PANORAMA RELIGIOSO

Iglesia: la inseguridad no es un tema de imputabilidad, sino de exclusión social

Para el obispo Jorge Casaretto, "la inseguridad no es un tema de imputabilidad sino de exclusión social".
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Para el obispo Jorge Casaretto, "la inseguridad no es un tema de imputabilidad sino de exclusión social".

La intención del Poder Ejecutivo Nacional de impulsar una reforma legislativa, previa consulta a especialistas, para bajar la edad de punibilidad de los menores que cometen delitos, fue atribuida por los obispos a una sucesión de hechos de violencia e inseguridad urbana. En particular, el asesinato de un adolescente por un disparo de arma de fuego, al parecer realizado por otro adolescente, ocurrido en Flores, el barrio donde nació y descubrió su vocación sacerdotal el hoy papa Francisco.

 

Por Guillermo Villarreal. – Agencia DyN.

Coyuntural, mezquina, facilista, superficial, simplista, discriminatoria y poco razonable en un año electoral. Así evaluó la Iglesia la intención del Poder Ejecutivo nacional de impulsar una reforma legislativa, previa consulta a especialistas, para bajar la edad de punibilidad de los menores que cometen delitos.

Reacción espasmódica del Gobierno que los obispos atribuyeron a una sucesión de hechos de violencia e inseguridad urbana. En particular, el asesinato de un adolescente por un disparo de arma de fuego, al parecer realizado por otro adolescente, ocurrido en Flores, el barrio donde nació y descubrió su vocación sacerdotal el hoy Papa Francisco.

 

Infractores sí, “enemigos sociales” no  

La Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria y la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones aseguraron que la Iglesia no rechaza la discusión a fin de adecuar la legislación penal juvenil, pero reclama no centrarse “solamente” en la persecución estatal de los adolescentes en conflicto con la ley, convirtiendo a los infractores en “enemigos sociales”.

En este sentido, la Iglesia exigió a las autoridades ir a las “causas” que originaron la actual situación de inseguridad y violencia en el país, y también de aquellas otras que llevaron a niños a ser excluidos del sistema desde la cuna, violentando derechos esenciales de la infancia a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación y a la familia.

“No podemos mirar solamente la ‘fotografía’ del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la ‘película de su vida’ para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir”, planteó el organismo que preside el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, al rechazar la decisión gubernamental.

 

“Ningún pibe nace chorro”   

Los organismos eclesiásticos también fundamentaron su posición en afirmaciones de Jorge Bergoglio, quien en 2005 advertía que el 50 por ciento de los niños son pobres y cuestionaba que, frente a esta realidad de exclusión, se propiciara la baja de la edad de imputabilidad penal.

La postura de la Iglesia frente a posibles cambios en el régimen penal juvenil no es nueva, sus miembros ya han tenido encontronazos con referentes del menemismo y más cerca en el tiempo con el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, cuando intentó bajar -como ahora- a 14 años la edad de punibilidad. También con el kirchnerismo, cuando esbozó una iniciativa similar en 2013.

Para la Iglesia la clave del problema está en los dos millones de adolescentes y jóvenes Ni-Ni, que no estudian ni trabajan, por eso el obispo Jorge Casaretto, supo advertir que “la inseguridad no es un tema de imputabilidad sino de exclusión social”.

“Ningún pibe nace chorro”, opinó el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, al abordar el problema desde su esencia y desde las consecuencias provocadas por un Estado que asegura “ausente” y que, denunció, excluye a niños y adolescentes de una vida digna y de los derechos esenciales.

 

“No se puede legislar improvisando ni cediendo ante la presión pública”   

La posición de la Conferencia Episcopal Argentina permanece sin cambios desde hace años y toma distancia de la coyuntura política y electoral, por lo que los obispos aspiran a que los responsables en legislar encuentren “caminos alternativos” para garantizar todos y cada uno de los derechos humanos.

Los referentes eclesiásticos consultados por DyN recordaron, además, que los menores en conflicto con la ley ya están protegidos por una norma que prevé una graduación de medidas que llegan hasta la reclusión como “recurso extremo”. “No se puede poner la mirada al final del camino, en la cárcel, las condenas, bajar la imputabilidad, elevar las penas, perseguir a los adictos. Es necesario ir a las causas, a lo que origina toda la situación de inseguridad y violencia”, graficó un referente de la Pastoral Carcelaria.

“No se puede legislar improvisando ni cediendo ante la presión pública. El mundo civilizado ha comprobado que las políticas de mano dura nunca resultaron protectivas. Es necesario un estudio serio de las causas de la criminalidad y no recurrir al facilismo de medidas coyunturales cargadas de venganza antes que de racionalidad”, completó la misma fuente.

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