UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE SE CONOCIÓ AYER

Ex funcionarios bonaerenses son citados a prestar declaración indagatoria por la triple fuga de la cárcel de General Alvear

Sentados a la mesa del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, Florencia Piermarini y César Albarracín (primero desde la derecha), los dos principales responsables del Servicio Penitenciario cuando se produjo la triple evasión de la cárcel de Alvear. Esta semana ambos serán indagados por el Fiscal Cristian Citterio.
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Sentados a la mesa del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, Florencia Piermarini y César Albarracín (primero desde la derecha), los dos principales responsables del Servicio Penitenciario cuando se produjo la triple evasión de la cárcel de Alvear. Esta semana ambos serán indagados por el Fiscal Cristian Citterio.

María Florencia Piermarini y César Albarracín, principales responsables del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) al momento de la evasión de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez de la cárcel de máxima seguridad de esa ciudad, figuran entre los imputados que fueron llamados a prestar declaración indagatoria ante el Fiscal Cristian Roberto Citterio. Se los acusa de delitos como violación de los deberes de funcionario público en concurso real con favorecimiento de evasión y con violación de medios de prueba, registros o documentos. Esta misma semana se llevarán a cabo las audiencias, que podrían ser clave para el devenir de la causa en la que se investiga la fuga de los hermanos Lanatta y Cristian Schilaci.

Quienes fueran los principales responsables del Servicio Penitenciario Bonaerense, de la propia Unidad Penal N° 30 y de las cárceles de la zona centro de la provincia cuando se produjo la fuga de los hermanos Lanatta y Cristian Schilaci, fueron citados a prestar declaración indagatoria en el transcurso de esta semana por el Fiscal Cristian Roberto Citterio, titular de la UFIJ N° 20 Departamental con sede en General Alvear y Fiscal General reemplazante del Departamento Judicial Azul.

Los imputados, entre quienes figuran María Florencia Piermarini y César Albarracín, dos funcionarios de alto rango que formaron parte del gabinete de Daniel Osvaldo Scioli, deberán responder por delitos de suma gravedad tipificados en el Código Penal como violación de los deberes de funcionario público en concurso real con favorecimiento de evasión y violación de medios de prueba, registros o documentos.

Según la resolución del Fiscal Citterio que fuentes confiables comentaron a EL TIEMPO, en los próximos días deberá prestar declaración a tenor del artículo 308 del Código Procesal Penal el Doctor Cesar Albarracín, en orden a los delitos de violación de los deberes de funcionario público en concurso real con violación de medios de prueba, registros o documentos. De acuerdo con la investigación penal preparatoria, se desprende del llamado a indagatoria que existen varios indicios vehementes que comprometen a Albarracín, ex secretario de Políticas Penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires. Se menciona, entre otras, las declaraciones testimoniales prestadas por personal penitenciario que cumple funciones en distintas áreas de las UP N° 30 de Alvear; las declaraciones testimoniales prestadas de internos que prestaban servicios de mayordomía y trabajaban en la Unidad Sanitaria de la citada prisión o se hallaban ocasionalmente allí al momento de la fuga; las declaraciones testimoniales de quienes formaban parte de la cúpula del S.P.B entre el 5 de agosto al 27 de diciembre de 2015; sumado a informes y copias certificadas girados por el Juzgado de Ejecución N° 1 y el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes, “donde se plasman las órdenes dadas por los citados órganos jurisdiccionales, a disposición de los cuales se hallaban los internos evasores, a la por entonces titular del Servicio Penitenciario Bonaerense en relación con el lugar de alojamiento, tratamiento y temperamento que debía adoptarse para con los citados internos, luego de que se hiciera pública la entrevista televisiva efectuada a Martín Lanatta”.

El Fiscal Citterio haría mención entre los fundamentos que invoca para citar a indagatoria a Albarracín, a “copias del expediente disciplinario efectuado a Martín Lanatta por el hallazgo de dos chip movistar, una memoria de 2 gb y $ 100 en su poder, lo que también obra en los legajos penitenciarios de Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci” y “lo actuado en relación a las desgrabaciones de la cámara que filmaba el sector de la Unidad Sanitaria donde los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci se hallaban alojados, y al movimiento de personal, internos y efectos en días y horas relevantes”.

La acusación también recae en la funcionaria a la que, por organigrama, Albarracín debía supervisar. Citterio le atribuye a la ex Jefa S.P.B María Florencia Piermarini el haber incumplido, entre los días 5 de agosto y 27 de diciembre de 2015, con lo dispuesto por la Sra. Jueza de Ejecución nro. 1 de Mercedes en relación con el alojamiento de los internos Martin y Cristian Lanatta en el sector 1, pabellón 10 de la Unidad Penitenciaria nro. 30 de Gral. Alvear, y con la orden del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Mercedes respecto de Víctor Schillaci, para su alojamiento en el sector 2 pabellón 10 de dicha Unidad, todos en celdas individuales.

El Fiscal tendría acreditado que “por el contrario, se dispuso el alojamiento de los mismos (juntos y en celdas comunicadas) y se los mantuvo sine die en la Unidad Sanitaria de dicho penal, cuando no existía razón médica para ello y cuando se dieron innumerables ingresos y egresos en los pabellones y sectores en los cuales se había dispuesto el alojamiento”.

Otros acusados

El representante del Ministerio Público Fiscal deberá interrogar también a los dos integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense que estaban a cargo de la cárcel alvearense y de los establecimientos penitenciarios del centro de la provincia. En ese sentido, Citterio tendría acreditado que tanto el Jefe del Complejo Penitenciario Zona Centro, Inspector Mayor Jorge Bolo como el Director de la Unidad Penitenciaria nro. 30, prefecto mayor Manuel Hernán Daniel Guebara, habrían prestado colaboración para que se produjera la fuga, “al no destinar a los Lanatta y Schilaci a un sector de vigilancia mayor, tal como lo dispuso la justicia en una resolución adoptada varios días antes de la evasión”.

“Estos funcionarios (Bolo y Guebara) no sólo incumplieron lo dispuesto…en lo relativo al lugar de alojamiento y sus condiciones, sino también en la vinculado con la realización de requisas periódicas y en la calidad del servicio de custodia, ya que las requisas no se realizaban y entre los días 21 y 22 de diciembre fue retirado del servicio de custodia el oficial de mayor jerarquía (esto es el Alcaide Mayor) que había dispuesto la superioridad, medidas -u omisiones- éstas que claramente favorecieron la evasión de los internos en cuestión, ocurrida en la madrugada del 27 de diciembre de 2015”, se indicó.

A su vez se menciona el caso del desempeño del oficial adjuntor Luciano Labat, quien estaba a cargo de la custodia especial de los Lanatta y Schilaci. “Siendo aproximadamente las 2.30 horas del día 27 de diciembre de 2015, Labat omitió cumplir las normas básicas establecidas para efectuar el recuento de internos alojados en el interior de una celda, como así también lo dispuesto en el memorando nro. 27/15 por la Jefatura de la Unidad Penitenciaria nro. 30, puesto que ingresó solo al sector donde habitaban los mismos, en la Unidad Sanitaria de dicha penitenciaría, portando las llaves de todas las puertas del sector, dejando las puertas de ingreso abiertas y sin el control de otro empleado penitenciario, con lo que claramente favoreció la evasión producida instantes después por los citados internos”, se mencionó.

IBAN A ASUMIR EN PUESTOS CLAVE

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Florencia Piermarini y César Albarracín, los cuestionados funcionarios que estaban a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuando los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci (fotos) se fugaron del penal de General Alvear, finalmente no asumieron en dos puestos clave de la Justicia provincial, luego que los jueces de la Cámara de Casación bonaerense no dieran su acuerdo para que Piermarini asumiera como relatora en una de las salas del máximo tribunal penal. La ex jefa del SPB había sido propuesta por el juez Daniel Carral, integrante de la agrupación Justicia Legítima, en un cargo equivalente al de secretaria de Cámara.

Para que la funcionaria, que fue separada de su cargo tras la triple fuga, asumiera en su nuevo puesto necesitaba de la conformidad de todos los integrantes de Casación provincial. Al revisar los antecedentes de Piermarini, los jueces se negaron a avalar el nombramiento. Horas después la gobernadora María Eugenia Vidal firmó el decreto con el que dejó sin efecto la designación de Albarracín como fiscal adjunto ante la misma Cámara de Casación. En el momento de la fuga, ocurrida el 27 de diciembre pasado, Albarracín se desempeñaba como secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia provincial y era el supervisor de Piermarini. Entre ambos debían controlar las condiciones de detención de los al menos 35.000 presos alojados en las cárceles bonaerenses.

Según fuentes oficiales, ninguno de ellos advirtió en las diferentes reuniones mantenidas durante la transición, y con la llegada de las nuevas autoridades, las modificaciones en el régimen de vigilancia de los tres condenados por el triple homicidio de la efedrina, ocurrido en General Rodríguez en agosto de 2008, que estaban alojados en el penal de General Alvear.

Desplazado de su cargo, Albarracín tenía previsto asumir como fiscal adjunto ante la Cámara de Casación, un puesto clave en la Justicia si se tiene en cuenta que se convertiría en el tercer funcionario con más poder en la estructura del Ministerio Público bonaerense.

Albarracín había sido designado en ese cargo por un decreto firmado en 2011 por Daniel Scioli, que por entonces estaba a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense. Pero Albarracín no llegó a jurar como fiscal porque Ricardo Casal lo convocó para otro cargo en el Ministerio de Justicia, que desempeñó hasta diciembre pasado. Sin embargo, con un decreto fundado en varios artículos de la Constitución provincial, la designación de Albarracín como fiscal fue suspendida por Vidal.

 

 

 

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