FANAZUL: un caso ilustrativo de décadas de deterioro laboral en el Empleo Público

 
El Estado ocasiona daños cuando cesantea ilegítimamente “contratados” y debe indemnizar.

“Sería justo que el Estado Nacional reconozca la dignidad humana del trabajador ‘contratado’, que bajo ninguna excusa debe ser distinta de la del trabajador privado”, sostienen los abogados Francisco Sabalúa y Mario González Hesaynes en esta nota donde se refieren a los despidos en FANAZUL.

Por Francisco Sabalúa (*) y

Mario González Hesaynes (**)
Desde hace poco más de cuatro meses nuestra ciudad se halla conmovida por el conflicto de la fábrica local de explosivos de FANAZUL. Autoridades nacionales resolvieron declarar que la fábrica estaba “no operativa” y cesantearon ilegítimamente a más de 200 empleados, vía la no renovación de sus contratos que -al decir del Organismo- eran “temporarios”.
Al día de hoy ninguno de esos trabajadores ha percibido indemnización alguna, por lo que su desprotección por parte del Estado Nacional ha sido absoluta. Se los privó de su única fuente de ingresos, su trabajo. Además, aún no se les reconoció una reparación que contemple la vulneración de su derecho a trabajarreconocido ampliamente en diversos tratados internacionales de derechos humanos y hoy respaldado por el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
El Presupuesto nacional reconoce que son 66.236 los contratados en la administración nacional y organismos descentralizados. Pero la cifra crece varias veces si se incluyen a provincias y municipios, como contabiliza ATE.
El Estado, el mayor empleador “en negro” 
Desde hace décadas el Estado es el mayor empleador en negro del país. Una realidad que se refleja en los más de 600.000 trabajadores que, según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), forman parte de la planta transitoria de manera irregular.
Son empleados que tienen contratos que se renuevan in eternum, en contravención con las leyes laborales.
El Estado es el primer evasor del país. El empleo en negro es uno de los mayores desafíos que afronta el Gobierno: afecta al 35% de la fuerza laboral (unos cuatro millones de personas) que no tiene acceso a los beneficios de quienes están registrados.
Lo contradictorio es que es el propio Estado no cumple con las leyes, por lo que en el caso de FANAZUL debería reinstalar a los trabajadores ilegítimamente cesanteados -si ello fuera posible (siguiendo lineamientos del fallo “Madorrán” de Corte Suprema de Justicia)- o en su defecto, al menos, reparar los daños ocasionados por los despidos ilegítimos de aquellos trabajadores (ello según lo dicho, también, por la Corte en fallos “Ramos” y “Cerigliano”), que por fraude laboral de las autoridades revistaban como “transitorios” o “contratados”, cuando en realidad realizaban tareas de tipo permanente -las mismas que realiza el personal de planta y que son esenciales al objeto de la empresa u organismo- por largos periodos. Incluso, en algunos casos, más de veinte años de antigüedad.
El Estado debe indemnizar 
Aun aplicando la doctrina más conservadora de fallos como “Ramos” y “Cerigliano”, el Estado debería indemnizar a estos trabajadores: al menos un salario por año laborado.
Así, un trabajador con sólo tres años de antigüedad y un sueldo de 20.000 pesos podría cobrar 60.000 pesos en concepto de indemnización por antigüedad.
Más aún, algunas Cámaras del Fuero Laboral Federal adicionan a la indemnización por antigüedad una indemnización -a modo de multa o castigo- de seis meses de preaviso. Esto es, el mismo trabajador podría cobrar seis meses o seis sueldos, lo que en el caso de ejemplo equivaldría a 120.000 pesos, haciendo entonces un total de 180.000 pesos.
Además, si se llegara a probar discriminación, por ejemplo, por pertenecer a un partido opositor o por actividad gremial, la cuenta podría engrosarse, ya que hay que pagar también los sueldos (caídos) dejados de percibir desde el cese ilegítimo hasta el día en que termina el juicio.
También podría suceder, y sería lo deseable, que prevaleciera en algún momento la jurisprudencia más progresista del fallo “Madorrán” -de Corte Nacional- y el juez mande a que se reinstale a los trabajadores y se les paguen los sueldos (caídos) dejados de percibir desde el cese ilegítimo (despido) hasta que termine el juicio que ordene la reinstalación.
Esta última solución parecería un tanto más difícil de aplicar al caso de FANAZUL, hasta tanto no se reabra la fábrica de explosivos.
La Ley 25164 y el Decreto 214/06 en el ámbito nacional prevén el límite máximo de empleados con contrato -y no de planta- por parte del Estado. Dicho decreto establece tal límite en un 15% del total del personal. Sin embargo, el fraude laboral cometido por el mismo Estado está tan extendido que existe dentro del mismo Ministerio de Trabajo y en la propia AFIP, donde encontramos inspectores que son “monotributistas”.
Existen tres maneras de contratar: los empleados de planta permanente, que deberían ingresar por concurso y que tienen estabilidad, ya que sólo se los puede despedir con causa o porque desaparece su puesto; los de planta transitoria, que son empleados con obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad y demás, pero no tienen derecho a indemnización por despido ni estabilidad en el cargo, ya que se supone que deben ser contratados para tareas transitorias y eventuales, y no para tareas normales; y están los contratados como monotributistas o autónomos: son por seis a doce meses, renovables y facturan cada mes. No tienen aportes de ninguna naturaleza ni ART, aguinaldo, vacaciones ni nada.
A los transitorios y contratados- modalidad de contratación elegida por FANAZUL- el Estado (desde siempre, pero con mayor cantidad luego de 1990) los utiliza para no engrosar la planta permanente y poder despedir cuando quiera y sin indemnizar.
Comúnmente, aunque muchas de estas circunstancias no se dieron en FANAZUL, sucede que hacer tareas iguales que un empleado en relación de dependencia, facturar como monotributista al mismo organismo, tener un salario inferior al de quien realiza un trabajo similar, no gozar de estabilidad laboral, carecer de aportes a la seguridad social y no tener aguinaldo y vacaciones son algunas desventajas de quienes son empleados irregulares del Estado sin que se los admita como tales.
Los requisitos para que el personal contratado por el Estado esté dentro de la ley (que habitualmente no se cumplen) son: que esté por tiempo determinado, exclusivamente para servicios u obras de carácter transitorio o estacionales, que no cumpla tareas normales y habituales de la administración pública, y que su trabajo no pueda ser cubierto por personal de planta permanente.
En cambio, es habitual que el Estado contrate a trabajadores con el fin de realizar tareas comunes y habituales de la administración pública, pero de manera irregular. De esta manera, carecen de los derechos y beneficios que sí tienen personas que cumplen sus mismas funciones. Además, de haber sido verdadera (y no falsa, como sucede comúnmente) esta modalidad, pueden ser dados de baja incluso antes de que se termine su contrato (en la mayoría de los casos, renovado durante años).
Suele suceder, como en el caso de FANAZUL, que se simule fraudulentamente estas modalidades de contrato temporario o transitorios, haciendo pasar los mismos por eventuales, cuando en realidad las tareas son de naturaleza permanente, renovándolos periódicamente, cada un año como sucedía en la planta situada en la Ruta 80, y extendiendo la relación laboral por largos periodos de tiempo (Por ejemplo, en FANAZUL hay empleados que poseen una antigüedad de más de dos décadas).
Que el Estado sea “justo”  
Sería justo que el Estado Nacional reconozca la dignidad humana del trabajador “contratado”, que bajo ninguna excusa debe ser distinta de la del trabajador privado (por ejemplo, quien trabaja para una empresa) y por ende dispensarle, tal como sucede con éste último, una protección contra el despido arbitrario -tal está previsto en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional- que podría garantizarse al menos, sino con la reinstalación en su empleo, con el pago de una indemnización suficiente como la que se deriva de los distintos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones, aguinaldos, multas, etc.). O, en el peor de los casos, una indemnización de derecho público (antigüedad y multa por preaviso) que siga los lineamientos de los fallos de Corte antes mencionados.
TRES MANERAS DE TRABAJAR PARA EL ESTADO
LOS EMPLEADOS DE PLANTA PERMANENTE: Deberían ingresar por concurso y gozan de estabilidad real, ya que sólo se los puede despedir con causa o porque desaparece su puesto. Son los que desarrollan las tareas normales y habituales para los puestos en los que se desempeñan.
LOS EMPLEADOS DE PLANTA TRANSITORIA: Son empleados con obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad y demás; pero no tienen derecho a indemnización por despido ni estabilidad en el cargo, ya que se supone que deben ser contratados para tareas transitorias y eventuales, y no para tareas normales
LOS CONTRATADOS COMO MONOTRIBUTISTAS O AUTÓNOMOS: Son por seis a doce meses, renovables y facturan cada mes. No tienen aportes de ninguna naturaleza ni ART, aguinaldo, vacaciones ni nada.

(*) Abogado especializado

en Derecho Administrativo

(**) Abogado especializado
en Derecho Laboral
reclamosporfanazul@gmail.com
 

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