AL DAR LUGAR A LA ELEVACIÓN A JUICIO DE LA CAUSA

Juez sobreseyó a dos médicos que habían sido procesados por “privación ilegal de la libertad”

La medida fue dispuesta días atrás por el Dr. Federico Barberena, titular del Juzgado de Garantías número 2 departamental. Si bien todavía lo dictaminado no tiene rango de firmeza, actualmente ya no están procesados dos médicos que eran considerados “partícipes necesarios” de ese delito que se les atribuía. El caso se enmarca en una situación ocurrida en 2011. La presunta víctima había denunciado que su mamá y su padrastro la internaron por la fuerza durante dos semanas en centros asistenciales de esta ciudad y de Coronel Suárez. Con lo resuelto ahora, sólo la pareja -conformada por una bioquímica y un médico psiquiatra- figura como imputada en ese expediente que ya ha sido elevado a juicio.

El juez de Garantías que interviene en una causa penal donde una mujer denunció que su mamá y su padrastro la habían privado de la libertad, al mantenerla internada en contra de su voluntad durante dos semanas, dio lugar a la requisitoria de elevación a juicio de ese expediente, tras el pedido que semanas atrás solicitara la fiscal que lo instruyó.

Pero la elevación a juicio dispuesta por el Dr. Federico Barberena, titular del Juzgado de Garantías número 2 departamental, implicó algunos cambios.

En ese contexto se enmarcan los sobreseimientos de dos médicos que también figuraban como imputados en ese sumario que instruyó la fiscal Laura Margaretic, titular de la UFI 2.

Ambos eran considerados por la funcionaria judicial “partícipes necesarios” de la maniobra delictiva que ahora sólo se les atribuye tanto a la madre como al padrastro de la presunta víctima.

Los elementos de prueba reunidos en la investigación en cuanto a las conductas de los dos médicos que han sido sobreseídos, según sostuvo el Dr. Barberena, “colocan al suscripto en un estado convictivo de duda insuperable, el cual no abastece los requerimientos de superación de esta etapa intermedia, sin poder vislumbrarse que tal circunstancia pueda ser vencida a través de la profundización de los elementos probatorios ya colectados, en ocasión de celebrarse el juicio oral, así como tampoco por la eventual aparición de nuevas evidencias que sea posible figurarse, de manera hipotética, para la acreditación del acuerdo previo entre todos los coimputados con fines ilícitos”.

Por ese motivo, concluyó el titular del Juzgado de Garantías 2, “corresponde dictar el sobreseimiento” de ambos médicos, “ante la insuperabilidad de la duda alegada al adelanto del principio del in dubio pro reo”.El invocado principio de la duda, en este caso ante la falta suficiente de pruebas, se tradujo en los sobreseimientos de una médica psiquiatra llamada Natalia Soledad Ana Agreda, oriunda de la provincia de Córdoba, con actual domicilio en Azul y de 41 años, y de un médico llamado Fernando Marcelo Migliavaca, que es nacido en Huanguelén, Partido de Coronel Suárez, y tiene 48 años.

 Sólo dos imputados

El Dr. Federico Barberena había dispuesto el martes de la semana que pasó la elevación a juicio del expediente, en donde también introdujo algunas especificaciones en cuanto a las acusaciones para los únicos dos imputados que hasta el momento tiene esta causa penal.

En ese contexto, así como se había pronunciado a favor de los sobreseimientos de Agreda y Migliavaca -en sintonía con lo solicitado por el defensor Particular de ambos médicos, un abogado llamado Luciano Di Pietro-, hizo modificaciones con relación a las acusaciones que les hacen a los hasta ahora únicos dos encausados: la madre y el padrastro de la mujer que denunció que fue internada en contra de su voluntad.

En el pedido de elevación a juicio del sumario que hiciera la fiscal Laura Margaretic, la bioquímica Graciela Esther Bardelli, una azuleña de 59 años, y su esposo y -a la vez- padrastro de la denunciante, llamado Juan José Aspitarte, un médico psiquiatra oriundo de Bahía Blanca que tiene 58 años, habían sido procesados como coautores del delito “privación ilegal de la libertad calificada por ser cometida con violencia, por causar grave daño a la salud de la víctima y por la calidad especial del autor”.Ahora, el Juez de Garantías considera a Bardelli la presunta autora de una privación ilegal de la libertad calificada por ser cometida con violencia y por causar grave daño a la salud de la víctima. Y a Aspitarte lo señala como el probable autor de una privación ilegal de la libertad calificada por ser cometida con violencia, por causar grave daño a la salud de la víctima y -además- por la calidad especial del autor, teniendo en cuenta para esto último la profesión que desarrolla el encausado.

El caso

Tal lo que ya fuera informado por EL TIEMPO, una mujer llamada Paula Flammini, hija de Bardelli, fue la denunciante del caso convertido luego en materia de un sumario penal, expediente que la semana pasada fue elevado a juicio desde el juzgado de Garantías a cargo del Dr. Barberena.

El magistrado, al igual que lo sostiene la fiscal que instruyó la causa, al referirse a la existencia de los hechos indicó que los mismos ocurrieron desde el 23 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2011, tiempo durante el cual la presunta víctima afirmó que fue internada en contra de su voluntad en diferentes centros asistenciales, uno de ellos en Azul y los demás en Coronel Suárez.

“Graciela Esther Bardelli y su pareja, Juan José Aspitarte, conforme un plan previamente pergeñado, privaron ilegítimamente de su libertad a la ciudadana Paula Flammini”, indicó el Dr. Federico Barberena, desligando a los demás acusados que tenía la investigación, por considerar que ambos médicos ahora sobreseídos no participaron en ese propósito ideado de antemano por la madre y el padrastro de la presunta víctima.

La situación estuvo enmarcada en un conflicto familiar. E implicó que aquel 23 de noviembre -según se menciona en el expediente judicial- Bardelli citara a su hija en el Parque Municipal.

En ese lugar, cuando ambas se encontraron, la bioquímica convocó a la Policía, aduciendo falsamente que Flammini había intentado suicidarse en el paseo público.

En esas circunstancias, la mujer fue trasladada a la comisaría primera y desde ahí derivada en primera instancia al Servicio de Psiquiatría perteneciente al Hospital Pintos de esta ciudad, el centro asistencial donde quedó internada hasta el día siguiente. Posteriormente, su internación se prolongó unos días más en Coronel Suárez, donde estuvo en el hospital municipal de esa ciudad y en el Instituto de Hermanas Misioneras.

Finalmente, tras quince días de internación considerada “ilegal”, la mujer recuperó su libertad por orden de un Juez de Familia.

Durante el tiempo en que permaneció en esos centros asistenciales, Flammini sufrió “un grave daño en la salud psicofísica”, según se sostiene desde la acusación.

Así como el juez consideró “prima facie” a Aspitarte y Bardelli autores de los delitos ya referidos, sostuvo con relación a los Drs. Agreda y Migliavaca -la primera atendió en el Servicio de Psiquiatría de Azul y el segundo en Coronel Suárez a Flammni- que no existen evidencias que entre los profesionales de la salud y la madre y el padrastro de la presunta víctima haya existido “un acuerdo ilícito previo” para llevar a cabo esa privación ilegal de la libertad.

En lo sucedido, el juez entiende que sólo “existió coordinación entre la conducta de los imputados Bardelli y Aspitarte” para llevar a cabo esa privación ilegal de la libertad de Flammini, situación de la que desligó a los dos médicos que habían sido procesados en principio.

Para el Juez de Garantías, tanto el Dr. Migliavaca como la Dra. Agreda participaron necesariamente en la situación, pero desconociendo que estaban llevando a cabo una maniobra ilícita. Y tampoco lo hicieron formando parte de ningún plan pergeñado con antelación con los ahora dos acusados.

“Las respectivas conductas de Agreda y Migliavaca se encontraron despojadas del elemento subjetivo requerido por el tipo penal, siendo éste el dolo directo; es decir, el conocimiento de la ilegitimidad de la privación de la libertad (en el caso, mediante la internación compulsiva) y la determinación de la voluntad orientada a dicho fin ilícito”, afirmó el juez Barberena.

El dato

Los sobreseimientos de los Drs. Agreda y Migliavaca y la elevación a juicio de la causa donde ahora sólo figuran como imputados Bardelli y Aspitarte todavía no tienen rango de firmeza. En ese contexto, trascendió que lo dispuesto por el juez de Garantías Barberena sería apelado por la fiscal que instruyó el sumario -en busca de revertir los sobreseimientos de los médicos- y también por los abogados de la pareja acusada: los Drs. Gabriel Di Giulio y Roberto Dávila.

¡Deja un Comentario!

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *