En 1984, Ernesto Sábato denunció el esquema de represión ilegal en la jurisdicción de Azul

Septiembre de 1984. Histórica foto: Sábato, titular de CONADEP, entrega las carpetas con el informe que recibiría la denominación de “Nunca Más”, al presidente Raúl Alfonsín. FOTO AGENCIA AP


Lo hizo ante el Juez Federal Jorge Ferro, pero no prosperó judicialmente. De todos modos, el presidente de la CONADEP le refrescó la memoria al magistrado: algunas denuncias ya habían sido presentadas en la dependencia azuleña, por familiares de las víctimas, sin eco alguno. Y anexó un esquema del funcionamiento de la represión ilegal. El documento recién se conoce hoy.

Portada de la denuncia de Sábato, con membrete de la CONADEP, presentada en el Juzgado Federal de Azul. ARCHIVO DEL AUTOR


 
Escribe: Marcial Luna
lunasche@yahoo.com
NOTA VI
El escritor Ernesto Sábato, por entonces presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), elevó en el año 1984 una denuncia al Juzgado Federal de Azul, por entonces en manos de Jorge Ferro, en la que expuso cómo había funcionado el esquema represivo en la jurisdicción azuleña. Tuvo la necesidad, además, de refrescarle al juez que algunas de esas denuncias ya obraban en su despacho y que, además, resultaba evidente que no habían prosperado.
También, en el extenso escrito, en el que Sábato expuso casos puntuales, mencionó los centros clandestinos de detención que hasta ese momento se conocían en la región. Sirvió como punto de partida para los juicios en torno a la ESMA y, en la denuncia, se sostuvo la responsabilidad primordial del general Saint Jean y del coronel Verdura.
 Este documento, a continuación, se publica por primera vez en un medio periodístico.
“Eleva denuncia”    
 “Ernesto Sábato, en mi carácter de presidente de la [CONADEP] me dirijo a V.S. a fin de elevar a su conocimiento denuncias y testimonios que acreditarían la comisión de diversos hechos delictivos de extraordinaria gravedad, según paso a exponer.”
De esta manera Sábato encabezó la denuncia que elevó “al Juez Federal de Azul Doctor Jorge Ferro”, desde la Comisión que presidió en el período 1983-1984 (ver recuadro).
El documento está compuesto por cinco capítulos y las conclusiones. Sábato subrayó: “Tal como se ha establecido en otras denuncias que hoy obran en conocimiento de distintos Tribunales del país los elementos reunidos a los efectos de esta presentación evidencian la presencia operativa de los llamados ‘grupos de tareas’ integrados por personal militar, policial y de organismos de seguridad. Tales grupos actuaron indudablemente, al margen del ordenamiento jurídico al que dicen haberse ceñido no sólo los señores ex-Comandantes de las tres armas, sino también los señores Jefes de los distintos cuerpos de ejército responsables de las áreas operacionales en que fue dividido el territorio nacional a los efectos de la lucha antisubversiva”.
Sigue: “Esa operatividad ilegal se estructuró sobre la base de la clandestinidad y el silencio. Clandestinidad en todo lo relativo a la detención, privación de libertad, aplicación de tormentos y posterior desaparición de personas; silencio traducido en todas las respuestas negativas dadas a quienes se interesan por ellas, así fuesen los magistrados que requerían informes en los casos de Hábeas Corpus, como también se advierte en los legajos que se acompañan con el presente”.
Y agrega, Sábato: […] no obstante, hay en este paquete de denuncias una serie de circunstancias que parecieran entrelazadas por el azar para constituir hoy otros tantos indicios que, por su precisión, concordancia y gravedad, corroboran en plenitud las apreciaciones que se vuelcan en esta presentación, según se verá en los capítulos siguientes”.
Itinerarios represivos     
Con firmeza, Sábato escribió en su denuncia: “Como venimos diciendo, la zona de Azul, Tandil, Las Flores y Olavarría, fue escenario de actuación de uno de esos grupos  de tareas encargado de la detención arbitraria de personas, a las que se torturó en los distintos centros clandestinos de reunión de detenidos que componían la estructura geográfica-operativa de la represión en el área. En los lugares, que hemos de indicar, estuvieron alojadas y se vio con vida a personas que hoy figuran como desaparecidas o cuya muerte -como en el caso de Oscar Fernández- se atribuyó a un enfrentamiento inexistente”.
Sábato afirmó, en su denuncia ante el Juzgado Federal de Azul, que hubo un “itinerario frecuente” (tal como lo definió) que se le impuso a toda persona detenida de manera  clandestina (ver gráfico, original incluido en la denuncia de Sábato-CONADEP).
Básicamente, “detenida una persona donde se la encontrare, era llevada a Las Flores, a Monte Pelone [así en el original, en lugar de Peloni] o a La Huerta. Muchos pasaron de Monte Pelone a La Huerta y otros directamente desde Las Flores, a la Brigada de Investigaciones de La Plata”.

Esquema de detención y traslado que incluye Sábato en su denuncia ante el Juzgado Federal de Azul. ARCHIVO DEL AUTOR


Delitos varios    
Ernesto Sábado, en su escrito ante el juez federal de Azul, aseguró que “esta trama de ilegitimidades configura” inicialmente tres tipos de delitos:

  • Privación ilegítima de la libertad,
  • Aplicación de tormento a los detenidos, y
  • Desaparición de personas ilegítimamente detenidas.

En el primero de los casos, Sábato sintetiza diez casos y refiere cada legajo iniciado en la CONADEP. En cuanto al segundo tipo de ilícito (tormento a detenidos), asevera: “Todos los testimonios reseñados en el punto anterior son contestes en la descripción de los malos tratos recibidos y en describir golpes de puño, de palos, picana eléctrica, etc., en distintas partes de sus cuerpos, en forma reiterada y en cada uno de los diversos lugares clandestinos de detención por los que debieron pasar. La coincidencia de estos testimonios plurales y dignos de crédito sustentan la convicción a los fines de esta presentación, sobre la presunta comisión de delitos anunciados en los artículos que van del 142 al 144 ter del Código Penal”.
Y en relación a la tercera de las tipologías incluidas por Sábato en su denuncia, abundó: “Ciertamente, respecto de muchas personas ilegítimamente detenidas en esta zona, se desconoce su actual paradero, por lo que es lógico inferir que en tales desapariciones tuvo mucho que ver la acción de los ‘grupos de tareas’ asignados a esa área como encargados de la represión a la subversión. Ya se han citado aquí los nombres de [las víctimas]. En cada uno de los legajos que se acompañan se destaca la afirmación de los respectivos ex-detenidos-liberados en cuanto aseguran haberlos visto con vida en algún tramo del común cautiverio que soportaron”.
Al referirse a la figura del “desaparecido”, Ernesto Sábato se refirió a los casos presentados ante el Juzgado Federal de Azul y sobre los cuales el magistrado no avanzó, y señaló que esas personas “están desaparecidas”, por lo que “es el caso de recordar aquella siniestra afirmación de los señores Comandantes que integraban la Junta de Gobierno, en el denominado ‘Informe Final’, de abril de 1983 en cuanto decía que los desaparecidos estaban muertos. De llegarse aquí a una constatación semejante, ese hecho no sería otra cosa que un verdadero homicidio calificado, o por alevosía (indefensión de la víctima), o por el concurso premeditado de dos o más personas.”
Centros clandestinos     
Para 1984, los centros clandestinos de detención detectados a partir de las declaraciones de las víctimas, y que Sábato incluyó en su denuncia, fueron los siguientes (luego  aparecerían otros):
“a) Brigada de Las Flores: dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
“b) Monte Pelone o Sierras Bayas: ubicado en el Partido de Olavarría y perteneciente al Ejército Argentino (RC TAN2).
“c) La Huerta: ubicado a diez kilómetros de Tandil y perteneciente, también, al Ejército Argentino.
“d) Brigada de Investigaciones de La Plata: perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.”
Identificados  
En el capítulo Cuarto de la denuncia, Sábato afirma:
“Personal militar y de las fuerzas de seguridad involucrados.
“Una detenida lectura del material que hoy aportamos a V.S. nos permite destacar los siguientes nombres:
“1. General Alfredo Oscar Saint Jean.
“2. Coronel Aníbal Ignacio Verdura.
“3. Oficial inspector Gerosa (policía).
“4. Comisario Quartucci.
“5. Zapata-Vallejos-Villarreal (policía de la localidad de Olavarría, dependientes del Comisario Quartucci).”
Anterior denuncia    
Por último, en el apartado Conclusiones, Ernesto Sábato es cuando refiere a la existencia de una denuncia anterior en poder del Juzgado Federal de Azul, inactiva, u “olvidada”. El último párrafo de su escrito es el que sigue:
“De todo lo expuesto resulta la impostergable necesidad de remitir el material receptado en el seno de esta Comisión a conocimiento de la Justicia representada en este caso por V.S., que a lo que sabemos, ya previene en el particular supuesto de una denuncia anterior. De este modo y conforme a lo que se dispone en el artículo 2°, inciso a) del Decreto N° 187/83 -cuyas copias certificadas se acompañan- elevo las presentes actuaciones, a los efectos legales pertinentes. Saludo a V.S. con mi más distinguida consideración”.
LA COMISIÓN QUE INVESTIGÓ DESAPARICIONES
“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.”
Ernesto Sábado escribió estas palabras finales en el Prólogo del libro Nunca Más, el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esta comisión fue creada el 15 de diciembre de 1983 a través del Decreto 187/83, por decisión del presidente Raúl Alfonsín y con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en el período de represión ilegal 1976-1983 en la República Argentina.
El caso que se expone en la nota central es demostrativo del tipo de información que tuvo en su poder la CONADEP, además del rol fundamental que adoptó el escritor Sábato en la comisión. También estuvo integrada por Jaime F. de Nevares. (Obispo de Neuquén); Marshall T. Meyer. (Rabino Judío y quien propuso el concepto “Nunca más”); Ricardo Colombres (UBA), René Favarolo, Hilario Fernández Long (UBA), Carlos T. Gattinoni. (Obispo Metodista), el matemático y filósofo Gregorio Klimovsky, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz de Guiñazu y los diputados Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill, Horacio Hugo Huarte, además de seis secretarios con roles específicos.
EL EX JUEZ FERRO, CONTRA LAS CUERDAS
El magistrado al que Ernesto Sábato dirigió su denuncia en 1984, y no prosperó, se encuentra actualmente en una situación, por lo menos, difícil. La noticia, hace una semana, fue escueta pero contundente: “Salpicado en un caso de trata, renunció el camarista Jorge Ferro”. El proceso lo impulsa el Consejo de la Magistratura: se lo acusa de darle protección a un prostíbulo de la ciudad de Mar del Plata en particular, aunque también es investigado por tráfico de influencias, lavado de dinero y presuntos vínculos con una red de trata en la zona de Playa Grande.
La causa contra Ferro se inició a partir de una denuncia de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Ferro presentó su renuncia a través de una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, y entrará en vigencia el próximo 1° se mayo. Actualmente, Ferro se encuentra de licencia.
En el currículum existente en el Poder Judicial consta que Jorge Ferro es abogado y escribano, graduado en la Universidad Nacional del Litoral.
En Azul, fue secretario ante el Juzgado Federal de Primera Instancia desde el 27 de febrero de 1975 al 26 de junio de 1982. A través de un decreto que firmó el presidente de facto Reynaldo Bignone, fue designado Juez Federal de Azul, y ocupó el cargo desde el 27 de agosto de 1982 hasta el 30 de septiembre de 1984. La gestión Alfonsín (con acuerdo del Senado) lo confirmó como Juez Federal de Azul y continuó hasta el 17 de septiembre de 1985.
Entre 1985 y 1991 fue Juez Federal de Mar del Plata, a cargo del Juzgado Federal N° 2. Desde 1991, hasta su reciente renuncia, se ha desempeñado como Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Paradójicamente, o no, su suerte está ahora en manos de la Justicia.

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