POLITICA-OPINION

Justicia poco legítima

 

El nuevo gobierno encontrará en su camino una serie de dificultades, debido a las resoluciones de jueces-militantes que dejó cono “herencia” Cristina Fernández.  

Cristina Fernández se fue del gobierno, pero dejó buena cantidad de jueces-militantes incrustados en el Poder Judicial. DYN
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Cristina Fernández se fue del gobierno, pero dejó buena cantidad de jueces-militantes incrustados en el Poder Judicial. DYN

 

Por Aleardo F. Laría. – Agencia DyN.

 

Las resoluciones de jueces de las más variadas jurisdicciones que toman decisiones dirigidas a paralizar medidas del Poder Ejecutivo, muestra las dificultades que tendrá el nuevo gobierno por la presencia de jueces-militantes que Cristina Fernández dejó incrustados en el Poder Judicial.

Un juez provincial de La Plata, fuertemente ligado al kirchnerismo, otorgó una cautelar para dejar sin efecto las medidas tomadas por la intervención en la AFSCA y prohibió “modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia” del organismo. Una decisión de semejante envergadura la adoptó no obstante haberse declarado incompetente para intervenir en esa causa, admitiendo que le correspondía a la Justicia Federal.

Arrebatos  

La absurda situación jurídica de un juez que se declara incompetente y no obstante adopta decisiones sobre el caso, curiosamente, tiene amparo en el Art. 196 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación. Es una muestra elocuente de las dificultades que tendrá el nuevo gobierno para hacer frente a los desafíos de los militantes que dejó CFK incrustados en el Poder Judicial.

Con similar arrebato, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, perteneciente a la agrupación Justicia Legítima, hizo lugar a otra medida cautelar interina para suspender los nombramientos en comisión, firmado por Mauricio Macri, de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la jueza federal subrogante de Santa Rosa, Iara Silvestre, suspendió la designación del diputado del PRO, Pablo Tonelli como miembro del Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados, haciendo lugar a otra medida cautelar solicitada por el bloque kirchnerista de Diputados.

Sustento jurídico  

Es interesante conocer los fundamentos jurídicos de estas intervenciones. El juez Luis Arias, en la resolución que paraliza la reforma del AFSCA, argumentó que si bien la materia era competencia del fuero federal, actuaba en ejercicio de las facultades que otorga “el sistema de control constitucional difuso por el cual todos los jueces están llamados a defender la vigencia irrestricta de la Constitución nacional frente a los embates por parte de las autoridades públicas que detentan el poder político”.

En efecto, siguiendo al constitucionalismo de los EE.UU., y aceptando el principio de supremacía constitucional, la Corte Suprema ha confiado a todos los jueces de cualquier jerarquía o fuero (sistema difuso) la posibilidad de examinar las leyes u otras resoluciones en los casos concretos que se traen a su decisión, para que comparándolas con el texto de la Constitución determinen si guardan o no conformidad con ésta y se abstengan de aplicarlas si las encuentras en oposición con ella. Ahora bien. Dada la gravedad institucional que tiene la declaración de inconstitucionalidad de una norma, la Corte ha tratado de establecer algunos límites señalado que la declaración de inconstitucionalidad “debe ser considerada como última ratio del orden jurídico, por lo que sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable”.

Por otro lado también ha expresado que “no les corresponde a los jueces declarar la inconstitucionalidad de una norma legislativa o de un acto administrativo si no ha sido planteada expresa y fundadamente por parte interesada en una causa judicial”. Finalmente se ha señalado que “no incumbe a los tribunales el examen de la oportunidad, conveniencia, acierto o eficacia del criterio adoptado por los poderes legislativo y ejecutivo en el ámbito de sus propias atribuciones”, añadiendo que “las facultades que la CN ha establecido como propias y exclusivas de otros poderes son privativos de éstos y no pueden ser revisadas o interferidas por los magistrados judiciales en cuanto a su forma de ejercicio”.

La necesidad de un Tribunal Constitucional    

La facultad otorgada a todos los jueces, cualquiera sea su jerarquía, de ejercer el control de constitucionalidad, más la facilidad que tienen para dictar medidas cautelares y precautelares -siguiendo la letra del artículo 43 de la Constitución aprobada en 1994-, y la incrustación de militantes políticos en el rol de jueces, han conformado una mezcla explosiva que puede llevar a la parálisis de las medidas de reforma que alienta el gobierno de Macri. En el corto plazo, sería conveniente una intervención rápida de la Corte Suprema para poner coto a los abusos de derecho cometidos por los jueces-militantes que son una pesada herencia del kirchnerismo.

En el largo plazo, pensando en una eventual reforma constitucional, se debería ir estudiar la conveniencia de contar con un Tribunal Constitucional como tienen la mayoría de las democracias europeas. Desde el punto de vista funcional no existe una diferencia esencial entre el control de constitucionalidad ejercido por un Tribunal Constitucional, o el que opera a través de la Corte Suprema de Justicia o una sala especial de la Corte como acontece en algunos países latinoamericanos.

Diferencias   

Sin embargo, las ventajas de un Tribunal Constitucional especializado se sitúan en otros terrenos. En primer lugar en que se evita confundir la función estrictamente judicial de la Corte, como intérprete último del Derecho, de la función más política que cumple un Tribunal Constitucional. La segunda diferencia radica en la forma de elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. En el diseño de la Constitución Española, por ejemplo, el TC se compone de 12 miembros nombrados “entre juristas de reconocida competencia, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”. Estas mayorías cualificadas obligan a elegir a los magistrados constitucionales a través de un amplio consenso entre los partidos y la designación se hace en personas de reconocido prestigio jurídico, pudiendo ser catedráticos de derecho y no necesariamente jueces.

Pero el argumento más fuerte a favor de la concentración del control de constitucionalidad está dado por la propia naturaleza de esta función de revisión. El control de constitucionalidad es, en esencia, un control político y cada decisión de un juez que paraliza una actuación de otro poder del Estado es una decisión política. Parece demasiado arriesgado dejar en manos de miles de jueces, algunos sin experiencia y otros demasiados politizados, tan delicada labor.

Nuestro país se debe un debate a fondo sobre un modelo institucional diseñado en 1853, hace más de siglo y medio y que apenas sufrió algún retoque en 1994. Entre esas reformas, debería contemplarse la instauración de un Tribunal Constitucional. Pero la apertura de cualquier proceso constitucional auténtico demanda la existencia de un consenso previo entre todos los partidos políticos y que las reformas se dicten hacia el futuro, sin beneficiar a los actuales participantes. Lamentablemente, nuestra democracia se ha degradado tanto, que estamos aún lejos de alcanzar el clima político y cultural necesario para abordar semejantes desafíos.

EL RADICALISMO EXPRESÓ SU “APOYO” A LAS MODIFICACIONES EN LA LEY DE  MEDIOS Y CALIFICÓ COMO “POSITIVO” EL PRIMER MES DE GESTIÓN DE MACRI

La UCR consideró ayer “positivo” el primer mes de gestión del presidente Mauricio Macri y manifestó su “apoyo” a las medidas adoptadas en torno a la Ley de Medios y la creación, a través de un decreto, del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que asume las funciones de las disueltas AFSCA y AFTIC.

En declaraciones a DyN, el titular de la UCR, José Corral, afirmó que el balance de la primera etapa del gobierno de Macri fue “positivo” y agregó que “era necesario implementar con Decretos de Necesidad y Urgencia las medidas como el levantamiento del cepo, el INDEC”.

Acompañado por el presidente del bloque de Senadores del radicalismo, Angel Rozas, Corral mantuvo una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

“Son reuniones periódicas que hacemos las autoridades del radicalismo y el gobierno con sus principales ministros, conversamos de la marcha del país y la economía”, indicó Corral.

En ese contexto, dijo que expresó su “apoyo a las modificaciones de la Ley de Medios y de Comunicaciones, respecto a la necesidad de dar una normativa que genere inversiones que son tan necesarias para mejorar las comunicaciones en el país”.

“Conversamos sobre las inundaciones y crecidas del Paraná, me toca estar al frente de una crecida extraordinaria para lo cual estamos preparados porque sabemos que la naturaleza nos presenta periódicamente estos desafíos, pero pensamos en soluciones definitivas”, subrayó, en otro orden, el intendente de la ciudad de Santa Fe.

En ese sentido, agregó que “el Río Paraná tuvo en el ’83, el ’92 y el ’98 tuvo niveles bastante por arriba de lo que tenemos hoy, hay que pasar esta emergencia y buscar soluciones definitivas”.

Durante la conferencia de prensa tras el encuentro, resaltó la “idea” de que “viaje alguien de la oposición” al Foro Económico de Davos, en alusión al diputado del Frente Renovador Sergio Massa quien confirmó su participación al convite.

“Nos cayó bien la idea de que viaje alguien de la oposición a Davos, está bien que haya representación plural del país” en encuentros internacionales, enfatizó el santafesino.

Asimismo, Corral respaldó la baja a 2035 contrataciones en el Senado de parte de la vicepresidente Gabriela Michetti, al asegurar que “no hay dudas que a esta gente no se la debe convalidar”.

“Quienes hagan bien las cosas van a tener trabajo en el Estado”, puntualizó.

Respecto a la situación de la provincia de Buenos Aires, el titular de la UCR expresó su “preocupación” de que “no se haya aprobado el Presupuesto”. (DYN)

 

 

 

 

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