Garantismo: ¿para el delincuente o la ciudadanía?

ENFOQUE 

“Como es de público conocimiento, desde que los extremistas comenzaron a llamarse ‘garantistas’, el garantismo pasó a ser un movimiento resistido, decadente y de nulo prestigio. Y sólo podrá volver a triunfar como corriente de pensamiento jurídico-penal el día que deje de dar la espalda a la Constitución Nacional”, sostiene el autor de esta nota, recientemente designado camarista penal.

Escribe:

Carlos Pagliere (h) (*)

Especial para

EL TIEMPO

Todos somos ecologistas. Sin discusión. Hasta que un día, un grupo eco-terrorista se autodenomina simplemente como “ecologista”. A partir de entonces ya no es posible definirnos como ecologistas, sin que nos arrostren el terrorismo. Éste es el modo en que los extremistas usurpan espacios y desplazan a los moderados.

Exactamente esto ocurrió con el garantismo en el derecho procesal penal. Si hace años me preguntaban si era garantista, respondía con un sí tan rotundo como orgulloso. Y lo mismo le ocurría a la mayoría de los jueces y juristas argentinos.

Hoy, culpa de los extremistas irracionales, esto es, de los que se dicen garantistas pero en realidad son “garanto-abolicionistas” o “saca-presos” (para que nadie se sienta excluido), definir a un penalista como “garantista” es poco menos que un insulto.

Y es que desde hace tiempo se vienen tergiversando todos los principios del derecho y todos los valores de la sociedad.

La Constitución Nacional, como bien sabemos, establece garantías que los jueces debemos hacer observar. Pero ellas están dirigidas a todos los ciudadanos de la Nación, y no solamente a los ciudadanos que han sido acusados de algún delito (como pregona el garantismo extremista).

Sobre esta falsa premisa, que sirve de basamento al garantismo irracional, se fue construyendo un derecho penal al servicio de los delincuentes, que no sólo ha desprestigiado a la justicia ante la comunidad, sino que acabó por abandonar a las víctimas a su suerte.

Un caracterizado representante de esta corriente extremista se maravilló hace unos días de que un juez azuleño hubiese declarado inconstitucional el juicio por jurados a pesar de estar previsto en la Constitución. Lo que no dijo fue que, en la provincia de Buenos Aires, el juicio por jurados se reglamentó como un privilegio para el imputado. Es decir, que es el imputado quien decide unilateralmente, según su conveniencia y estrategia de defensa, si el juicio será o no por jurados.

¿Pero dónde dice la Constitución que el juicio por jurados es un privilegio para que el imputado elija el juzgador que más le conviene? Les aseguro que en ningún lado. ¿Y qué hay del fiscal? ¿Y qué hay de la víctima? ¡Bien, gracias! ¿Se entiende entonces por qué la ley bonaerense de juicio por jurados es inconstitucional? Lo diré en términos sencillos: porque la Constitución no discrimina a las víctimas, pero la ley provincial sí lo hace.

Aunque claro: a estos garantistas lo último que les interesa son las víctimas.

Los mismos referentes del garantismo extremista repiten irreflexivamente que “la libertad durante el proceso penal es la regla”. Estamos plenamente de acuerdo con el principio, pero ello no significa (como proclama el garantismo irracional) que sea ilegítimo el dictado de la prisión preventiva en los casos de excepción que la ley establece.

Es que la regla muta con cada situación excepcional. Y el código procesal prevé la excepción de que un juez de garantías encuentre “justificada la existencia de un delito” y determine que “hay elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que el imputado es probablemente autor o partícipe penalmente responsable del hecho”.

A partir de este momento, la regla (que es la libertad) ya no es absoluta, sino que se relativiza. Queda supeditada a que, con la libertad del imputado, no se genere un peligro “de fuga” o “de entorpecimiento del proceso”.

Ahora bien, aunque el peligro de fuga o de entorpecimiento procesal deben ser probados, opera aquí un indicio de orden psicológico que revierte el peso (no la carga) de la prueba: y es que ante la amenaza de una condena de muchos años, la mayoría de las personas siente una fuerte tendencia a querer evadirse. Es por ello que la prisión preventiva, sin ser la regla, se transforma legítimamente en la generalidad de los casos cuando los delitos que esperan la sentencia firme son muy graves.

El garantismo extremista, naturalmente, no sigue este hilo de razonamiento. Tan sólo sostiene ciegamente que “la libertad es la regla”, concluye con liviandad que “la prisión preventiva es una pena anticipada” y propicia indiscriminadamente que todos los probables autores de los delitos más graves regresen a las calles. Y eventualmente, se fuguen.

Éstas son dos pequeñas muestras de los muchos desatinos pseudo-jurídicos que ensaya y publicita el garantismo extremista en sus foros, para favorecer siempre a los victimarios en desmedro de las víctimas.

Como es de público conocimiento, desde que los extremistas comenzaron a llamarse “garantistas”, el garantismo pasó a ser un movimiento resistido, decadente y de nulo prestigio. Y sólo podrá volver a triunfar como corriente de pensamiento jurídico-penal el día que deje de dar la espalda a la Constitución Nacional. Esto es, cuando deje de ser un “garantismo para los delincuentes” y vuelva a ser un “garantismo para todos los habitantes de la Nación”.

(*) Juez Penal del Tribunal Oral

en lo Criminal número 2 de Azul y

nombrado recientemente camarista.

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