incoherencia quedó un detalle menor: los dos decretos llevan la firma del ministro Lino Barañao).

Posteriormente, lo que se pudo presenciar fueron algunas reuniones generales y varios acuerdos particulares, consistentes en aportes extraordinarios, adelantos de transferencias y puesta al día con compromisos no pagados de la gestión anterior y hasta un incremento del porcentaje de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Parche sobre parche, si se tiene en cuenta que en el texto original de la ley 23.548 la entonces Capital Federal no figuraba en el reparto, ya que no era autónoma.

En fin, soluciones de coyuntura mientras se espera el momento para debatir con mayor seriedad y atención el financiamiento de los estados provinciales. Conste que “financiamiento de los estados provinciales” no significa necesariamente “federalismo”. Es más, en vistas de lo que viene ocurriendo en la Argentina de las últimas décadas, podría decirse que es todo lo contrario.

Se puede comprobar con el repaso de cualquier declaración al respecto: lo que se reclama no es la restitución a las provincias de la facultad de recaudar sus propios recursos, sino que el debate pasa por definir cuánto se les transfiere desde la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo, donde se encuentra la sede del Banco Nación.

Por alguna razón que nadie explica, la dirigencia política en pleno está convencida de que el federalismo consiste en esperar que lleguen las transferencias desde un despacho ubicado a metros de la Casa Rosada. Partiendo de esa convicción, lo único que queda por discutir es cuánto dinero se gira a cada provincia.

La confusión, empero, no es inocente. De una u otra manera, todos sacan su provecho de ese unitarismo disfrazado de federalismo. Detrás de este gigantesco “home banking” subyace una complicidad política, con la que el gobierno central (llamarlo “federal” en estos casos es casi un oxímoron) maneja la chequera como una fuerza disciplinadora. Y las provincias aceptan el rol de limitarse a discutir su grado de dependencia.

Así funcionan las relaciones -no solo fiscales- entre la Nación y las provincias desde hace ocho décadas, en las que el debate no pasó por la facultad de recaudar sino por los porcentajes de reparto.

A grandes rasgos, tres de cada cuatro pesos son recaudados por la Nación, pero un poco más de dos de esos cuatro son gastados por las provincias. El cuello de botella es obvio y cada tanto estalla en las recurrentes crisis, cuya solución depende, en última instancia, de nuevas transferencias nacionales… Con el inevitable correlato de las más variadas formas de disciplinamiento.

No hay nada nuevo. Son los gobernadores e intendentes, más allá de su identidad partidaria, los que ponen la cara a la hora de pagar los sueldos de los empleados públicos, a quienes les interesa poco y nada de dónde provienen los recursos.

Esa realidad fue la que marcó, por ejemplo, el idilio inicial con el presidente Alfonsín del gobernador Menem, que cuando lo reemplazó experimentó una relación similar con el rionegrino Massaccesi. O que al momento de asumir la gobernación de Chubut, Buzzi trocara el dasnevismo por el kirchnerismo.

En 2003, la aparición de los llamados “radicales K” reconoció las mismas motivaciones, al punto que fueron gobernadores de la UCR los que ocuparon la Vicepresidencia en 2007 y la Presidencia provisional del Senado en 2014. Quizás en poco tiempo llegue el momento de acuñar el concepto de “peronistas M”.

No andaba tan errado Lenin cuando aseguró que la política no era más que economía concentrada.

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