AYER, EN LA SEDE DEL CPR LOCAL DE POLICÍA

Incineraron unos 150 kilos de plantas de marihuana

Es la primera vez que se realiza un procedimiento de estas características en Azul. Marcelo Sobrino, fiscal General, ubicó a la quema de esas plantas como el punto de partida para profundizar la lucha contra la comercialización y el consumo de estupefacientes. El funcionario judicial convocó a todos los estamentos de la sociedad para que se sumen en esa tarea.

Los funcionarios judiciales Marcelo Sobrino y David Carballo y el comisario mayor Ariel Mateu hablaron ayer de lo que fue la quema de estas plantas de marihuana. FOTOS: NICOLÁS MURCIA

Unos 150 kilos de plantas de marihuana incautadas en diferentes procedimientos antidrogas realizados desde el año 2011, en el marco de causas penales tramitadas a través de la UFI 22 -la Fiscalía con sede en esta ciudad desde donde se instruyen sumarios relacionados con infracciones a la Ley de Estupefacientes- fueron incinerados ayer.

Escenario de ese procedimiento, una quema que por primera vez se hace en Azul, fue la sede del Comando de Prevención Rural local perteneciente a la Policía de la Provincia, que está ubicada en Urioste casi Ruta 3.

Marcelo Sobrino, fiscal General del Departamento Judicial Azul, presenció la quema acompañado por funcionarios judiciales. Y estuvo también David Carballo, que actualmente en forma subrogante conduce la UFI 22.

El subcomisario Mariano Lozano, jefe del CPR local, junto con policías a su cargo en esa dependencia de seguridad donde esas plantas fueron incineradas estuvo en el procedimiento.

Todas esas plantas de marihuana que se quemaron, según se explicó, estaban incautadas en la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado local, dependencia de la Policía de la Provincia ubicada en Avenida Mitre entre Maipú y 1° de Mayo.

El actual titular de esa delegación, el comisario mayor Ariel Mateu, en diálogo con los medios señaló que se quemaron “un total de 150 kilos de plantas de marihuana” que habían sido incautados desde 2011 a la fecha, en el marco de diferentes investigaciones llevadas adelante desde la seccional policial que actualmente conduce.

Esas pesquisas se tradujeron en el inicio de causas penales desde la UFI 22, sumarios que ya están cerrados y derivaron en que ayer por primera vez se hiciera en Azul una quema de estas características.

“Son procedimientos de causas que ya están archivadas”, afirmó en ese sentido el comisario mayor Mateu. Después, con relación a las plantas de marihuana, explicó que estaban en la dependencia a su cargo.

“Pero esto no acaba acá -aseguró- ya que actualmente hay otros procedimientos importantes en curso y esperamos obtener los mismos resultados que con aquellos que hasta el momento hemos venido realizando”.

“Un delito que trasvasa a los demás”

Según aseguró el fiscal General Marcelo Sobrino, la quema de ayer estuvo enmarcada en instrucciones emanadas desde la Procuración General de Justicia bonaerense a cargo de Julio Conte Grand, en un contexto donde la política criminal que se está llevando adelante “tiene como uno de los ejes centrales a la lucha contra el narcotráfico”.

Además, el funcionario judicial aseguró que esa campaña en Azul no se resume tan sólo a una quema como la que se hizo ayer, sino que se relaciona también con “empezar a dar impulso nuevamente” a esa tarea para combatir el consumo y comercialización de estupefacientes, teniendo como uno de los objetivos trazados desde la Fiscalía General “llegar un poco más a la comunidad”.

En ese contexto, Sobrino adelantó que -del mismo modo que ya existen mesas sobre violencia de género- tiene previsto hablar con los intendentes de las once ciudades que forman parte del Departamento Judicial Azul para crear una mesa de diálogo “para poder luchar contra el narcotráfico”.

“Tenemos que hacer un diagnóstico de toda la situación. Y para eso vamos a intentar comprometer a todos los actores públicos y privados de la zona. Tenemos que intentar que todos los actores públicos y privados nos comprometamos con este tema”, aseguró.

Desde su punto de vista, el narcotráfico “es un delito que trasvasa a todos los demás”.

Como ejemplo de eso, citó las experiencias que a diario se recogen desde el Centro de Atención a la Víctima que depende de la Fiscalía General departamental.

“Las víctimas de violencia de género, casi en un noventa por ciento de los casos, aducen que el marido, la pareja o a veces hasta la mujer tiene problemas con las drogas”, indicó.

“Esto no es gratuito. De la misma forma que no lo es el consumo. La realidad es que hoy por hoy es delito. Nosotros presumimos la tenencia simple y aún la tenencia con fines de consumo personal en la ley está vigente, por lo que para mí sigue siendo delito. El gran problema que tenemos es cultural. Se cree en el paradigma de decir que la marihuana no hace nada. Y eso es mentira. Y la gente lo asume cada vez más como que no ocurriría más nada. Y en un noventa por ciento de los casos es la droga de inicio a todas las drogas más fuertes”.

“Tenemos un gran trabajo por delante”, vaticinó. “Sé que la Iglesia también se está comprometiendo con este tema. La idea es que todos los actores civiles públicos y privados nos comprometamos. Con la educación también. Desde el inicio y en la prevención hasta el tratamiento de la gente que lamentablemente ha caído en este flagelo”.

En todo ese contexto al que aludió, afirmó que en la lucha contra las drogas “necesitamos hacer algo más”.

“No nos podemos quedar atrás del escritorio y hay que ser un poco más proactivos. Hay mucha gente que está preocupada por el tema. Si el Estado, las instituciones privadas y las personas nos manejamos de forma aislada no vamos a llegar a ningún punto de encuentro ni vamos a tener un proyecto común en ese sentido. La idea es tratar de avanzar un poco más e intentar que este flagelo sea muchísimo menos. Que los que trafican con drogas sepan que van a ser perseguidos por la Justicia”.

El fiscal David Carballo, en tanto, aseguró que en la UFI 22 que ahora conduce el cúmulo de causas que se inician por infracciones a la Ley 23.737 se ha ido incrementando.
“No sólo por estas denuncias anónimas que se reciben, sino también por las propias investigaciones que hace la Policía o por iniciativa de la gente que va a denunciar a la Fiscalía”.

“Lo importante -destacó- es que la ciudadanía sepa que en la Fiscalía de Drogas que funciona en el primer piso del edificio de Tribunales nosotros recibimos denuncias. Si las personas tienen miedo de acercarse a denunciar se procede a resguardar sus identidades. Nos interesa que aporten la información que nos dé pie para comenzar con la investigación y averiguar dónde se consume. Ese es el primer paso de esta cadena que nos permite llegar a las instancias superiores. En definitiva, combatiendo al narcotráfico desde abajo hacia arriba es como nosotros tratamos de llegar a buen puerto en estas investigaciones”.

Finalmente, afirmó: “Todos los estamentos de la sociedad debemos hacer un trabajo conjunto en esta lucha. En ese sentido, la participación de la sociedad es fundamental. Todos podemos colaborar para poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera”.

El dato  

FISCALÍA GENERAL

En el marco de ese trabajo de lucha contra el narcotráfico al que ayer aludió, el fiscal General Marcelo Sobrino se había reunido días atrás en su despacho con funcionarios que actualmente forman parte de las unidades de instrucción del Departamento Judicial Azul desde donde se investigan causas relacionadas con infracciones a la Ley 23.737. Los fiscales Guillermo Vaticano, David Carballo y Christian Urlezaga estuvieron en ese encuentro; al igual que el ayudante fiscal Fabio Molinero y los secretarios Gabriela Barrera, Evangelina Goitía y Pablo López.

 

 

 

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