UN EX FUNCIONARIO DE DUCLÓS, PROCESADO

Jorge Picaroni se presentó ayer a indagatoria y no declaró: su abogada pidió una eximición de prisión

A quien fuera administrador del Cementerio Municipal lo acusan de varias estafas y de una maniobra fraudulenta en perjuicio de la comuna. La causa penal donde figura como imputado se relaciona con la comercialización, presuntamente en forma irregular, de nichos, bóvedas y sepulturas. Ayer Picaroni se presentó en Tribunales para cumplir con la indagatoria para la que había sido citado. Lo hizo acompañado por la Dra. Soledad Digiano. La abogada, en diálogo con EL TIEMPO, afirmó que su cliente “se declara inocente y está sorprendido. No tiene noción de por qué se lo acusa de algo de lo cual él manifiesta que es inocente”.

 

“Una cosa es saber cuál es la acusación y otra ver el contenido de la causa y ver qué es lo que está acreditado, cuáles son las pruebas. Prima facie, por lo que se ha podido hojear, no serían contundentes esas imputaciones”, afirmó en diálogo con EL TIEMPO la Dra. Soledad Digiano. La abogada solicitó ayer una eximición de prisión para su defendido. 
NACHO CORREA
Jorge Picaroni, ex director de Servicios Públicos y Urbanos y ex administrador del Cementerio Municipal, cargos que ejerció mientras Omar Duclós fue intendente de Azul. El ex funcionario municipal, procesado por varias estafas y por “fraude a la administración pública”,  se presentó ayer a indagatoria en Tribunales y no declaró. 
ARCHIVO/EL TIEMPO
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“Una cosa es saber cuál es la acusación y otra ver el contenido de la causa y ver qué es lo que está acreditado, cuáles son las pruebas. Prima facie, por lo que se ha podido hojear, no serían contundentes esas imputaciones”, afirmó en diálogo con EL TIEMPO la Dra. Soledad Digiano. La abogada solicitó ayer una eximición de prisión para su defendido. NACHO CORREA

 Jorge Omar Picaroni, ex funcionario durante la gestión de Omar Duclós al frente de la Intendencia del Partido de Azul, se presentó ayer a indagatoria en Tribunales y no declaró.

Tal lo que ya fuera informado por EL TIEMPO, en el marco de una causa penal que se instruye desde una fiscalía local Picaroni figura acusado de varias estafas y de “fraude a la administración pública” por la comercialización de bóvedas, nichos y sepulturas durante el tiempo en que fue administrador del Cementerio Municipal.

Ayer, en horas de la mañana, Picaroni se presentó en la sede de la UFI 1 que está en el primer piso de Tribunales. Y lo hizo acompañado por la Dra. Soledad Digiano.

La abogada, que forma parte del estudio de los ex concejales Luis Conti y Carlos Bevacqua, es desde el pasado lunes la Defensora Particular de Picaroni.

Ese día, según contó ayer en diálogo con EL TIEMPO, se presentó en sede judicial para asumir la representación de quien fuera durante varios años administrador del Cementerio Municipal, el mismo que ahora está procesado en esa causa penal que se está instruyendo desde la fiscalía a cargo de la Dra. Neli Rosas.

Picaroni está acusado de los siguientes delitos: estafas reiteradas en concurso real y fraude a la administración pública, todo ello en concurso ideal.

En la charla mantenida ayer con este diario, su abogada explicó que todavía no ha podido tener acceso a la totalidad del voluminoso expediente judicial -que consta de siete cuerpos- por el que días atrás Picaroni fue procesado.

“Ese fue el motivo por el cual hoy (por ayer), el día de la indagatoria, mi cliente ejerció su derecho constitucional a no declarar, a los fines de que –y esto se dejó constancia por escrito- una vez que tengamos acceso al expediente para leerlo y ver de qué se trata ahí si va a prestar declaración indagatoria”.

Una vez completada ayer la indagatoria en la que Jorge Picaroni optó por no declarar, posteriormente la abogada formuló un pedido de eximición de prisión para su defendido.

A ese pedido tendrá que dar respuesta en el transcurso de los próximos días una jueza de Garantías, según señalaron fuentes judiciales. En este caso en particular, la Dra. Mariana Irianni, a cargo del Juzgado de Garantías número 1 con sede en los Tribunales de esta ciudad.

Teniendo en cuenta que asumió la representación de su defendido anteayer y que aún no ha tenido contacto con la totalidad del expediente judicial, la Dra. Digiano, a consultas realizadas por este diario, aclaró en varias ocasiones que aún no estaba en condiciones de referirse “a la cuestión de fondo” que dio origen años atrás a esta investigación judicial donde Picaroni figura ahora como procesado.

“Una cosa es saber cuál es la acusación y otra ver el contenido de la causa y ver qué es lo que está acreditado, cuáles son las pruebas”, declaró la abogada de 36 años. “Prima facie, por lo que se ha podido hojear, no serían contundentes esas imputaciones”, sostuvo también.

Al ser consultada sobre el pedido de eximición de prisión que formuló después de cumplida con la indagatoria, la Dra. Digiano explicó que, “más que nada, fue solicitado para dejarlo tranquilo a mi cliente”.

Confiando en que ese beneficio le será otorgado, afirmó que el hecho de que  Picaroni continúe en libertad mientras dura este proceso donde figura como imputado no constituye ningún peligro procesal.

“Es una persona que está arraigada acá en Azul, por lo tanto no hay peligro de que se fugue. Tiene su domicilio acá y cada vez que la Justicia lo solicite él va a estar ajustado a derecho y se va a presentar. Además, no tiene antecedentes penales”.

Según sus estimaciones, la semana entrante ya se podría tener una respuesta desde el Juzgado de Garantías interviniente a esa solicitud de eximición de prisión presentada ayer.

Por último, al ser consultada sobre lo que ha dicho su cliente con relación a las acusaciones que se le hacen, afirmó que Picaroni “se declara inocente y está sorprendido. Él no tiene noción de por qué se lo acusa de algo de lo cual él manifiesta que es inocente”.

La investigación

Una investigación iniciada tras una denuncia que en 2012 se hiciera desde la intendencia, cuando José Manuel Inza estaba a cargo del Ejecutivo comunal, fue la que días atrás derivó en el procesamiento de Picaroni.

Además de haber tenido a su cargo la administración del Cementerio, durante la gestión de Omar Duclós como intendente Jorge Picaroni fue director de Servicios Públicos y Urbanos.

La denuncia había sido presentada tras el hallazgo en el depósito de la necrópolis local de varios ataúdes y urnas sin identificar.

Ante las presuntas irregularidades detectadas desde el gobierno de Inza, se decidió acudir a la Justicia y la causa penal que por el caso se inició quedó,  finalmente, radicada en la UFI 1.

Según lo que se ha podido determinar hasta el momento en ese expediente judicial, desde los años 2001 a 2011 se realizaron diferentes “contratos de locación” de nichos, sepulturas y bóvedas existentes en el Cementerio Municipal.

Picaroni está acusado de ser el responsable de suscribir esos contratos presuntamente irregulares. También, de ser quien cobró por la comercialización de esos espacios, sin que el dinero posteriormente fuera a parar a las arcas de la comuna.

Si bien las pericias contables que se hicieron no sirvieron para determinar con certeza cuánto fue el monto obtenido en forma ilegal sobre la base de las comercializaciones aparentemente irregulares de nichos, bóvedas y sepulturas, sí se pudo establecer que ese dinero nunca fue al lugar que tendría que haber llegado, es decir, la Municipalidad de Azul. También, que el imputado utilizó “documentación inválida” para suscribir esos acuerdos de comercialización de espacios en el cementerio.

En ese contexto, los delitos que le imputan a Picaroni -que ya había declarado el año pasado como testigo en esta causa penal- son los de varias estafas contra las personas que obtenían, previo pago de los mismos, esos espacios en el Cementerio Municipal para sus familiares fallecidos, y también el de “fraude a la administración pública”.

Los ilícitos que se le atribuyen al ex funcionario de Duclós durante su gestión como intendente incluyen en principio, ante una eventual condena, penas que van desde los dos a los seis años de prisión, según habían señalado a EL TIEMPO fuentes allegadas a ese sumario penal que se está instruyendo.

El dato

En la investigación judicial llevada adelante desde la UFI 1 existen pruebas de que entre diez y quince familias se vieron perjudicadas por esa conducta delictiva que ahora se le atribuye a quien fuera durante varios años el administrador del Cementerio Municipal.

 

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